El exjefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, y el que fuera presidente de la empresa, Ramiro Rivera. Fotos: KIKE TABERNER/DIVALVALÈNCIA. La Diputación de Valencia ha rechazado exigir responsabilidades a José Luis Vera, el que fuera director de los servicios jurídicos, transparencia y prevención de riesgos penales de Divalterra, y el expresidente de la empresa pública, Ramiro Rivera, por su actuación en todo el proceso relacionado con la jefatura de personal que tuvo lugar en 2021.
Así lo ha decidido el comité antifraude de la corporación provincial después de que la Agencia Antifraude emitiera el pasado febrero un informe final de investigación en el que concluyó que hubo injerencias por parte de ambos cargos para intentar influir en el nombramiento de la persona que se iba a situar al frente del departamento de Recursos Humanos de Divalterra. Según la entidad, lo hicieron tratando de intervenir en la decisión adoptada por el tribunal de selección mediante el planteamiento de la suspensión de la designación pese a que el procedimiento fue correcto. Unos hechos que cree que son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción.
Antifraude recomendó a la Diputación de Valencia, de la cual dependía Divalterra hasta su disolución el pasado junio de 2022, que procediera a instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades sobre lo ocurrido. El asunto se abordó recientemente en una reunión del comité antifraude, un órgano creado en julio del año pasado en el marco del plan para prevenir procesos fraudulentos y el cual componen los jefes de servicio de Presidencia, Transparencia y Contratación, los responsables en la gestión de los fondos europeos y los habilitados nacionales –secretario, interventor y tesorera–. Pero la decisión fue la de desestimar las medidas propuestas por la agencia.
La determinación la basan en que ratifican "totalmente" el informe emitido por el secretario de la Diputación –que en teoría forma parte del citado comité– en relación a lo sucedido con RRHH de Divalterra. Y el cual fue remitido a Antifraude en fase de alegaciones cuando ya había realizado su informe provisional y tenía que elaborar el definitivo.
Para entender lo ocurrido en este asunto, destapado por Valencia Plaza, hay que remontarse a comienzos de 2021. La última crisis en Divalterra vino a cuenta del procedimiento para cubrir la jefatura de Recursos Humanos, un puesto clave para la contratación de brigadistas. El proceso arrancó en julio de 2020 y finalizó en enero de 2021. Después de que el tribunal eligiera a la ganadora, Eugenia Fernández, el presidente de la empresa, el diputado del PSPV Ramiro Rivera, ordenó que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. Fambuena ha ocupado diversos puestos en Sanidad donde fue nombrado por las exconselleras socialistas Carmen Montón y Ana Barceló, y logró avanzar en el concurso de Divalterra gracias a una carta del ex subdelegado del Gobierno con el PSOE Luis Felipe Martínez.
El gerente, Antonio Mas, desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó el 18 de enero 2021. Pero paralelamente, Ramiro Rivera avalado para sus intenciones por numerosos informes elaborados por José Luis Vera, quien se erigió en instructor de un expediente sobre el caso como responsable de riesgos penales –responsabilidad equivalente a la de compliance o vigilante del cumplimiento normativo–, puesto para el que fue nombrado a dedo en diciembre de 2020 pese a que el Consejo de Administración de Divalterra –el mismo que aprobó su nombramiento– había autorizado tan solo un año antes una convocatoria pública para cubrirlo. En los últimos informes, Vera concluyó que había que anular todo el proceso siete meses después de su inicio, sin que nadie lo hubiera impugnado hasta que se resolvió, así como la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades.
El tribunal se ratificó en febrero de 2021 en su elección, de manera que los documentos de Vera tenían que pasar a votarse en el Consejo de Administración de la empresa. Se llevaron, así, al celebrado a comienzos de marzo de ese año, pero se acabó aplazando el pronunciamiento ante una total falta de acuerdo –no quedaban claros los equilibrios a favor de las tesis de Vera–. A lo que luego se sumaron diversas dimisiones de consejeros. Para sustituirlos se convocó una Junta General en la que se votaron los nuevos miembros, tanto los de los grupos políticos como los de los "técnicos" propuestos por Toni Gaspar. Aunque todos ellos eran funcionarios, contaban con vinculaciones políticas debido a que habían ocupado cargos con PSPV y Compromís, lo cual podía facilitar esa mayoría deseada dentro del Consejo.
Llegó, posteriormente, la convocatoria de un nuevo Consejo de Administración el 12 de marzo de 2021, donde volvía a figurar en el orden del día la votación de otro informe de Vera que venía a establecer lo mismo que los anteriores –la anulación de todo el proceso de selección y de la contratación de la jefa de RRHH– pero que, además, señalaba directamente al gerente como responsable de varias irregularidades –y especialmente por su desobediencia–. De este modo, el otro punto que se iba a debatir era su cese.
El informe de Vera fue tumbado por los consejeros, lo que desactivaba las maniobras del PSPV durante aquellos meses y ratificaba a la jefa de RRHH. Sí salió adelante la destitución del gerente, que en su turno de palabra de esa reunión aprovechó para recriminar a Vera que hubiera ejercido de fiscal, juez y acusación para 'ejecutarle'. Igualmente, afirmó que habían sido presionados tanto él, como el tribunal de selección al completo y la propia ganadora.
Para abordar todo lo ocurrido a petición de los partidos de la oposición, se celebró en marzo de 2021 una Junta General extraordinaria, en la que los portavoces del PP, Ciudadanos y Vox expusieron sus sospechas sobre la intencionalidad real de revocar la selección de la ganadora en la jefatura de RRHH. Pero la cita se vio totalmente eclipsada por el anuncio de cierre de Divalterra por parte de Gaspar en los últimos minutos. Un llamativo golpe de efecto tras aquellas semanas de dimisiones, ceses y tensiones internas. De hecho, entre las peticiones del portavoz de los populares (Vicente Mompó) y de la de los naranjas (Rocío Gil) se encontraba la votación del cese de Ramiro Rivera y de José Luis Vera, algo que no permitió Gaspar porque no estaba en el orden del día y, en su opinión, no correspondía.
A todo este relato de hechos se añadió otro factor, como fue el posicionamiento de la Agencia Antifraude. La entidad que dirige Joan Llinares abrió una investigación sobre el intento de revocar la contratación de la jefa de RRHH tras las denuncias de varios miembros del tribunal, a los que otorgó la protección del denunciante.
El pasado febrero llegó esa resolución final de toda la investigación llevada a cabo, en la que sumado a lo ya concluido sobre que ese proceso fue correcto, Antifraude establece que hubo injerencias por los dos cargos de Divalterra –uno del PSPV y otro cercano a este partido– que trataron de frenar el nombramiento de la jefa de RRHH.
El comité antifraude de la Diputación, sin embargo, no comparte estas consideraciones y avala la postura emitida en su momento por la corporación, cuyas alegaciones no fueron tenidas en cuenta por Antifraude. En ellas, defendió que realmente era el Consejo de Administración de Divalterra el órgano competente para la gestión del personal, por lo que podía rectificar las decisiones de sus apoderados o retrotraer las actuaciones a un momento anterior del procedimiento. Igualmente, si el Consejo de Administración, tras el estudio de la reclamación, consideraba ajustado a derecho el acto de sus apoderados o trabajadores, debía desestimarla.
La Diputación expuso también que el procedimiento para la selección de jefe de Recursos Humanos establecía un procedimiento cuasi administrativo. "No obstante, el procedimiento no regulaba la forma de actuar ante la interposición de un recurso/reclamación que presentase un aspirante tras la propuesta del Tribunal de Evaluación, como se establece para los procedimientos de selección de los empleados públicos. El Consejo podía y debía, en aras del principio de diligencia debida de sus administradores, tramitar, estudiar y resolver la reclamación del señor Fambuena presentada en el proceso de selección de Jefatura de Servicio de Recursos Humanos. Que tras el estudio de la reclamación se haya determinado que el proceso de selección era ajustado a derecho no quiere decir que se debiera inadmitir la reclamación", afirmaba el informe.
Según las alegaciones, Divalterra actuó en el proceso de selección de RRHH de la misma forma que había actuado en situaciones similares y de forma "ajustada a derecho" al dar trámite a la reclamación. "La conclusión de la Agencia Antifraude es incorrecta, pues considera que se interpuso la reclamación del señor Fambuena una vez acordada la contratación de la señora Fernández y tras la creación del vínculo contractual. Sin embargo, la reclamación se hizo con anterioridad. De estas actuaciones no se observa que existiera una voluntad de influir en la decisión adoptada por el Tribunal de Selección, sino la de mostrar prudencia y no firmar un contrato de trabajo con una persona hasta que se diera respuesta por el Consejo de Administración a la reclamación", justificó la Diutación.
No fue el caso, prosigue, pero si la citada reclamación se hubiera estimado y le hubiera correspondido una mayor puntuación, "la sociedad se hubiera encontrado ante el problema de tener un contrato de trabajo formalizado con la señora Fernández, que era tercero de buena fe en la firma del contrato, y un aspirante con derecho a formalizar el contrato de trabajo con la sociedad para el mismo puesto", argumentó. La propuesta de José Luis Vera de estimar parcialmente el recurso, defendió la corporación, "no influía en la decisión adoptada por el Tribunal de Selección de proponer la contratación de la señora Fernández".
Debido a todas estas consideraciones planteadas en su momento a la agencia, el comité antifraude de la Diputación ha rechazado tomar medidas contra Vera y Rivera y ha ratificado el pronunciamiento dado en su momento.
