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Camarero amplió el contrato de reforma del edificio en el que tendrá sede con un incremento de 600.000 euros 

Foto: SILVIA FABREGAT

Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia

31/05/2024 - 

VALÈNCIA. El edificio de Colón 80, propiedad de la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero y al que próximamente se trasladará parte de la Vicepresidencia Segunda, tuvo una importante inversión pública para convertirlo en un centro de valoración de discapacidad. La última modificación de contrato con este objeto se firmó por parte del propio PP y supuso un incremento de 600.000 euros. Sin embargo, finalmente el inmueble no se destinará a ello sino que pasará a ser sede de la Conselleria y Camarero también tendrá un nuevo despacho en él, tal como ha informado Valencia Plaza.

La historia de este espacio viene de largo. En la primera legislatura del Botànic pasó a estar adscrito al departamento de Igualdad que dirigía Mónica Oltra. De 2.000 metros cuadrados repartidos en un bajo y seis plantas, estuvo muchos años desaprovechado –permaneció vacío– por la Conselleria. En alguna ocasión se barajó la opción de que fuera la sede provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) –lo que provocó una bronca entre la exvicepresidenta y la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo– o de que sirviera como ubicación temporal para el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)

Nada de eso fructificó y no fue hasta abril de 2021 cuando Igualdad licitó el contrato para la reforma del edificio por 1,5 millones para transformarlo en un centro de Orientación y Diagnóstico de Discapacidades. Los planes para ello se remontaban a octubre de 2018, pero la Conselleria tardó más de dos años en poner en marcha el proceso administrativo para realizar la reforma pendiente. De hecho, el edificio llegó a estar okupado por el Frente Obrero en una imagen que todavía se recuerda

El objeto del proyecto de rehabilitación consistía en dotar al edificio de despachos de consultas donde trabajan los profesionales y atienden a los usuarios; una administración y dirección del centro; así como salas de reuniones y salas para el personal y unos archivos y espacios de gestión de las historias e informes. Además, se incluía la renovación de las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, protección contra incendios, voz, datos y se adaptan los ascensores a la normativa vigente. En el bajo estaba prevista la instalación de una tienda para vender los productos artesanales que se elaboran en los centros de discapacidad.

La constructora valenciana Crimsa fue la encargada de desarrollar esa adaptación y reforma del edificio por 1,18 millones de euros tras presentar la mejor propuesta de las ocho planteadas. El inicio del funcionamiento como centro de valoración de discapacidad nunca llegó a producirse en la pasada legislatura, de manera que le quedaba en herencia a la nueva Conselleria de Servicios Sociales.

 Foto: SILVIA FABREGAT

  Ahora, Camarero ha decidido que lo destinará a oficinas de su propio departamento, que hasta la fecha se ubicaba en su totalidad en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, el conocido como CA9O. Según ha podido saber este periódico, durante las próximas semanas se trasladará a Colón 80 el personal de la Vicepresidencia, la Subsecretaría, Contratación, Abogacía y Servicio Económico. Hay disponibles más de una treintena de despachos. 

Pero la inversión pública en este espacio no se circunscribe únicamente a la cantidad inicial de la reforma. En octubre de 2023, solo tres meses después de que el PP llegara al Consell, la propia Conselleria de Servicios Sociales firmó una modificación del contrato, que supuso un incremento de 634.545 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses que se sumaban a los 15 del contrato. 

La rubricó el secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso. La propuesta de la citada modificación provenía de la dirección general de Infraestructuras Sociosanitarias y el proceso administrativo se inició a principios de julio, con el anterior Gobierno en funciones y antes de que entrara el nuevo. Luego llegaron los preceptivos informes jurídicos y de fiscalización previa por la Intervención y, ya en septiembre, el órgano de contratación aprobó la modificación del contrato. En último lugar, se firmó entre las dos partes.

Esta ampliación del contrato venía motivada por diversas necesidades, tal como figura en el documento. Una era la subsanación de los desperfectos a raíz por la ocupación ilegal del edificio por parte del Frente Obrero, que afectaba a instalaciones (roturas en inodoros o lavabos), revestimientos (manchas en las pareces, arañazos, quemaduras...) y carpinterías. Los okupas también arrancaron cableado de los dispositivos eléctricos y la plataforma elevadora de minusválidos. 

De otro, se produjo una corrección de las incidencias exigidas por el Ayuntamiento de València en la concesión de la licencia, como los sistemas de ventilación o la ubicación de las máquinas de aire acondicionado. La intervención adicional incluía asimismo la sustitución del centro de transformación y otros ajustes necesarios debido tanto a la ocupación ilegal como al paso del tiempo y al escaso mantenimiento. 

En todo caso, el objeto del contrato nunca varió. Seguía siendo "las obras de adaptación y reforma del edificio de c/Colón, 80 de València para sede de un centro de orientación y diagnóstico de discapacidades".

Susana Camarero, este jueves en Les Corts. Foto: CORTS/José Cuéllar   

La decisión de no seguir adelante con este uso parece que ha sido reciente. Desde el inicio de la legislatura, el Consell quiso hacer un inventario detallado del Patrimonio de la Generalitat debido al descontrol existente hasta la fecha y se planteaba sacar al mercado los inmuebles vacíos, además de otras medidas. Uno de los edificios en revisión era, precisamente, Colón 80. Tal como publicó El Confidencial y pudo confirmar este periódico en su momento, una de las opciones encima de la mesa era ponerlo en el mercado en forma de arrendamiento. Pero finalmente será sede de Servicios Sociales. 

La totalidad de las obras han finalizado hace poco y el traslado de parte de la Vicepresidencia no tardará. La propia Susana Camarero fue preguntada este jueves en Les Corts sobre el asunto por parte de la diputada de Compromís Nathalie Torres. Al igual que trasladó la Conselleria a este periódico el pasado martes, la titular de Servicios Sociales atribuyó la reubicación a "una reestructuración de los espacios por necesidades de personal". "En la torre 3 del CA90, donde le invito a venir porque cierro yo el despacho, no como mis antecesoras, estamos todos los secretarios autonómicos, los directores generales, esta consellera y los funcionarios. Y mientras tanto hemos mandado al Palau de Pineda, del que yo salí el primer día, al Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), ahorrándonos 150.000 euros de todos los valencianos. A la sede de Colón van a ir los que salen de la torre 3", afirmó. 

La prestación del servicio de valoración de la discapacidad por parte de la Conselleria que se iba a trasladar a Colón 80 se realiza actualmente en dos sedes de València: una en la calle Beltrán Báguena y otra en la calle San José de Calasanz. Por la primera, Servicios Sociales paga un alquiler mensual de 6.000 euros. El pliego de condiciones de la reforma del edificio de Colón recogía que las dependencias de Beltrán Báguena no eran "óptimas para la naturaleza del servicio que presta". El mismo documento destacaba la intención de la Conselleria de "ampliar su personal de forma estructural para atender la importante lista de espera".

Camarero reprochó a Compromís que firmaran un contrato de alquiler hasta 2025 por 120.000 euros en la sede de Beltrán Báguena. ¿Si tan mal estaba por qué mantuvieron un contrato hasta 2025? Por su parte, el sindicato UGT calificó de "lamentable" la decisión de renunciar a dar cabida en Colón 80 a los servicios de reconocimiento del grado de discapacidad e incidió en que la plantilla dedicada a ello ha aumentado en tres años de 73 funcionarios a 81, por lo que "era necesaria una nueva sede".

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