Fomento podrá seguir explotando cuatro años más la Circunvalación de Alicante

VALÈNCIA (EFE). El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la suscripción de una adenda al convenio entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), para que la entidad, dependiente de Fomento, pueda gestionar las nueve autopistas quebradas hasta 2022, entre ellas la circunvalación de Alicante.

En el convenio de gestión directa vigente se estableció una duración limitada al 31 de diciembre de 2018, vigencia que ahora se amplía cuatro años.

Según ha explicado Fomento en un comunicado, esta prórroga se hace necesaria ante la previsión de que los procesos de liquidación de los contratos de concesión de los que provenían estas infraestructuras puedan durar "varios años", dado su reciente inicio y su complejidad y la conveniencia de acometer inversiones, entre otras razones.

"A partir del 1 de enero de 2019, todas estas autopistas deben seguir prestando el servicio público, por lo que es necesario que Seittsa continué con su gestión" y asegurar así su conservación y explotación y que se acometan las inversiones necesarias "para que se encuentren en un estado óptimo de conservación".

Asimismo, se adapta el convenio a las previsiones de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Carreteras, modificada por el Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que, entre otros, autoriza a Seittsa a cobrar peajes.

El nuevo marco tarifario fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y establece una rebaja media generalizada de las tarifas del 30 %, a partir del 15 de enero de 2019, y que el uso de estas autopistas será gratuito entre las 00:00 y las 6:00 horas.

La rebaja será de aplicación desde ese día en las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la Circunvalación de Alicante, la AP-7 (Cartagena-Vera) y la AP-36 (Ocaña-La Roda), que han revertido al Estado a lo largo de 2018.

En el caso de la AP-41, que discurre entre Madrid y Toledo y que aún no ha revertido al Estado (se esperaba que fuera en enero), las tarifas podrán ser de aplicación una vez que pasen a ser gestionadas por la Administración.