VALÈNCIA (EP). El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha insistido este martes en la decisión de llevar la empresa pública Divalterra, dependiente de esta institución, del ámbito mercantil al administrativo sin que el cambio afecte a sus trabajadores. Así, ha indicado que se está a la espera del informe que debe emitirse para determinar si se va hacia "un organismo autónomo" o hacia una "entidad pública empresarial".
Gaspar se ha pronunciado de este modo antes de comenzar el pleno ordinario de septiembre en la institución provincial, preguntado por la Junta General extraordinaria de Divalterra que se ha desarrollado antes de la sesión plenaria para a partir de la nueva legislatura cesar y nombrar el Consejo de Administración, formalizar la ejecución de acuerdos y aprobar el acta de la sesión.
El responsable provincial ha explicado que el objetivo de esta reunión era llevar a cabo "dos cambios" en la composición del consejo tras las elecciones municipales de mayo y la conformación de la nueva corporación provincial. "Solamente hay que hacer dos nombramientos de nuevos de consejeros" como nuevos representantes del PSPV y del PP, ha señalado, además de indicar que el consejo "se reunirá mañana para constituirse otra vez como tal".
Así, ha explicado que el cambio sirve para cubrir la vacante dejada por una representante socialista que dimitió tras ser nombrada senadora y de un miembro del PP tras dejar de ser diputado provincial el que ocupaba ese puesto anteriormente, al tiempo que ha resaltado que se mantiene la representación de Ciudadanos (Cs) y de Compromís.
Toni Gaspar ha recordado que su "apuesta" al acceder "hace un año" a la Presidencia de la Diputación de Valencia fue "tecnificar ese consejo", que tenía "una mayoría de políticos" para que contara con más técnicos. "En este momento hay cinco técnicos y cuatro políticos. Lo que se hizo en ese momento se mantiene", ha apuntado.
Igualmente, el presidente de la institución provincial ha aseverado que el consejo de Divalterra tiene que atender "un encargo muy importante" hecho "hace un año" sobre "el formato jurídico que tiene que tener la empresa".
"Ya lo dijimos hace un año. No queremos que esté en el ámbito mercantil sino en el administrativo. Se tendrá que elevar a la Junta General el informe, prácticamente acabado, en el que nos aconsejará respecto a irnos a organismo autónomo o a entidad pública empresarial", ha declarado.
Gaspar ha manifestado que a partir de ahí, la Diputación "pondrá en marcha el proceso para crear ese organismo o esa entidad pública" que estará "totalmente dentro del ámbito administrativo". "Dejará de ser una sociedad mercantil. Divalterra pasará directamente a volcar todos sus contenidos y misiones" a la nueva figura, ha dicho, a la vez que ha apuntado que "dejará de existir en el plazo que se vaya marcando ese trasvase de competencias y efectivos".
El responsable provincial ha agregado que el plazo "lo dirá el Consejo en su informe". "Lo dirá en su informe. Lo leeremos atentamente y los 31 diputados --de la corporación provincial--, que somos la Junta General, decidiremos sobre esa guía del consejo", ha agregado.
Igualmente, Toni Gaspar ha asegurado que "siempre" se ha dicho que "los trabajadores --de Divalterra-- no tenían que preocuparse absolutamente de nada" porque "el formato jurídico no tiene que afectarles absolutamente para nada". Ha resaltado también su propuesta de que en el consejo de administración estén "representados los trabajadores también".
Por otro lado, preguntado por las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, un asunto que se ha abordado en el pleno de este martes, y por las críticas al respecto, Gaspar ha comentado que en la institución hay "1.200 trabajadores" y ha descartado "entrar en lo que dicen unos y otros". Tras ello, ha resaltado que estos cambios cuentan con un "informe que es favorable".
"Los informes son favorables. No voy a entrar en esa casuística. Con 1.200 --trabajadores-- cada uno tiene su derecho a hablar y a poner sus opiniones sobre esa cuestión. No me corresponde a mí entrar a valorar esas cuestiones. Me corresponde que lo que venga al pleno esté perfectamente informado y esté correctamente", ha planteado el presidente.
Durante el debate en la sesión plenaria de las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo de la institución provincial, el diputado de Cs Juan Córdoba ha acusado al equipo de gobierno de llevar esta decisión, cuyo coste ha cifrado en más de 273.00 euros, "en el primer pleno posible" y ha criticado que se creen "puestos nuevos, como el secretario de dirección, que incrementan significativamente las retribuciones".
Córdoba ha censurado que "no se explique el alcance y el motivo" y que haya "arbitrariedad sin justificación" y ha apuntado que podría producir "contradicciones" con puestos de trabajo ya existentes. Ha citado como ejemplo "el jefe de servicio de Presidencia" y "el coordinador de Presidencia" y ha rechazado "duplicidades con dinero de los valencianos", a la vez que ha pedido las actas de negociación.
El diputado del PP Ximo Segarra ha apuntado que los quince puestos que se plantean nuevos para determinadas funciones se desempeñan ya y ha dudado de que se aspire a lograr "más profesionalidad" porque "igual de profesionales son los que hay que los que se incorporarán". Asimismo, ha dicho al equipo de gobierno que le hubiera gustado contar con "más consenso" para sacar adelante estos cambios entre todos los grupos políticos.
La diputada de Personal, Pilar Molina, ha afirmado como Gaspar que se cuenta con "informe favorable" y ha dicho que se evitarán "disfunciones", al tiempo que ha señalado que se pretende "diseñar puestos que correspondan a necesidades reales" atendiendo a "los tiempos y la actualidad de la Diputación". Ha indicado que se "recalifica" para atender puestos de "mayor responsabilidad y cualificación".
La modificación de puestos de trabajo ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno --PSPV y Compromís--, el rechazo de PP y Cs, y la abstención de Vox y la Vall ens Uneix.