Foto: MARTA FERNÁNDEZ/EPVALÈNCIA (EP). El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha cerrado ya las garantías que había concedido a varias entidades en el mercado de los rescates bancarios tras haber abonado un total de 2.055 millones de euros, menos de una cuarta parte del coste estimado inicialmente, de 11.000 millones de euros.
El presidente de la autoridad de resolución ejecutiva, Álvaro López Barceló, ha explicado este martes en la Comisión de Economía del Congreso que se han dado por concluidas las garantías que se habían concedido a BBVA por la compra de CatalunyaCaixa y a Abanca por Nova CaixaGalicia, después de que en 2023 se cerrase el Esquema de Protección de Activos (EPA) que se había firmado con CaixaBank por la resolución de Banco de Valencia.
Cabe recordar que en los procesos de resolución y venta que el FROB llevó a cabo durante la crisis de 2012 se concedieron a las entidades compradoras, como BBVA, CaixaBank o Abanca, una serie de garantías con el objetivo de cubrir determinadas contingencias relacionadas, en su mayoría, con litigios existentes o previsibles en un futuro cercano en el momento de la desinversión.
De hecho, en la memoria de 2023, el organismo explica que el año pasado se siguieron produciendo contigencias relacionadas con contratos de productos híbridos, que incluían cláusulas suelo y coberturas de tipos de interés.
Cuando se produce una reclamación por parte de una entidad beneficiaria de algunas de estas garantías, los servicios técnicos del FROB revisan de manera individualizada y detallada los conceptos por los que se solicita indemnización, así como el importe correspondiente a cada uno de ellos, con la finalidad de asegurar que los importes solicitados son indemnizables conforme a lo establecido en los contratos.
Igualmente, el FROB realiza un seguimiento continuado de la evolución y el estado de todas las garantías vivas" explicaba la memoria publicada el pasado mes de julio.
Según se contenía en el mismo documento, el FROB estimaba que el coste de estas garantías a cierre de 2023 iba a ser de 2.055 millones de euros, una cifra que hoy ha confirmado el presidente del organismo, anunciando también la liquidación de estos programas que han complementado las inyecciones que hiciera en 2012 el FROB para rescatar a las diferentes entidades con problemas.
De hecho, según los datos del FROB, a esos 2.055 millones de euros por garantías se les suman los 56.545 millones de euros por el rescate propiamente dicho, mientras que el dinero efectivamente recuperado asciende a 5.921 millones, sin tener en cuenta la valoración de la participación que el Estado tiene en CaixaBank, que actualmente es del 17,88%.
Durante su intervención, López Barceló ha hecho mención a la "buena progresión" del valor de esta participación, que se articula a través de BFA, y que a cierre de agosto se estimaba en unos 7.100 millones de euros. "El día anterior al anuncio del proyecto de fusión entre Bankia y CaixaBank esa valoración se situaba en los 1.965 millones de euros, lo que supone un incremento del 260%. Sin duda, la fusión entre ambas entidades ha creado valor, tanto de cara a sus accionistas como a la recuperación de ayudas", ha defendido.
Ha indicado que los buenos resultados que ha cosechado CaixaBank en los últimos años ha permitido que BFA --sociedad tenedora de la participación del FROB en CaixaBank-- haya registrado un dividendo de 800 millones de euros con cargo a los ejercicios de 2022 y 2023, lo que ha llevado a la propia BFA ha obtener un beneficio de 335 millones el año pasado, cantidad que ha repartido "en su totalidad" al FROB.
"Les destaco la relevancia de este hecho, ya que se trata del primer reparto de dividendos al FROB, situación que esperamos se mantenga", ha trasladado López Barceló.
En su intervención, el presidente del FROB también se ha referido al proceso de resolución que se acometió en Banco Popular en 2017 y sobre el que hay 213 recursos contencioso-administrativos que se encuentran suspendidos en la Audiencia Nacional.
Ha detallado que 210 corresponden a recursos interpuestos contra la resolución del FROB por la que se procedió a la implementación de la resolución de Banco Popular acordada por la Junta Única de Resolución, y tres a recursos contra resoluciones del FROB por las que se resolvieron reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Ha recordado que sobre los mismos existe esa suspensión por prejudicialidad comunitaria a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase al respecto. "Dicho pronunciamiento se ha producido precisamente este pasado viernes y el TJUE ha avalado de forma definitiva las decisiones de resolución relativas al Banco Popular", ha concluido López Barceló al respecto.
Por otro lado, López Barceló ha hecho referencia a algunos de los retos y reformas que están pendientes en la resolución y gestión de crisis. En especial, ha hecho hincapíe en la revisión del marco europeo de gestión de crisis (CMDI, por sus siglas en inglés), que fue propuesta por la Comisión Europea en abril de 2023 y que actualmente se encuentra pendiente de inicio la fase de trílogos en la que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, con la ayuda de la Comisión, acordarán un texto definitivo.
"Se trata de una norma que pretende mejorar la consistencia en la aplicación del actual marco de resolución a las entidades medianas y pequeñas", ha explicado el presidente del FROB antes de señalar que, sin embargo, se trata de un texto "complejo" que "choca" con la oposición de varios Estados miembros, particularmente en lo relativo a la modificación de la protección del conjunto de los depósitos en la jerarquía concursal y la posibilidad de que los fondos de garantía de depósitos contribuyan a la asunción de pérdidas.
"La posición del Consejo en la negociación ha rebajado las ambiciones del proyecto, proponiendo requisitos de difícil cumplimiento para el acceso a los recursos dotados por el sector y manteniendo, cuando no ahondando, en la diferenciación de la jerarquía concursal dentro de los depósitos", ha traslado López Barceló.
Así, ha aprovechado su comparecencia para trasladar la preocupación del FROB al respecto y ha pedido que esta reforma no sea una "oportunidad perdida" y que la negociación se reconduzca hacua una solución "más equilibrada".
Igualmente, ha pedido la "necesaria creación" de un marco en España de liquidación administrativa de entidades de crédito al igual que ya existe en otros países. "El procedimiento judicial actual en nuestro país no está adaptado a las especificidades del negocio bancario, en especial por su actividad de captación de depósitos, lo que se traduce en potenciales ineficiencias y riesgos en caso de precisarse su utilización", ha detallado.
Por último, ha pedido que continúen los esfuerzos por lograr la Unión Bancaria, compartiendo las preocupaciones que recientemente ha expresado Mario Draghi en su informe sobre el futuro de la competitividad europea.
