La excajera se niega a dar el nombre del ‘recaudador’ y declara ante el juez que no hubo blanqueo y que el dinero que tenía en su casa era de procedencia ‘legal’
VALENCIA. La jornada de este viernes será considerada como el pistoletazo de salida para las defensas del presunto pitufeo del Ayuntamiento de Valencia. A lo largo de la mañana, los principales imputados desfilaron ante el magistrado que instruye la causa. Aunque, tras varias horas ante el juez y el fiscal, nada se salió del guión previsto excepto la presunta existencia de un ‘recaudador’ dentro del PP municipal.
La primera en acudir fue la exconcejal María José Alcón. Ésta, tal y como adelantó Valencia Plaza se acogió a su derecho a no declarar y no estuvo más de cinco minutos ante el juez, el fiscal y las partes. Alcón optó por callar a sabiendas de que los diferentes abogados tratarían de desacreditarla y de demostrar que las grabaciones entre ella y su hijo, en las que explica que en el consistorio se blanqueaba dinero, eran un montaje.
Tras Alcón fue el turno de Mari Carmen García-Fuster. A diferencia de la exedil, la que fuera cajera del Grupo Municipal, sí que contestó a todas las preguntas que le formularon juez, fiscal y su letrado. La principal novedad aportada en esta declaración fue la presunta existencia de un recaudador para el PP municipal.
Al parecer, dicho recaudador sería la persona que aportó entre 2006 y 2011, este último el año en el que más dinero entró, más de 245.000 euros al Grupo Municipal en donaciones presuntamente anónimas de simpatizantes. Dichos apuntes contables se encuentran anotados como Contribuyentes y allegados (CyA) en una de las libretas que fueron incautadas el día de las detenciones. Según las partes son donaciones legales, pero la Ley Electoral impide dicho tipo de donaciones.
Cuando el fiscal quiso saber el nombre de esa persona, García-Fuster se acogió a su derecho a no declarar. Fuentes de toda solvencia aseguraron a este periódico que creen que esa declaración “era un aviso a navegantes” para Alcón, Grau y su entorno.
La íntima amiga de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá también explicó que los más de 5.500 euros que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encontraron en su casa en sobres, varios metidos en una caja fuerte escondida tras un cuadro, tenían un origen legítimo. García-Fuster dijo que eran de una herencia de su tía y de varios pisos alquilados que tiene en Valencia aunque, según explicaron las mismas fuentes, la cajera no aportó ningún documento que certifique que la procedencia del dinero fuera la declarada ayer.
En referencia a las donaciones de 1.000 euros que, según el fiscal y la UCO, fueron devueltas en dos billetes de 500, la cajera del PP de Valencia reconoció la primera parte pero negó la segunda. También aseguró que los cuatro asesores que declararon como testigos por negarse a blanquear dinero mintieron en sus declaraciones y que ella “nunca amenazó a nadie para que blanqueara dinero” ya que, “nunca habló con ellos y que debieron hablar con el concejal del que dependían”.
Mari Carmen García-Fuster además de por blanqueo también consta como investigada en la pieza principal de la ‘Operación Taula’, la conocida como pieza de Imelsa. En dicha pieza además de las mordidas del 3%, el amaño de contratos, la prevaricación y un sinfín de delitos, la Fiscalía también investiga la presunta financiación irregular del PP.
Tras el turno de García-Fuster fue el sucesor de Barberá, Alfonso Novo, quien declaró. Al igual que el resto de concejales, exconcejales y asesores investigados aseguró que había realizado la aportación de 1.000 euros pero que no se los devolvieron en billetes de 500.
Fuentes conocedoras de la declaración realizada ayer aseguraron que el concejal se dedicó a “echar balones fuera” y que no despejó ninguna duda sobre lo ocurrido en el Ayuntamiento más allá de negar que él cometiera un delito. En referencia a un segundo ingreso de 750 euros realizado tras los 1.000 euros, aseveró que “rompió una hucha”.
Una de las cosas que más llama la atención es que tanto Novo como García-Fuster explicaron que la decisión de pedir los 1.000 era “por la falta de dinero para la campaña, y que tomó la decisión el entonces presidente del comité, Alfonso Grau”.
Este viernes también estaba citada la funcionaria María José Pi pero su declaración ha sido pospuesta sine die por enfermedad de la investigada.