Como en el País Valenciano son todavía no pocas las personas que conservan contacto con el mundo rural es posible que casi todo el mundo que lea esta columna sepa ya que desde hace unos años, y especialmente en esta campaña, quien tiene un algarrobo tiene un tesoro. Una combinación de factores estructurales ha puesto los precios por las nubes: hasta a un euro y medio se está pagando el kilo de algarrobas (¡casi como la arroba de naranjas!), que se dispara a doce o catorce euros el kilo de garrofí, la semilla que se encuentra en el interior de la vaina y que, como es sabido, da nombre a los quilates empleados para pesar oro y otras piedras preciosas dado que la (denominada en griego) kerátion era usada para pesar objetos muy pequeños porque estas semillas son sorprendentemente uniformes y tienden a pesar lo mismo, convirtiéndose así en una muy conveniente unidad de medida.
Las razones por las que los quilates de algarroba están a precios propios de productos de joyería tienen que ver con la utilidad de la misma no sólo para los usos tradicionales, como pienso animal o para la elaboración de algunos productos alimentarios (recordemos el tradicional sucedáneo de chocolate que, qué tiempos, era considerado una alternativa para personas humildes por lo barata que se vendía entonces), sino también con el hecho de que con el garrofí se elabora desde hace unos años un cotizado espesante alimentario (el E-410 garrofín) cada vez más demandado por la industria. Que este compuesto, por lo visto, sea la mejor alternativa para la producción de “carnes” (especialmente “hamburguesas”) vegetarianas (pues es un espesante de origen exclusivamente vegetal) ha ido haciendo que la algarrofa esté cada vez más cotizada en los mercados. Súmese a todo ello que se trata de un árbol de crecimiento lento, por lo que no es fácil poner en producción a corto plazo muchas más hectáreas, y es normal que el precio venga subiendo desde hace años.
Pero, además de estos factores estructurales, al parecer en esta campaña ha habido cuestiones de tipo coyuntural que han empujado el precio aún más al alza: malas cosechas (también en Marruecos, uno de los pocos competidores de la producción española) y, sobre todo, que las dos grandes empresas del sector dedicadas a la transformación del producto para su uso industrial, ante la escasez de oferta, se han lanzado a una lucha feroz entre ellas para conseguir la materia prima, contribuyendo a acelerar la espiral de precios. Y es que cualquier agricultor sabe que los momentos de entente cordiale entre los compradores, especialmente cuando éstos son pocos en número (como suele pasar, por ejemplo, con la gran distribución), son muy malos para los pequeños productores. Nada más sencillo para quienes monopolizan el mercado de un producto o, en este caso, quienes controlan entre pocos la compra de un bien (monopsonio) como llegar a acuerdos, sin necesidad siquiera de que sean explícitos y bastando una convergencia tácita, para lograr el precio que más les conviene a costa de quienes no disponen de ese poder mercado.
De hecho, ésta es la razón por la que, directamente, este tipo de prácticas están prohibidas por las normas de defensa de la competencia. Pero, como sabe también cualquier agricultor que ha de vender su producto en estas condiciones, la prohibición teórica de conductas como éstas no significa que sea fácil perseguirlas, castigarlas, ni erradicarlas. De modo que hay que confiar más en los factores estructurales que en esta coyuntural descarnada competencia en el mercado de la algarroba para aspirar a seguir vendiendo el garrofí a precio de oro. Es lo que hay.
Sirva esta larga introducción para explicar hasta qué punto, en el fondo, todo participante en el mercado tiene interiorizadas ciertas reglas básicas atinentes al funcionamiento del mismo. Cualquier actor, por lo visto, menos las administraciones públicas españolas y europeas, que parecen decididamente determinadas a permitir, cuando no incentivar, una creciente concentración en casi todos los mercados de bienes, productos y servicios que nos rodean. Al parecer, se nos dice, hay consideraciones de eficiencia global que justificarían mirar con buenos ojos que cada vez haya más y más grandes empresas controlando la producción final y su distribución a los consumidores o las distintas fases de los procesos productivos. Gracias a ello tendríamos mejores precios finales para el consumidor, más producción y de mejor calidad, de modo que todos contentos. Al menos, a corto plazo. ¡Y no digamos ya si, encima, los mercados son potencialmente digitales y globales! Google, Amazon y sus santos patrones nos lo arreglarán, oiga. Viva la eficiencia.
A medio y largo plazo, sin embargo, un mundo de grandes empresas que controlen la economía cada vez en mayor medida no viene sin costes asociados. Los competidores y los consumidores parecen tenerlo bastante claro, y de ahí las prevenciones con que se acogen las concentraciones, especialmente por quienes han de lidiar con ellas (trabajadores del sector o los pequeños y medianos competidores o suministradores que van quedando). Pero también como consumidores sabemos todos que, en el fondo, nada de esto tiene muy buena pinta, aunque sólo sea por experiencias pasadas no muy gratas, pues cada vez que se produce una de ellas las consecuencias negativas nos son directamente transferidas. Por ejemplo, en el sector bancario español, todos tenemos en el recuerdo cómo la relativa abundancia de entidades que competían entre sí hace no tanto, incluyendo un sector público en forma de cajas de ahorro con cierto vigor, conformaba un panorama con abundantes oficinas, comisiones escasas o nulas para los productos más básicos, cajeros automáticos por doquier e incluso peleas entre los diversos bancos por regalar desde calendarios a bicicletas y baterías de cocina para captar clientes.
En la actualidad, y en apenas dos décadas, concentración bancaria mediante, siempre entusiásticamente avalada por gobiernos y autoridades de la competencia, los ciudadanos hemos de pagar por prácticamente cualquier servicio, por básico que sea, siempre y cuando tengamos la suerte de poder encontrar una oficina y que esté en alguna de las horas en que magnánimamente permite hacer la operación concreta que deseamos llevar a cabo. Mientras tanto, cada vez más localidades se han quedado sin oficina bancaria de ninguna entidad, o incluso sin cajero automático. Las quejas son constantes, y por ejemplo hay colectivos de personas mayores particularmente activos en reclamar que la situación se revierta, por cuanto estos grupos no siempre pueden fácilmente optar por realizar las operaciones on-line y necesitan de más ayuda y atención. Detalles al margen, lo que es evidente es que la calidad del servicio ha empeorado notablemente, así como los costes repercutidos al consumidor en los últimos años. De las concentraciones producidas, aparentemente, sólo se han beneficiado las cuentas de beneficios de las entidades en cuestión y sus accionistas más principales. Bueno, y la eficiencia. ¡Gracias a Dios!
Frente a esta situación, nadie parece haber considerado de momento la necesidad de introducir (o reintroducir) competencia (y no digamos ya competencia pública) en estos mercados. Lejos de ello, las medidas paliativas propuestas por los distintos gobiernos son pactos con las entidades para que, a cambio de contraprestaciones o de diversas ayudas, recuperen al menos algunos de los servicios suprimidos. Sobre las propuestas de las propias autoridades de la competencia mejor no hacer demasiado comentario: todo menos, paradójicamente, aspirar a introducir competencia en el sector. Al parecer, ha pasado a ser considerado que poner cajeros automáticos en localidades sin oficina o garantizar la existencia de atención presencial para personas que la requieran en ciertos horarios ya no es algo que el mercado pueda satisfacer por sí mismo y que como tal hay que asumirlo porque, ya se sabe, la eficiencia.
Además, si el mercado no lo provee, por lo visto, tampoco se considera que sea conveniente, de buen gusto o avanzado imponer estas obligaciones por medio de una regulación de obligado cumplimiento que imponga a quien quiera desarrollar la actividad ofrecerla en unas condiciones de calidad de mínimos. Sería feo, o iría también contra la eficiencia, ya se sabe. Pero no pasa nada. Ya lo proveeremos con dinero público, pero no con un sector público que haga de red alternativa, sino pagando con dinero de todos a los oligopolistas de turno para que ofrezcan un servicio de mínimos sin que les cueste dinero o, incluso, ganando un poquito más. Está ocurriendo en muchos sectores, pero en el caso de la banca es particularmente escandaloso. En la Comunitat Valenciana lideramos además ya desde hace unos años esto de dar ayudas públicas directas o indirectas a la banca para que hagan lo que se supone que, por consideraciones de mercado, iban a hacer mejor si se les permitía fusionarse. Alegría. En todo caso, y a la vista de cómo está el sector, es evidente que ésta es la línea que vamos a ir viendo en el futuro cada vez más. Es lo que hay.
Llama poderosamente la atención hasta qué punto lo que cualquier agricultor sabe sobre los efectos de la concentración en los mercados que le conciernen no haya manera de que, en cambio, sea debidamente procesado por nuestros gobernantes, autoridades y organismos especializados en materia de competencia. Hace unos años solía decirse que no había en el mundo nada que fuera más odiado por los economistas liberales que los monopolios públicos entonces existentes en muchos sectores de la actividad económica. Pero, a poco que uno los leyera, descubría que en realidad sí había algunas: en concreto, los monopolios (u oligopolios) privados, porque combinaban los problemas de los monopolios públicos en términos de poca eficiencia y de capacidad de extracción de rentas con el añadido de que, encima, los beneficios que procuraban ni siquiera iban a la colectividad sino a unos pocos, sin que ninguna consideración de interés público pudiera matizar ni siquiera potencialmente su voracidad. Unos años después, lograda la privatización y liberalización casi completa de todos los sectores, en cambio, parece haberse olvidado completamente que para que la receta funcionara era preciso que existiera una efectiva competencia en esos mercados que evitara que acabáramos en esa monopolización u oligopolización privada de facto y por la vía rápida. Porque, sin ella, el garrofí se lo quedan siempre los mismos. De 18 quilates. Y en ellas estamos. Pagándoles el cajero automático, además. Y lo que nos queda.