El Gobierno aprueba la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 24/30

VALÈNCIA (EP). El último Consejo de Ministros del año ha aprobado este lunes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y del de Juventud e Infancia, la Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2024-2030.

"El plan constituye la hoja de ruta de la política social de Gobierno para los próximos años y responde al compromiso con la cohesión, el progreso social, y la cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía, prestando especial atención a las personas más vulnerables, en situación de pobreza o exclusión social", ha informado el departamento de Pablo Bustinduy, que ha destacado que el proceso de elaboración de la Estrategia ha sido "participativo y consultivo, teniendo en cuenta la configuración territorial e institucional y el mapa de distribución de competencias entre las diferentes administraciones".

Durante su vigencia, según ha señalado, su desarrollo estará abierto a la colaboración voluntaria de administraciones autonómicas y corporaciones locales, sector privado, sociedad civil y Tercer Sector de Acción Social; y sus líneas estratégicas se desarrollarán a través de planes operativos anuales donde se concretarán las acciones, se consignará la dotación presupuestaria correspondiente y se hará un seguimiento de la evolución de los indicadores para asegurar la eficacia de las acciones.

La Estrategia está estructurada en cuatro ejes. El primero de ellos será garantizar recursos para la ciudadanía, con políticas que buscan asegurar unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y las prestaciones sociales y en favorecer el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad.

En este sentido, se apoyará el alquiler para personas y familias vulnerables, se prevendrán los desahucios, se ampliarán las herramientas contra la pobreza energética y se abordarán medidas para erradicar el sinhogarismo. Por el lado de los ingresos, se revisará el IPREM para mantener su intensidad protectora y se fortalecerán las rentas del trabajo.

El segundo de los ejes tiene que ver con la inversión social en las personas para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades: Este eje se centra en crear nuevas plazas en educación infantil y asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias objetivo. También se buscará prevenir y reducir el abandono escolar para que estas niñas y niños disfruten de las mismas oportunidades que los demás. En el plano laboral, se fomentará la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y se desplegarán medidas contra la discriminación laboral.

En cuanto al refuerzo del estado de bienestar y la protección social, ha detallado que las actuaciones comprendidas en este eje se destinan a construir una red de protección que garantice los derechos sociales y facilite la conciliación entre la vida laboral y la familiar, una tarea que resulta mucho más difícil para las familias que sufren la precariedad y disponen de menos tiempo para cuidar a menores y personas en situación de dependencia.

Para ello la Estrategia incorpora las actuaciones contempladas en la Ley de familias, y apuesta por asegurar comidas saludables en los comedores escolares, así como otorgar un apoyo especial a las familias en situación de pobreza con personas con discapacidad. La hoja de ruta promueve a su vez el acceso universal a la atención infantil temprana, la autonomía personal en los sistemas de dependencia y la coordinación entre los sistemas públicos de servicios sociales.

Respecto al desarrollo de alianzas y trabajo en red, el Ministerio ha indicado que "esta línea contempla un reto transversal que apoya el logro de los demás retos y prioridades". Está centrado en mejorar la gestión y la coordinación de las políticas para alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura, e impulsará la cooperación territorial a todos los niveles y fomentará la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de las iniciativas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que con esta Estrategia el Gobierno de España busca que "los buenos datos" macroeconómicos "se reflejen en cada hogar" del país, "donde todavía hay muchas personas y familias en una situación de exclusión intolerable".

"Para ello, desplegamos una serie de políticas que pretende realizar un cambio estructural en las condiciones de vida de las personas más vulnerables para superar no solo estas situaciones, sino una visión asistencial donde el Estado provee ayudas puntuales, pero no ataja de raíz las causas del problema", ha sentenciado Bustinduy.