VALÈNCIA (EP). Los recursos de la Generalitat atendieron a 25 mujeres víctimas de tráfico de personas o explotación sexual durante el primer semestre de este año, así como a cinco menores que estaban a su cargo. Esta cifra es superior a la de todo 2020, cuando fueron atendidas 16 mujeres.
Así se desprende de una respuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a una pregunta escrita en Corts del diputado Jesús Salmerón, donde se detalla que la Generalitat cuenta actualmente con tres recursos residenciales especializados en víctimas de explotación sexual o tráfico de personas que tienen 19 plazas en total.
En estos centros, remarca la Conselleria en la respuesta, las mujeres reciben prestaciones integrales para cubrir sus necesidades y realizan un itinerario de intervención para conseguir su recuperación e inserción en la sociedad.
Además, desde el 15 de octubre está en funcionamiento el Programa Alba en cada una de las tres provincias, que ofrece atención en los locales y en itinerancia. Estos equipos, de nueve personas cada uno, cuantan con dos trabajadoras sociales, dos educadoras sociales, una abogada, una psicóloga, una técnica de integración social, una auxiliar administrativa y una auxiliar superviviente.
Estas personas proporcionan "una atención integral que va desde la información hasta el asesoramiento en materia social, formativa y laboral y su autonomía para que puedan retomar una vida independiente en la que elijan su propio camino".
El programa también ofrece "alojamiento inmediato" a las mujeres que lo necesitan, y ofrece la posibilidad de alojarse en un hotel mientras se tramita su ingreso en un recurso de la red residencial, siempre de acuerdo con su voluntad.
En una respuesta anterior a otra pregunta de Salmerón sobre este programa, la Conselleria de Iguladad señaló que para 2022, el Programa Alba contará con un presupuesto de 1,05 millones, lo que supondrá unos recursos de 29.126,66 euros mensuales para cada uno de los tres equipos. La dotación en 2021 era inferior, de 222.678,03 euros, ya que se puso en marcha a mitad de octubre.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia