Génova no entrega al juez la documentación del PP de Valencia que le exoneraría de delito electoral

VALENCIA. Tras la demoledora declaración de la exsecretaria del PP de Valencia Mari Carmen García-Fuster en la que explicó que el PP Provincial sabía perfectamente que existía una cuenta, que se ha demostrado que es opaca, y que se les envió facturas y documentación de todos los movimientos de las elecciones de 2015 y 2011, tanto el PP Provincial como Génova negaron la mayor. Dicha declaración es, hasta el momento, la más importante puesto que terminó con el PP Nacional acusado de delito electoral.

El magistrado instructor de la causa, Víctor Gómez, tras escuchar a García-Fuster y al PP y observar una contradicción evidente entre ambas declaraciones, solicitó diferente documentación al PP Provincial, así como al PP Nacional, entre la que se encontraba toda la referida a las cuentas bancarias, a los proveedores (principalmente Trasgos), y a su relación con el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia en materia económica.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la causa informan a Valencia Plaza de que el PP no ha enviado "nada", más allá de la documentación del compliance del partido (documentación para el cumplimiento de la legalidad), algo que está empezando a molestar a los investigadores. 

Valencia Plaza se puso este lunes en contacto con fuentes del Partido Popular de la Provincia de Valencia, que aseguraron que "han enviado todo lo que el magistrado ha solicitado a Madrid, ya que al estar el PP Nacional como imputado son ellos los que deben remitir lo solicitado al juzgado".

Con respecto a por qué el PP solo ha mandado el compliance, las mismas fuentes dicen "no saber nada ya que ellos no son los que tienen que enviar los documentos, pero que confían en que desde Génova se remita todo a Valencia".

Trasgos

En referencia a la documentación que esperan en Valencia, uno de los principales problemas es la empresa que llevó las campañas del PP de Rita Barberá en 2011 y 2015, Trasgos. El dueño de la empresa sí que le presentó a Hacienda la facturación relativa a los trabajos realizados con el PP, pero el partido que preside Mariano Rajoy nunca presentó en sus cuentas haber trabajado con ellos, tal y como explicó Valencia Plaza hace unos días.

Las incongruencias y las contradicciones que existen entre unos y otros a la hora de explicar qué hicieron, cuándo, cómo y con quién, es lo que lleva a los investigadores a pensar que, probablemente, el delito electoral no solo se cometió en el seno del Grupo Municipal, sino que es muy probable que algunas personas del PP Provincial supieran lo que estaba pasando. Pero hasta que el PP no envíe toda la documentación y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la pueda estudiar no podrán tomar una decisión formal al respecto de este tema.

El 'compliance'

Según explica el despacho Zapata, Bermúdez, Pont y Asociados, la traducción que el Código Penal hace del término anglosajón corporate compliance es "debido control". Se trata de establecer en el seno de la empresa, un conjunto de mecanismos para el cumplimiento de la legalidad penal vigente, que se transformen en auténticos modelos de prevención de delitos.

Por ello, abogados especializados en la materia explicaron a este periódico que es imposible que el PP haya entregado un compliance como debe, ya que la Ley entró en vigor en julio de 2015 y, si se hubiera hecho como se debe hacer se habrían detectado irregularidades, algo que no aparece en la documentación aportada por el partido al juzgado. 

Estas mismas fuentes aseveran que lo más probable es que se haya entregado un "código ético a seguir por parte del PP, pero no un compliance bien hecho, ya que teniendo cuentas opacas eso sería autoincriminatorio por su parte".