El número de funcionarios asciende a 236.316 en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA (EP). El número de empleados públicos en la Comunitat Valenciana asciende a 236.316, según los datos publicados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, correspondiente a julio de 2019, que detalla que en España, el número de asciende a 2.595.575 personas.

De los 236.316 empleados, 34.155 pertenecen a la Administración General del Estado, 144.430 a la Comunidad Autónoma y 57.731 a la Local. Por provincias, en Alicante, el número de efectivos públicos se eleva a 78.477; en Castellón hay 29.224 y en Valencia, 128.615.

En España, el número de empleados públicos alcanza los 2.595.575 millones de trabajadores, según se desprende de este último boletín  que corresponde al mes de julio de 2019, lo que supone un incremento de 17.187 efectivos en comparación al boletín estadístico anual publicado en enero de 2019, un 0,67% más.

Por sectores, el sector público del estado cuenta con 513.954 empleados públicos, 6.124 más. De estos 231.760 pertenecen a la Administración General del Estado, personal de los ministerios y de sus organismos, 257.816 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 24.378 a la Administración de Justicia.

Un total de 1.499.304 funcionarios son del sector público en las comunidades autónomas y 538.317 del sector público de la administración local.

Del total de empleados públicos, el 57,76% presta servicio en el sector público de las comunidades autónomas, el 19,8% en el sector público del Estado y el 22,43% en el sector público de las entidades locales.

El 56% es personal funcional de carrera, el 22,4% es personal laboral y el resto de personal (interino, personal eventual y otro) supone el 21,6%.

De los datos se desprende también que el 56,25% de los efectivos al servicio de las administraciones públicas son mujeres, mientras que el 43,75% son hombres.

Este boletín tiene como novedad la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de las comunidades autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del estado.