Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA (EFE). El Gobierno y los agentes sociales apuran este fin de semana los contactos para lograr cerrar con acuerdo un mecanismo de equidad intergeneracional que permita equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, ya que este lunes, 15 de noviembre, cuando volverán a reunirse, finaliza el plazo que se dieron.
La última propuesta que presentó el Gobierno el pasado lunes planteaba una cotización adicional a la Seguridad Social de 0,6 puntos, que empresas y trabajadores deberían abonar durante diez años para nutrir el fondo de reserva.
Este aumento de las cotizaciones sociales, que empresas y trabajadores se repartirían a razón de 0,4 y 0,2 puntos, respectivamente, generó un fuerte rechazo en la patronal y no terminó de convencer tampoco a los sindicatos, por lo que a priori parece lejos que puedan cerrar un acuerdo en la reunión que tendrá lugar el lunes.
Los sindicatos valoraron que la propuesta del Gobierno respecto a este mecanismo se centre en la mejora de los ingresos del sistema para hacer frente a un incremento futuro del gasto como consecuencia de la jubilación de la generación del "baby boom", los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
No obstante, consideraron que "debe ser mejorada", tanto en términos de suficiencia, llegando más ingresos, como en la distribución de la cotización adicional entre empresa y trabajadores.
Y es que, con la subida propuesta, el tipo de cotización por contingencias comunes se elevaría al 34,3 %, de los que 27,6 % correspondería a la empresa y el 6,7 %, al trabajador, ya que actualmente está en el 28,3 % (el 23,6 % es cuota empresarial y el 4,7 % del empleado).
Esta alza de las cotizaciones sociales, que se aplicaría desde 2023 y hasta 2032, tendría un carácter finalista, ya que iría destinada a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", que actualmente cuenta con apenas 2.000 millones de euros.
Aunque no han trascendido los detalles de cuánto podría ingresarse con esta medida, los expertos consultados advierten de que la medida puede resultar perjudicial para el empleo e insuficiente para atajar el incremento del gasto del sistema.
Para el investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Alfonso Sánchez, este aumento de la cotización generaría una recaudación extra de unos 2.100 millones de euros anuales de media durante los diez años de vigencia, si bien estos ingresos serán "claramente decrecientes en el tiempo".
Para la economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), María Jesús Fernández, "elevar las cotizaciones, que son un impuesto con impacto negativo directo en el empleo y en el nivel de los salarios, es justo lo contrario de lo que se debería hacer".
Detallar este mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013, es una de las medidas que quedaban pendientes de la reforma de pensiones aprobada en julio que se tramita en estos momentos en las Cortes.
Según la última propuesta presentada por el Gobierno, dicho mecanismo, incluye además de un incremento de los ingresos, un límite de gasto en pensiones.
Así, el Gobierno deberá mantener el incremento anual del gasto en pensiones sobre el PIB según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report, que lo fija en 0,8 puntos del PIB, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy.
Y para ello, a partir de 2032, revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo.
Se trataría, han explicado las fuentes consultadas, de una herramienta contingente y sólo se activaría si se dieran determinadas circunstancias, como un incremento del gasto en pensiones, y además sería temporal y equilibrada, puesto que no sería soportada por una sola generación.
