VALENCIA. La antigua sede del Instituto Valenciano de la Pequeña y Mediana Empresa (Impiva), situada en el número 6 de la plaza del Ayuntamiento, se dispone a amortizar la totalidad de sus plantas. El edificio es propiedad de la Generalitat, quien mantiene en alquiler las tres primeras alturas. Ahora, además, destinará las cuatro restantes a acoger a una parte de los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), así como la sede provisional de la Agencia Valenciana de la Innovación.
El edificio del Impiva es, precisamente, el mismo que el Consell arrienda a la cadena Ale-Hop. El precio del alquiler está fijado en 204.000 euros anuales. A cambio de esta cantidad le permite utilizar tres plantas, que no confrontarán con la parte ocupada por los funcionarios de Justicia y la Agencia. El contrato, que fue firmado a mediados de 2014, tiene una vigencia de cinco años, por lo que todavía quedaban dos. Y son prorrogables hasta 20.
En concreto, los trabajadores del TSJCV serán distribuidos entre diversas sedes durante el tiempo en el que transcurra la reforma del edificio histórico de Valencia, originario del siglo XVIII. En concreto, los miembros de la Sala de lo Civil y lo Penal serán reinstalados en la Ciudad de la Justicia, mientras que las Salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social pasarán a la vieja sede del Impiva. Como es posible que el espacio deba compartirse, no se descarta que alguna de las dos salas sea derivada a otro lugar adyacente.
Este dato lo confirmaba la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, durante una entrevista con Valencia Plaza. La titular del departamento concretaba que la primera parte está totalmente decidida, mientras que en la segunda todavía quedan cuestiones por determinar. “Abordaremos las obras de restauración y acomodación en el edificio, pero si no es suficiente, buscaremos otro recinto cercano. La decisión dependerá de que podamos disponer de la totalidad de las plantas”, ha explicado la titular.
Cabe recordar que el presidente del Consell, Ximo Puig, anunció en junio que la sede definitiva de dicho organismo estaría en Alicante. Concretamente habló de la Ciudad de la Luz. La medida se vendió como "una prueba" de que la ciudad dejaría de ser tratada "con injusticia". Ahora bien, el jefe del Ejecutivo valenciano supeditó la acción a que fuera "finalmente posible", porque todavía se debían "acotar todas las posibilidades de carácter técnico". En cualquier caso, la decisión adoptada con respecto a Valencia tiene un carácter provisional, según confirman las mismas fuentes.
En lo referente al TSJCV, la rehabilitación del edificio histórico tiene una duración estimada de tres años, en los cuales la plantilla funcionarial permanecerá desplazada. En el momento de presentar la obra ya se habló de que la sede tradicional, con 14.000 m2, adolece de “graves carencias”, por lo que resulta necesario “garantizar la seguridad de los trabajadores”. Paralelamente se aprovechará para “una mejora de la eficiencia energética”.
Todo esto forma parte del anunciando plan de infraestructuras judiciales, que fue uno de los compromisos esenciales de la Generalitat en el último Seminari de Sagunt. Tal y como ha explicado la consellera de Justicia, en él se abordará tanto la rehabilitación de sedes necesitadas de mejoras, como la construcción de otras tantas en los lugares sin suficiente espacio. La financiación correrá a cargo a los fondos europeos FEDER.
Se ha hablado especialmente de la Ciudad de la Justicia de Alicante y Castellón. También de municipios como Novelda, Quart de Poblet, Vinaròs, Xàtiva, Villena, Nules, Segorbe, Elche, Paterna o Elda, necesitados de actuaciones para la actualización.