Madrid enfría el ultimátum del PPCV al no definir fechas sobre la resolución del expediente

VALENCIA. La diferencia de velocidad entre la dirección nacional y la regional del PP se mantiene. Mientras desde la sede valenciana se pide "por activa y por pasiva" el acta de los concejales, en la cúpula nacional mantienen una actitud más relajada ante la investigación de presuntos casos de blanqueo de capitales en el PP de Valencia.

La carta en la que la líder valenciana, Isabel Bonig, pedía a los concejales del Ayuntamiento de Valencia -actualmente suspendidos cautelarmente de militancia- que entregaran su acta llegó el martes a su destino. Los 10 días hábiles que la presidenta dio a los concejales investigados -término que sustituye a imputados en la nueva LeCrim- para que entregaran su acta deberían comenzar a descontar desde su recibo, pero el inicio de la cuenta atrás está sujeto a un expediente sin plazo determinado.

La dirección nacional del PP tramita un expediente informativo para determinar el futuro de los concejales investigados por la Operación Taula en la formación popular: si continúan como hasta ahora, o si son suspendidos de militancia o expulsados del partido. Pero mientras la investigación de Génova permanezca abierta, desde Quart no podrían iniciar otro recurso que siga la misma senda; una investigación paralela por los mismos hechos.  "Hasta que no se resuelva el procedimiento de la dirección nacional, no podemos iniciar otro, por ejemplo, por desobediencia" explicó la presidenta del PPCV este miércoles, preguntada por la expulsión de los concejales en caso de que se nieguen a entregar el acta como se les pide en esa carta.

La investigación de Génova mueve y emborrona de este modo la línea que limita los tiempos fijados por Bonig, quien afirma no sentirse desautorizada por la cúpula nacional. ¿Cuándo entonces se pondría en marcha la cuenta atrás para que los concejales pongan su acta sobre la mesa? El PP se remite a sus estatutos para dar las explicaciones oportunas sobre la actuación respecto a los concejales investigados en la Operación Taula. Sin embargo, en la normativa de la formación popular no se establece plazo alguno para la resolución del expediente informativo y, según fuentes de Génova, puede tener una duración "indefinida".

Los estatutos del PP únicamente explican que se trasformará en expediente disciplinario cuando se produzca la apertura de juicio oral. En dicho caso, y según los documentos, el plazo de instrucción no podrá exceder de dos meses desde su inicio, aunque, "si bien por circunstancias excepcionales, podrá ser prorrogado por otro mes, mediante resolución motivada del Instructor".  Es decir, hasta que los concejales no se sienten en el banquillo del juzgado, el Comité de Derechos y Garantías -encargado de tramitar el expediente- no cuenta con un plazo fijado para tomar una decisión deliberadamente.

Opacidad en el desarrollo de la investigación

Desde Génova mantienen en la sombra las distintas fases del procedimiento por las que pasarán los concejales, desde la toma de declaración hasta que finalmente se resuelva. El PP nacional no aporta más información sobre el transcurso del expediente informativo que el anuncio del traslado a Valencia del instructor designado por el Comité de Derechos y Garantías, Francisco Molinero, para interrogar a los concejales y asesores del PP valenciano investigados por la Operación Taula. Según fuentes populares, Rita Barberá queda de momento fuera de las comparecencias y su declaración está prevista para más adelante.

Según fuentes de la sede nacional del PP, este vacío informativo sobre el desarrollo del expediente se da en tanto que supone "parte del funcionamiento interno del partido" y, por tanto, no habrá información al respecto hasta que no estén elaboradas las conclusiones. Tampoco se conocerá el modo de actuación durante la instrucción, sino directamente, la decisión final.

Respecto al tiempo que tardarían en llegar dichas conclusiones, tampoco hay una estimación oficial. Desde el partido en Valencia consideran que es un proceso que llevaría entre dos semanas y un mes. La líder valenciana afirmó en rueda de prensa que desde la dirección nacional le trasladaron su intención de “ser rápidos” en la investigación interna y que “no creo que tarde más de dos semanas”; sin embargo, desde Génova sostienen que no hay una previsión del plazo para la instrucción del expediente informativo, que tiene una duración indefinida.