Forenses piden al TSJ medidas contra el "abuso de poder" en el Instituto de Medicina Legal de València

VALÈNCIA. La Asociación de Médicos Forenses de la Comunidad Valenciana ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una carta en la que reclama a este órgano judicial que tome medidas "para proteger a los funcionarios" que integran el Instituto de Medicina Legal de Valencia (IMLCFV) ante "las injerencias" y "abuso de poder" que atribuyen a la actual dirección.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el colectivo traslada "la situación insostenible" en la que se encuentran "muchos médicos forenses de la provincia de Valencia, situación motivada por la actitud injustificada y prepotente de quien ostenta el cargo de directora y subdirectora del IMLCFV que pone en riesgo el normal desarrollo del trabajo".

La misiva, que también se ha dirigido a otras instancias, como la Audiencia Provincial y la Conselleria de Justicia, pone de manifiesto un "comportamiento controlador y déspota tratando a los profesionales del instituto como personal subordinado y sometido a sus decisiones más arbitrarias". Llega a hablar de una "dictadura represiva".

Así, se ruega "encarecidamente" en nombre de los médicos asociados a ese colectivo que "se tomen medidas por parte del TSJ de la Comunitat Valenciana" ante las "exigencias injustificadas y controles desmesurados" que "obstaculizan el desempeño del trabajo con dignidad y libertad". Advierten que se trata de una situación "que amenaza con una crisis institucional si no se toman las medidas adecuadas por parte del TSJCV y demás instituciones públicas".

La carta, enviada este mes de marzo, llega después de que trascendieran otras quejas por parte de algunos trabajadores del instituto. La Dirección General de Justicia abrió hace unos meses expediente informativo --información previa-- a seis médicos forenses por presuntamente emitir certificados de incineración a funerarias privadas y realizar embalsamamientos o conservaciones sin haber obtenido la correspondiente autorización de compatibilidad de la administración.

La Inspección General de Servicios llevó a cabo una investigación tras las quejas en noviembre de 2016 de dos trabajadores del IMLV, quienes advirtieron de que el sistema de guardias no era equitativo e hicieron alusión a una posible relación causal entre este sistema y la emisión de certificados de incineración --que es una actividad privada que los forenses pueden ejercer de manera legal bajo la debida autorización--.

Desde este departamento público se determinó, según consta en una comunicación de la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios de la Conselleria de Transparencia que resultaba "evidente que la realización de guardias en el IMLV resulta notablemente mayor en número para aquellos profesionales adscritos al área de la ciudad de Valencia y por ello, resulta en la práctica iniequitativa y en apariencia discriminatoria".

Añadía que no se podía afirmar "con rotundidad que el reparto de guardias y a su aparente estanqueidad por zonas" tuviera una relación de "causa única" pero "sí que guarda una relación estadística clara con la expedición de los certificados de incineración". Teniendo en cuenta los datos de 2016, detallaba que "el grupo de facultativos que realizan guardias en la ciudad de Valencia habrían realizado una media de 22,5 certificados por profesional frente a 1,2 del resto de profesionales que realizan sus guardias en el resto de zonas de la provincia".

Por ello, se realizaron una serie de recomendaciones, entre ellas la de dejar de exigir dichos certificados, ya que es suficiente con que las familias aporten una declaración responsable sobre la inexistencia de ciertos elementos termoactivos en los restos.