VALÈNCIA. (EP). La Fiscalía ha trasladado al Tribunal de Cuentas presuntas irregularidades y deficiencias halladas por el Síndic de Comptes en las cuentas del presupuesto de 2014 de Riba-roja (València), elaborado y ejecutado por el anterior gobierno del PP.
El máximo órgano fiscalizador valenciano trasladó sus investigaciones al descubrir indicios de posible responsabilidad contable, según ha informado el consistorio de la localidad en un comunicado.
El Tribunal de Cuentas ha nombrado un delegado instructor que se encargará de determinar las posibles responsabilidades en que pudieron incurrir presuntamente los anteriores gobernantes del Ayuntamiento de Riba-roja, encabezados por el exalcalde Francisco Tarazona y del que formaba parte la actual portavoz del PP María José Ruiz, en la ejecución de las cuentas del año 2014.
La investigación del ministerio fiscal primero y del Tribunal de Cuentas después trata de dilucidar las deficiencias e irregularidades en la concesión de una subvención de 32.000 euros al club deportivo Ribarroja CF al incumplir "de forma reiterada" la ley procedimental para la concesión de la ayuda, y la posterior justificación de la misma, tal y como prevé el ordenamiento jurídico en el ámbito local, entre los años 2013 y 2014, han concretado las mismas fuentes.
El análisis subraya que la Junta de Gobierno local concedió la ayuda el 7 de mayo de 2014 y, al mismo tiempo, se aprobó la justificación de la misma, "aunque, paradójicamente, fue pagada en el ejercicio de 2013". El convenio de colaboración se aprobó el 7 de mayo, es decir, un día después de la concesión para "apoyar al Club de Fútbol Ribarroja en todas sus actividades". El Síndic aclara que el objeto del convenio "no cumple los requisitos" y, además, el pago material de la subvención se realizó el mismo día de la firma del convenio.
Fiscalía subraya que el 15 de octubre de 2014 el ayuntamiento dio por justificada la subvención de 32.000 euros y requirió las obligaciones contenidas en la cláusula del convenio. El club deportivo presentó como justificación una factura de 22.503 euros y un certificado expedido por el secretario de la entidad en materia de gastos por un montante global de 12.227 euros. "Dicho certificado no reúne los requisitos del artículo 30 de la ley general de subvenciones, por lo que no debió admitirse por el ayuntamiento", añade el informe.
Otra de las supuestas irregularidades se centra en la gestión por parte de la Junta de Gobierno local "al admitir la justificación sin que por los servicios de la corporación se haya comprobado el adecuado cumplimiento por el beneficiario de todas sus obligaciones estipuladas en el convenio; por todo ello, ambas cuestiones figuran como reparos en los informes de la intervención municipal".
Además, la Fiscalía traslada al Tribunal de Cuentas otra posible irregularidad detectada por el Síndic de Comptes al acordar la Junta de Gobierno Local "una ampliación de la subvención de 3.000 euros, pero sin hacerse referencia a la aprobación de un nuevo convenio de colaboración, que se firmó dos días después; el pago se realizó el 20 de octubre y se incumplió otra vez la ley general de subvenciones".
"Esta irregularidad se añade a otra que contiene su informe técnico sobre las cuentas analizadas en el presupuesto de 2014, en el que cabe destacar la existencia de pagos sin justificar por valor de 2,4 millones de euros que se arrastran desde el año 2002 en cada una de las cuentas municipales, si bien esta anomalía ya se puso de manifiesto en la fiscalización del ejercicio de 1999", han agregado las mismas fuentes.
El equipo de gobierno de Riba-roja considera que el traslado de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas "corrobora las investigaciones del Síndic de Comptes en las que se pone de manifiesto múltiples irregularidades en la gestión municipal bajo gobierno del PP". Por ello, el pleno ha aprobado una propuesta del Ejecutivo local en el que se reclama una fiscalización exhaustiva entre los años 2010 y 2013.