La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Cambio de planes. La Conselleria de Función Pública que dirige Gabriela Bravo aprobó este lunes una nueva resolución en la que modifica las medidas excepcionales a adoptar en las doce consellerias del Botànic II para reducir la asistencia de los más de 17.000 funcionarios que tiene la Generalitat Valenciana y así evitar la propagación del coronavirus. Unas disposiciones que actualizan las que ya validó cada departamento del Consell hace apenas una semana, después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto del estado de alarma.
Con la circulación limitada, las clases suspendidas, los colegios cerrados y 1.901 contagiados en la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Bravo ha modificado el número de empleados públicos que podrán trabajar de manera presencial en cada departamento: la nueva resolución limita a un máximo de un 10% el número de personal que podrá prestar servicios presencialmente. Incluso, decreta que la modalidad no presencial de trabajo "deberá favorecerse".
Una circunstancia de la que se excluirá, eso sí, aquellos servicios que sean indispensables para la "protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos esenciales" y los "ámbitos estrechamente vinculados a los hechos justificativos del estado de alarma". Esto es, el sanitario o el de la dependencia, por ejemplo, podrán rebasar este porcentaje dado que la cifra "fija un margen global", explican desde la Conselleria de Función Pública.
La modificación, por tanto, afectará al número de funcionarios que podrán asistir de manera simultánea a su puesto de trabajo en cada conselleria: si la semana pasada cada departamento del Consell estudiaba cómo fijar turnos para que nunca pudieran permanecer en el centro de trabajo más de un 50% del personal, ahora deberán hacerlo para que no superen el 10%.
Esta reducción, según fija la instrucción de Función Pública, responde a la evolución que está teniendo el coronavirus y a las medidas propuestas pos las autoridades sanitarias, así como a las previsiones de que el mayor número de contagios podría producirse en los próximos 15 días. No en vano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo que el estado de alarma se prorrogaría una quincena más de la prevista y lo trasladaría al Congreso de los Diputados para su aprobación, por lo que el periodo de confinamiento terminaría, en el mejor de los casos, el próximo 11 de abril.
Los últimos datos publicados por la Conselleria de Función Pública respecto al personal de cada conselleria data del año 2016. Así, el Plan Estratégico en Materia de Recursos Humanos situaba en 17.073 el número de funcionarios que aglutinaba la Generalitat Valenciana en aquel momento.
De esta manera, el número de empleados públicos totales que podrán trabajar simultáneamente en toda la administración será de alrededor de 1.700 empleados. La mayor parte se encuentran concentrados en la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà; la cartera de de Igualdad y Políticas Inclusivas que gestiona Mónica Oltra; la Conselleria de Agricultura de Mireia Mollà; el departamento de Sanidad de Ana Barceló; y el de Hacienda que dirige Vicent Soler.
Este último en concreto cuenta con aproximadamente 1.100 funcionarios, según fuentes del departamento, entre los que se incluiría el personal de la Agencia Valenciana Tributaria y del IVF. Con todo, el personal que podrá trabajar de manera presencial se sitúa en torno al centenar.
En el caso de Justicia y Función Pública, por ejemplo, la Conselleria cuenta con 700 empleados públicos aproximadamente, por lo que la aplicación de la resolución supondría que 70 personas podrían trabajar de forma simultánea en la Torre de la Ciudad Administrativa del 9 d'Octubre.
Muchos menos tiene Vivienda, donde el número de funcionarios es de 228, según los datos facilitados por la propia Conselleria que dirige Rubén Martínez Dalmau, teniendo en cuenta las direcciones territoriales de Castellón, Valencia y Alicante. En total, podrán acudir simultáneamente alrededor de una veintena de personas.
Una cifra similar a la que gestiona la cartera de Participación y Transparencia, con 123 funcionarios en servicios centrales y 94 en los PROP. En este último caso, según fuentes de la Conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo, el teletrabajo está asegurado al 100%, mientras que en los servicios centrales desde hace una semana está trabajando alrededor del 19% de la plantilla. La intención, según explican a este diario, es que se reduzca lo máximo posible.
