Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EP). El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha asegurado este lunes que no se puede aprobar una moratoria a las licencias de apartamentos turísticos "sin más" y que por ello el modelo del Gobierno de Catalá para hacer frente a este fenómeno se asienta en dos pilares: la regulación vía planeamiento de las restricciones y una "incesante y constante" inspección de la actividad ilegal.
El grupo Compromís había llevado al pleno de este lunes una moción en la se pedía iniciar el expediente para modificar las normas urbanísticas que haga posible la definición, regulación, limitación y moratoria en la concesión de licencies para apartamentos turísticos. No obstante, el equipo de Gobierno ha presentado una moción alternativa, que ha salido adelante con los votos de PP y Vox, en la que pide seguir con los estudios para regular el uso de estos apartamentos turísticos.
De este modo, se persigue "realizar la correspondiente modificación del planeamiento conducente a restringir los apartamentos turísticos que comparten acceso y espacios comunes en los edificios residencales de vecinos con seguridad jurídica y normativa bien definida".
Giner ha cuestionado a la oposición "si es tan grave todo este lío este por qué no hicieron nada en sus ocho años de Gobierno" y ha apuntado que "el Manhattan de Valencia y el Valencia de Manhattan es el resultado de las políticas de izquierdas en este tiempo".
En ese sentido, ha recalcado que llevan desde "el minuto uno de la legislatura" trabajando en esa regulación y, tras aludir a la norma anulada de pisos turísticos en Ciutat Vella, ha señalado que quieren "aprender de estos errores que ha tumbado el TSJ para no tropezar de nuevo con la misma piedra".
De este modo, ha garantizado que promulgarán "una restricción en toda la ciudad que goce de seguridad jurídica porque a nosotros sí que nos preocupan las molestias que causan los vecinos". Por ello, abrirán también unos canales de comunicación para "la ágil tramitación de las denuncias de manera inmediata" y se informará a todos los vecinos de la posibilidad que tienen de prohibir, por una mayoría de tres quintos del total de los propietarios, de manera libre y voluntaria el uso de apartamentos turísticos en su edificio.
Asimismo, ha recalcado que están desarrollando "un ambicioso plan de inspección" de la mano de la policía de proximidad "barriendo todos aquellos barrios en los que ustedes con su pasividad generaron el problema actual". "No vamos a parar hasta que, con todas las acciones integradas, el problema llegue a una fiel resolución", ha garantizado.
Por contra, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha señalado que este fenómeno ha crecido de manera "exponencial" durante el último año: un 30% durante 2023, solo la oferta legal, y los apartamentos turísticos se ha extendido por toda la ciudad y pueblos de Valencia "cambiando la fisonomía urbana y social de todos nuestros barrios y pueblos".
Así, ha advertido de que los apartamentos turísticos provoca el cierre no solo de comercios sino también de servicios públicos como guarderías. "Este fenómeno de gota en Malaya está llegando al desbordamiento en la tolerancia porque ahora los vecinos sí que notan sus efectos porque no pueden pensar en cambiar de casa, seguir de alquiler ni que sus hijos se emancipen", ha señalado.
Al respecto, ha apuntado que hay un 60% menos de viviendas en alquiler que hace tres años; el precio del alquiler ha aumentado un 27% en un año, y hay 6.000 apartamentos legales, que se unen a los movimientos especulativos de la compra de vivienda. "Estos movimientos responden al renovado paradigma de ser una ciudad de vacaciones y la desregulación es la mayor amenaza", ha advertido.
Del mismo modo, el concejal socialista Borja Sanjuan ha advertido de que exsite una "burbuja del precio de la vivienda" y por ello ha urgido al equipo de Gobierno a "decir si siguen apostando por la posibilidad de que se sigan transformando viviendas en apartamentos turísticos pase lo que pase y pese al que le pese o aceptan que se tiene que regular un fenómeno que está dejando sin la capacidad de poder vivir en València a generaciones enteras".
Así, ha señalado que se en el cap i casal "se pagan alquileres a precios de Manhattan, pero con sueldos de Valencia, lo que quiere decir que el mercado no se regula solo o si se regula solo se regula bastante mal", ha constatado y ha advertido: "La realidad es que lo que es un derecho se está convirtiendo en un activo de inversión".
Por ello, ha lamentado que el actual Consell haya eliminado el decreto que enrababa en vigor en diciembre que prohibía cualquier tipo de conversión de uso residencial a uso turístico para "poner coto" a este fenómeno para evitar que "generaciones enteras no se puedan quedar a vivir en su ciudad".
