Los fondos se emplearán para hacer frente a 800 recursos-contenciosos. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada por la Generalitat y Sepides, ha licitado por 700.000 euros los servicios de asesoramiento y defensa letrada para el proceso judicial contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiaciones (JPE) sobre las parcelas de Parc Sagunt II.
Además, ha adjudicado por 95.000 euros la contratación de procuradores para estos procesos judiciales. El adjudicatario es el despacho madrileño María del Mar de Villa.
Estos procedimientos avanzan después de que la empresa pública que gestiona Parc Sagunt II interpusiese recursos contencioso-administrativos contra el justiprecio decretado por el JPE. Este dictaminó que los terrenos expropiados para instalar la gigafactoría de Volkswagen tenían en realidad un valor superior, dando la razón a las reivindicaciones de los propietarios agricultores, que creen que el Gobierno no les paga lo que merecen.
De esta manera, será la Justicia la encargada de resolver el desacuerdo entre la Administración y los dueños. En total, según recoge la Plataforma de Contratación, se prevé destinar casi 800.000 euros de fondos públicos a la representación y defensa de EEE en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de mantener los precios originales y no pagar las subidas a un total de 800 agricultores.
Esta postura ha sido criticada por los propietarios afectados, que, tras realizar las estimaciones, aseguran que la Generalitat "intenta evitar pagar 25 millones de euros". Una cifra que califican como "migajas en comparación a la lluvia de millones que le dan a Volkswagen", por lo que piden al Gobierno recapacitar y no seguir adelante.
Asimismo, temen tener que afrontar costes económicos a la hora de elaborar su estrategia. Ante esto, la Generalitat recuerda que la abogacía del Estado los defenderá si deciden no personarse, por lo que el sector agrícola tiene la posibilidad de ahorrarse el gasto en procuradores y la dirección letrada.
