"Es muy difícil de defender la tasa de reposición cuando estamos hablando de modernización y transformación de la Función Pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto", ha anunciado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
De esta manera, la cartera de Función Pública buscará durante esta legislatura sustituir la tasa de reposición de efectivos, un modelo basado en el crecimiento vegetativo de las plantillas, por un modelo que diseñe las plantillas con arreglo a los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea.
El fin de la tasa de reposición forma parte del nuevo modelo de gestión de los servicios públicos que la cartera presidida por Escrivá quiere implementar ante el envejecimiento de las plantillas y el hecho de que en los próximos 10 años casi el 60% de los empleados públicos se jubilará y que los trabajadores públicos de 55 años o más supusieron el 47% de los empleados de la Administración Central en 2020, casi veinte puntos porcentuales más que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, con este cambio, se busca mejorar la calidad del empleo público ante el hecho de que, pese a las ofertas públicas récord de los últimos años, el número de efectivos al servicio de la AGE es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
En esta línea, Escrivá ha destacado que entre el periodo 2013 y 2018 hubo de media 7.000 bajas cada año y solo se cubrieron 2.000 anuales, una brecha que ya se cerró entre el año 2019 y 2020 y que, solamente en el año 2021-2022, se ha sido capaz de alcanzar la estabilización y que el número de altas supere el número de bajas.
No obstante, el fin del modelo de reposición no podrá materializarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024, sino que tendrá que esperar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2025, según han apuntado fuentes ministeriales, que han destacado que la tasa de reposición "nos abandonará" en 2024 y se dará a Función Pública ese tiempo para estudiar cómo se realizarán los cambios y tratarlo con los agentes sociales.
Estas mismas fuentes han destacado que el fin de la tasa de reposición, una demanda de los sindicatos, "no consiste en tener el mismo personal público que antes de la crisis financiera", sino en usar la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) para poder hacerlo de manera más eficiente.
"El año 2024 es un año de transición e intentaremos que sea lo mejor posible, algo que sea de la holgura suficiente para que no genere restricciones operativas en ninguna administración pública", ha subrayado Escrivá durante su comparencia.
Más autonomía y estatuto del directivo público
En esta línea, otro de los ejes que Función Pública quiere desarrollar es dotar de más autonomía a los gestores de recursos humanos para poder optimizar el capital humano de sus organizaciones (con un control ex post de calidad) y cambiar el modelo de selección de personal y promoción profesional.
Así, se quiere establecen un modelo de selección de personal "basado en tareas y competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos susceptibles de ser ocupados, que a la vez plantee un modelo de carrera motivador, que aproveche el potencial de los recursos humanos y que permita desarrollar políticas de upskilling y reskilling de los empleados públicos".
En esta línea, Escrivá ha anunciado la elaboración de un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático, elaborando perfiles y competencias directivas en torno a un catálogo o repertorio, con períodos de desempeño estables, causas de remoción tasadas, evaluación regular del desempeño y un sistema de retribuciones vinculado a los objetivos alcanzados.
Atracción de seniors de la actividad privada y juniors
Asimismo, Función Pública articulará un plan para captar talento junior y senior que vengan de la actividad privada. En esta línea, fuentes del ministerio, han indicado que se buscará encontrar un "equilibrio adecuado" entre personas de alto potencial que vengan de finalizar estudios y aquellos que ya tengan una carrera profesional en el ámbito privado.
El objetivo, es potenciar el atractivo de trabajar para la Administración Pública para atraer a ambos colectivos, evocando a la calidad del empleo dentro de las administraciones y la vocación de servicio público de los trabajadores, más allá de la retribución salarial, según han indicado fuentes de Función Pública.
En esta línea, Escrivá ha indicado que el nuevo modelo para atraer talento junior y senior que se quiere potenciar será un diseño basado en tareas y competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos susceptibles de ser ocupados.
"Tenemos funcionarios muy bien formados, con muy buena capacidad, pero también es verdad que tenemos que adaptar el acceso al mundo en el que estamos y tenemos que mirar a otras administraciones que son mejores que la nuestra", ha recalcado.
Afirma "credibilidad absoluta" del Gobierno con Muface
Por otro lado, al ser preguntado por la diputada del Partido Popular (PP), María del Mar González, sobre la reclamación de mayor financiación por parte de los sindicatos de los servicios de Muface, Escrivá ha asegurado "credibilidad absoluta" con los funcionarios en relación a la prestación en sanidad.
Así, ha recordado que la prima se ha incrementado un 10% estos años, hasta alcanzar los 3.500 millones en tres años. "La credibilidad del Gobierno con los funcionarios en prestación de sanidad (...) es absoluta", ha recalcado.
Función Pública potenciará la transparencia y participación
Función pública buscará esta legislatura aumentar también la transparencia y la oportunidad de participar en el diseño de las políticas públicas, ya que "aumentan la confianza de los ciudadanos en la administración y su valoración de nuestro sistema democrático", según Escrivá.
Así, el ministro ha presentado varias iniciativas durante su comparecencia para reforzar ese compromiso; entre ellas, un impulso de los mecanismos de transparencia que incluyan la regulación de las actividades de los grupos de interés, la mejora de las herramientas de participación ciudadana en la adopción de las decisiones de política pública.
Además, quiere poner en marcha nuevas vías de prevención de conflictos de interés y el refuerzo organizativo y de recursos de la Oficina de Conflictos de Interés, y la mejora y fortalecimiento del Foro de Gobierno Abierto como espacio de diálogo y co-creación normativa con la sociedad civil.
UGT celebra la eliminación
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha celebrado este miércoles la eliminación de la tasa de reposición de efectivos en la Administración General del Estado (AGE), y ha señalado "la importancia y la necesidad de acabar con el instrumento que, hasta ahora, ha estrangulado la creación de empleo en las administraciones públicas".
El sindicato ha recordado, en un comunicado, que se trata de una histórica reivindicación de UGT, ya que la tasa de reposición "era un verdadero freno para la adecuación de las plantillas a las necesidades del servicio público en nuestro país".
En este sentido, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha señalado que los empleados públicos representan aproximadamente el 14% de la población activa y el 13% de los ocupados, cifras que, según Eurostat, están por debajo de los países de referencia y de los países nórdicos.
UGT Servicios Públicos también recuerda que en las Jornadas Confederales de Empleo, celebradas este mes de enero, presentó un conjunto integral de actuaciones para las administraciones destinadas a mejorar el empleo público y garantizar la calidad en los servicios prestados a la ciudadanía.
Entre las medidas que propuso el sindicato, se contemplaba el sustituir la tasa de reposición de efectivos y buscar otra herramienta que le permitiera a cada administración pública autoorganizarse para determinar el volumen necesario de empleo público. Esta medida permitiría una gestión más flexible y adaptada a las necesidades específicas de cada sector, explica UGT.
UGT Servicios Públicos, por tanto, emplaza al Ministerio de Función Pública a negociar esta y otras acciones como es el "adecuado redimensionamiento de las plantillas existentes; planes de Ordenación de Recursos Humanos negociados, OPE Plurianuales y la Digitalización de las Administraciones".
La responsable sindical destaca, por último, la importancia de la negociación colectiva en la gestión de la digitalización. "Asegurar la formación y reconversión de los empleados públicos sin destrucción de empleo es esencial para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales. Se deben implementar programas formativos específicos en innovación tecnológica y digitalización", ha indicado.
Por último, ha añade que esta medida garantizará que los empleados públicos estén equipados con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del entorno laboral moderno.