La medida se dirige solo a micropymes y autónomos que facturen menos de 600.000 euros y se facilitará la declaración por estimación directa
VALÈNCIA (VP/EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se establece la ampliación del 20 de abril al 20 de mayo de la presentación y pagos de declaraciones trimestrales de impuestos (IVA, IRPF y fraccionamientos de Sociedades) para los 3,4 millones de autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 euros, el 95% del total, lo que tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de estos colectivos.
En la Comunitat, el número de autónomos a los que afecta esta medida es de 373.268, según han indicado los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en un comunicado en el que, además, estiman que la ampliación del plazo de la declaración trimestral de impuestos afectará al 32% del ingreso correspondiente de abril.
Pero la decisión deja fuera a muchas pymes e incluso a parte de las microempresas -aquellas que tienen menos de 10 trabajadores o facturan menos de 2 millones de euros-, que sí tendrán que abonar los impuestos el 20 de abril.
Según los cálculos de Gestha, la ampliación de los plazos deja fuera a casi 200.000 pequeñas empresas que facturan entre 600.000 y los 6 millones de euros anuales, las cuales tendrán que presentar sus declaraciones trimestrales dentro de los plazos establecidos del 20 de abril o del 30 de abril si están inscritos en el Registro de devolución mensual o forman parte de un grupo empresarial.
Finalmente, no se ha aprobado que los autónomos puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa, medida que se llevará a un próximo Consejo de Ministros.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que el plazo máximo de presentación de las declaraciones de este trimestre se pasa al 20 de mayo de este año, frente al 20 de abril previsto inicialmente, y el plazo para las domiciliaciones será hasta el 15 de mayo, cuando hasta ahora estaba previsto que el plazo venciese este miércoles, 15 de abril.
Las medidas beneficiarán a 3,4 millones de contribuyentes. Montero ha cifrado en 3.558 millones el impacto de la medida en la liquidez de estos colectivos.
El plazo de para la declaración del IVA empezó el pasado 1 de abril y acababa el próximo 20 de abril, al igual que el de IRPF y Sociedades, aunque el plazo para la domiciliación vencía este miércoles, 15 de abril, por lo que el Gobierno da un margen de un mes para la presentación, pago y domiciliación de los impuestos.
De igual forma, Montero ha indicado que las nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes con una facturación de hasta seis millones de euros.
Según Montero, el 99,8% de autónomos y el 94% de pymes se encuentran en esta situación y la "inmensa mayoría" pueden optar por aplazar toda la deuda tributaria sin pagar intereses los tres primeros meses.
A esto se suma la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales de marzo para empresas y autónomos, ha resaltado Montero.
Por otra parte, Montero ha adelantado que se aprobará "en breve" en un Consejo de Ministros que autónomos y pymes puedan renunciar al sistema de módulos y puedan tributar por el de estimación directa.
"Desde el primer momento el Gobierno va adoptando medias ambiciosas para defender tejido productivo formado sobre todo por autónomos y pymes; seguiremos monitorizando la situación para actuar allí donde sea necesario", ha añadido.
Igualmente, ha cifrado en 48.542 las operaciones avaladas por el Estado a través de la línea del ICO, por importe de 4.739 millones, de los que 3.625 millones corresponden a pymes y autónomos.
Desde el sector, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Consejo General de Economistas, entre otros, han remitido en las últimas semanas varias cartas a la ministra exigiendo la prolongación del plazo de impuestos, así como el Círculo de Empresarios y las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) e incluso el Defensor del Pueblo atendió la petición instando a Hacienda a alargar los plazos de abril a mayo en el IVA y el IRPF a pymes y autónomos, junto a la prórroga al 30 de septiembre de la Campaña de la Renta, petición realizada también por Gestha.
Precisamente, tras la reunión mantenida este lunes por el Ministerio de Trabajo y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae), los autónomos han advertido de la necesidad "urgente" de medidas.
ATA reclama que las obligaciones tributarias del primer trimestre se deben aplazar al 20 de julio, fecha en la que se presenta el segundo trimestre, a esta petición se ha sumado UPTA. Las organizaciones piden una moratoria de alquiler también para los locales, así como el abono de las prestaciones extraordinarias.