Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Tras meses de espera, finalmente el pleno del Consell de este próximo viernes 12 de mayo sacará adelante el nuevo decreto para reactivar la vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como de protección oficial (VPO), en la Comunitat Valenciana. Un texto muy esperado por el sector valenciano que, ante la vigente desactualización de precios, había dejado de acometer promociones bajo esta calificación por la inviabilidad económica de los proyectos.
De hecho, esta circunstancia fue la que impulsó al equipo de la Conselleria de Vivienda a revisar la regulación vigente para actualizarla y unificar en un único texto las diferentes normativas existentes en esta materia-la de 2007, 2009 y 2013-. El objetivo ha sido simplificar y dotar de mayor claridad y seguridad jurídica la legislación, además de reactivar este tipo de proyectos haciéndolos viables y rentables para los agentes privados.
Sin embargo, el proceso ha sido largo y se ha demorado más de lo previsto, provocando la desesperación de los promotores. Tanto es así que, incluso, algunas obras que se habían iniciado ante su inminente aprobación se habían paralizado ante la demora en su tramitación. Sin embargo, la Administración Valenciana ha conseguido desatascarlo y lo aprobará en unos días, según aseguran fuentes de la Conselleria de Héctor Illueca a este diario.
Lo cierto es que su articulado lleva ya un año cerrado y pactado con el sector. Sin embargo, la burocracia administrativa y la introducción de algunas modificaciones han propiciado que su entrada en vigor se haya dilatado, ya que en principio la idea era sacarlo adelante este pasado verano.
Como principales novedades, el texto recoge la revisión de los precios -la última actualización fue hace más de diez años- y la eliminación de las zonas geográficas, que diferenciaba el valor del módulo entre municipios. También, regula aspectos como el alquiler o la colaboración público-privada con los agentes privados, así como establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para "evitar la especulación".
Fue el pasado mes de enero cuando recibió el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y a mediados del pasado mes de abril, el del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el último escollo que quedaba pendiente para su aprobación vía pleno del Consell. Por tanto, el texto se desbloqueaba tras meses en el limbo administrativo. De hecho, el objetivo de la Conselleria era aprobarlo a finales de abril, pero el dictamen del ente consultivo incluía una serie de objeciones que Vivienda ha tenido que incluir en el texto final, lo que, de nuevo, volvió a retrasarlo.
Así, desde hace semanas llevaba pendiente sine die, lo que despertó el recelo de los promotores que urgían a su aprobación en un momento en el que la oferta de vivienda se resiente. Pero, también, ante la evidente emergencia habitacional actual que, de hecho, ha llevado a la mayoría de formaciones políticas a prometer la construcción de miles de viviendas en esta precampaña electoral de cara a los comicios del 28 de mayo. Ahora, parece que la tramitación del decreto encara por fin su recta final.
Una de sus grandes novedades es la revisión de los precios y la eliminación de las zonas geográficas que contempla la norma en vigor y que distingue el valor del módulo entre diferentes municipios. Así, por ejemplo, el módulo de VPO en València está en 1.819,2 euros el metro cuadrado útil, mientras que en municipios como Alboraya o Picanya sigue fijado en 1.576,64 euros. No obstante, ahora se creará una única zona para toda la Comunitat, sin distinciones, lo que permitirá homogeneizar todo el territorio valenciano.
El precio máximo de venta de las viviendas lo fijará la Conselleria y su valor será en función de la superficie útil de cada inmueble y sus elementos vinculados. En el momento de la entrada en vigor de la norma se estableció en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil en caso de la promoción privada. En cambio, las que sean de promoción pública y las viviendas pertenecientes al patrimonio público se estableció en 1.530 euros por metro cuadrado.
No obstante, a lo largo de estos meses se añadió una nueva cláusula para fijar una segunda condición en el precio: que nunca su valor supere el precio de la obra nueva de renta libre en base a los indicadores del Colegio de Notarios. Un condicionante que también retrasó su tramitación y que se incluyó a la vista del alza de precios actual y para evitar que la VPO sea más cara que una vivienda sin esta calificación, como pasó en la pasada crisis inmobiliaria.
Pero, además, el decreto no solo pretende ordenar y simplificar, sino también impulsar el alquiler bajo este régimen tanto de promociones públicas como privadas. Y más en este momento en el que para ciertos colectivos como lo jóvenes es difícil acceder a la compra de un piso. Por ello, también establece precios máximos tanto de promociones públicas como privadas.
Así, la renta máxima anual de arrendamiento de las viviendas protegidas de promoción privada será en función de los ingresos de la unidad de convivencia tomando como referencia anual el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, se ha fijado que para rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM el alquiler máximo sea de 4,5 euros el metro cuadrado al mes; entre 2,5 y 3,5 el IPREM, en 6 €/m2 al mes; entre 3,5 y 4,5 veces el IPREM, en 7,5 €/m2 al mes; entre 4,5 y 5,5 veces el IPREM, en 9 €/m2 al mes; mientras que entre 5,5 y 6,5 de IPREM será de 10,5 €/m2 al mes.
En el caso de que la promoción sea pública el alquiler máximo no superará el 3% del valor de la zona catastral de referencia. Además, el esfuerzo económico de la unidad de convivencia no superará el 25% de sus ingresos. De esta forma, para las rentas entre el 2,5 y 3,5 veces el IPREM el precio será el 3% del precio máximo de venta, mientras que si la vivienda va destinada a rentas de entre el 3,5 y el 4,5 veces el IPREM será el 5% del precio máximo de venta, según recoge la nueva normativa.
Asimismo, establece que para acceder a una VPO se exigirá como requisito estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat Valenciana. Solamente podrán ser usuarios las personas físicas, aunque las jurídicas podrán acceder a la propiedad de viviendas protegidas únicamente en el caso de que se vaya a destinar el inmueble al alquiler. Además, todos los inmuebles que reciban la calificación de protección pública serán inventariados en el registro de oferta de vivienda de la Generalitat Valenciana para tenerlas registradas y ofrecerlas a los demandantes de vivienda pública, entre otras cuestiones.
