Gabriela Bravo, consellera de Justicia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado este jueves que la encomienda de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "no es una adjudicación a dedo" y se tramitó según la Ley de Contratos.
Bravo se ha pronunciado así sobre la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de estimar parcialmente un recurso de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a instancias de la patronal valenciana de constructores, contra el encargo de la Conselleria de Justicia a Tragsa, y ha asegurado que cumple la Ley de contrataciones.
Según ha explicado, desde la Conselleria se tramitó la licitación del proyecto y de la dirección de obra de la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano, un pliego "complejísimo", cuya adjudicación tardó más de dos años y a la que solo se presentaron dos empresas, informan desde la Generalitat.
A dicha adjudicación, ha precisado, "solo se presentaron dos empresas", una de las cuales se retiró y la segunda fue rechazada en la mesa de contratación por falta de solvencia técnica.
Ante esta situación, la importancia del edificio, la "urgencia" de su remodelación y de que "no queríamos volver a iniciar los trámites" que ralentizaran de nuevo el proyecto, ha indicado Bravo, se encomendó a Tragsa, empresa pública del Estado, la dirección de obra, el proyecto y su ejecución, con un coste de unos 25 millones.
"Habíamos optado por la concurrencia pública pero estos problemas nos abocaron a tomar esa decisión", ha añadido, y ha recordado además que optaron por Tragsa porque había trabajado además en la restauración de la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid.
Ahora bien, ha precisado que no es una "adjudicación" sino una encomienda de gestión contemplada en la Ley de Contratos, que se tramitó "en todos los términos" que establece esta ley, con los informes técnicos y jurídicos de la Abogacía del Estado "para justificar que dentro del objeto social de Tragsa se podía asumir la dirección del proyecto, la obra y la ejecución de la misma".
"Se apostó por unificar teniendo en cuenta el tiempo que llevamos y la importancia del edificio", ha aseverado la consellera.
Bravo ha precisado que el tribunal ha resuelto que autoriza que por encomienda Tragsa realice la dirección de obra y el proyecto, "pero nos dice que vayamos a un contrato o bien por emergencia, urgencia o negociado exclusivo para la ejecución de la obra" porque cuestiona si el objeto social guarda relación con la obra.
La consellera ha informado de que "no se ha suspendido nada" porque Tragsa tiene la tarea de la redacción del proyecto, que contempla una restauración integral del edificio, y corresponde a la empresa recurrir o no la decisión del tribunal.
"En función de lo que se resuelva definitivamente optaremos por una vía o por otra", ha concluido Bravo.
