Gabriela Bravo, consellera de JusticiaVALÈNCIA. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el encargo efectuado el 5 de diciembre de 2018 por la Consejería de Justicia de Gabriela Bravo a favor de la empresa Tragsa para la "redacción de proyecto y ejecución de las obras de adecuación funcional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".
En su razonamiento, el tribunal explica que "atendiendo a la regulación establecida en la disposición adicional vigésima cuarta 4 de la LCSP, considera atendible el criterio de la recurrente, con arreglo al cual de acuerdo con su objeto social, Tragsa no puede (salvo en supuestos de urgencia, entendida esta circunstancia en su sentido estricto, como tareas de emergencia y protección civil de todo tipo, en especial, la intervención en catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de carácter agrario, pecuario) ejecutar contratos de obra en zonas o núcleos urbanos".
La resolución atiende los argumentos de los constructores valencianos, que acusaron al Consell de adjudicar "a dedo" a Tragsa la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de adecuación de la sede del TSJCV. Por ello impulsaron el recurso contencioso-administrativo a través de su confederación nacional que ahora ven respaldado por el Tribunal Central. La patronal valenciana Fevec lamentó que la conselleria tomara esta decisión "en lugar de favorecer al sector privado". "No han dado oportunidad a que las empresas valencianas liciten", criticó el presidente, Francisco Zamora, que tachó esta decisión de "ilegal".
Según explicó, en un principio hubo una licitación pública del proyecto que "quedó desierta" para, posteriomente, ser "directamente adjudicado de forma directa y sin licitación pública tanto el proyecto como la ejecución de las obras a Tragsa". Esta circunstancia, puntualizó, es "ilegal" ya que ha recordado que la ley de licitaciones "dice que ésta tiene que ser pública y solo en casos excepcionales se puede dar a empresas como Tragsa".
