FOTO: ÀLEX OLTRAVALÈNCIA. Durante años, la empresa pública de Gandia Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) se convirtió en un nido de sospechas donde se produjeron decisiones polémicas que aún hoy están por resolver. Se convirtió, según el Partido Socialista, en la ‘cueva de Ali Baba’ y dos años después de la llegada al gobierno de PSOE y Més Gandia, con el apoyo de Ciudadanos, cerrará definitivamente sus puertas en las próximas semanas.
Así lo anunciaron ayer la alcaldesa, Diana Morant, la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, y el portavoz de Ciudadanos, Ciro Palmer. En ella, resaltaron que el proceso de liquidación de IPG se llevará a cabo con la cesión de los activos y pasivos de la empresa pública al Ayuntamiento por lo que las arcas municipales asumirán los 20 millones de euros de deuda que tiene actualmente IPG así como su patrimonio y los 31 trabajadores cuya nómina corre a cargo de la empresa pública. “Nos ha costado dos años poner orden al desorden pero queríamos cerrar la empresa con garantías de legalidad y cuando pudiéramos hacer frente a esa deuda que absorberá el Ayuntamiento de Gandia”.
La alcaldesa de Gandia ha remarcado que el presupuesto del 2017 contempla ya ese importe para hacer frente a las deudas de los proveedores que prestaron sus servicios a la empresa pública y a los que se les pagará “más temprano que tarde”. Así, los 16 millones de superávit que se generan al haber subido los impuestos y reducir los gastos, irán destinados, por una parte, a abonar facturas extrapresupuestarias (nueve millones) y por otro para pagar la deuda a proveedores (siete millones).
Una “maquina de quemar dinero” en la que, como ha recordado la alcaldesa de Gandia, han salido “pufos” que ha tenido que resolver el actual gobierno y que han contribuido a reducir esa deuda que tenía IPG: Un ahorro de cinco millones por las cocheras de Simancas y seis millones por el caso del complejo de ocio de las Boleras —Operación Aplauso—.
Así pues, en junio se pondrá fin a IPG, creada en 2006 por el Gobierno socialista encabezado por José Manuel Orengo en coalición con el Bloc y que, según ha reiterado Diana Morant, arrojaba anualmente un balance positivo y fue con la llegada a la alcaldía del popular Arturo Torró, cuando se acometieron “horrores que todavía estamos pagando”. Ha puesto el ejemplo de de las desapariciones “misteriosas” de ordenadores y de información de las cuentas de IPG, las cesiones ilegales de trabajadores, los pagos en metálico, los cerca de 700.000 euros en pagarés y las cesiones ilegales de dinero.
Diana Morant ha subrayado que con esto “se cierra uno de los capítulos más negros de la historia de Gandia” y ha criticado que el exalcalde Arturo Torró "no se atrevió a cerrar IPG en la pasada legislatura porque era la máquina que mejor le servía a sus intereses y a los del PP, a través de enchufados y clientelismo”.
Igualmente, ha explicado que el 26 de mayo, y para hacer efectiva la liquidación de la empresa pública, se convocará una Comisión de Administración en la que el proyecto de cesión de bienes activos y pasivos tiene que ser aprobado al final de la comisión, después se producirá una Junta General de la Empresa Pública en la que los miembros deben aprobar esa cesión y, finalmente, se pasará al Pleno del Ayuntamiento de Gandia. Desde el consejo de Administración de IPG aseguran que el cierre definitivo se producirá a finales de mayo.
Al respecto, la vicealcaldesa de Gandia, Lorena Milvaques, ha comentado que con el traspaso de los activos y los pasivos de la empresa pública al Ayuntamiento de Gandia para ser gestionados, el consistorio acabará con “el periodo oscuro por el que estaba pasando Gandia” y asumirá los compromisos de pago a aquellos proveedores que todavía no han percibido su dinero además de la puesta en marcha de un “plus de trasparencia pues cada una de las acciones que se tomen serán fiscalizadas por la intervención municipal y por los técnicos”.
El apoyo del único concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, ha sido imprescindible en el proceso de liquidación. Palmer ha felicitado a los liquidadores de la empresa pública por su arduo trabajo en estos dos años y ha añadido que su partido siempre formará parte de las soluciones.
Cabe recordar que desde la empresa pública también han surgido algunos casos que hoy en día están en el juzgado. A la ya mencionada Operación Aplauso hay que añadir el Caso Púnica o el de Tele 7. Este último investiga el cierre de la televisión pública de Gandia y la concesión de unas ayudas económicas a dos televisiones privadas de la ciudad que, supuestamente, son del entorno de Arturo Torró. La concesión se otorgó a través de IPG y las dos mercantiles que resultaron agraciadas fueron Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7). La cuantía que recibió Tele 7 era de 1,7 millones de euros y a ella había que sumarle los cuatro millones de euros que recibieron las dos empresas por una prórroga.
Igualmente, Arturo Torró declaró ayer ante los tribunales para dar explicaciones sobre los 12.000 euros que transfirió del Ayuntamiento a la empresa pública de Gandia.
