VALÈNCIA (J.L/EP). La Comunitat Valenciana contará con 707 nuevas plazas de profesor ayudante doctor mediante el Programa de incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas españolas firmado entre el Gobierno y las comunidades autónomas. A nivel nacional se proyectan un total de 5.634 nuevos profesionales, por lo que la Comunitat tendrá aproximadamente el 12,5% del total de estos nuevos puestos.
El objetivo de este programa es reducir la temporalidad del profesorado como mandata la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la temporalidad en el sistema universitario es del 49%, lo que su pone que, de media, uno de cada dos profesores en España tiene un contrato temporal, algo que se busca reducir hasta un máximo del 20%.
El Gobierno financiará 3.400 plazas con una dotación de 150 millones de euros anuales para cubrir los seis años de contrato de estos profesores. Las comunidades autónomas deberán sufragar, por valor de 97 millones de euros, las plazas restantes, que suponen casi el 40% del total. La dotación total del programa será, por tanto, de 247 millones al año en el conjunto de España. En el caso de la Comunitat Valenciana, el Estado cubrirá el coste de 426 plazas, mientras que las restantes (281) irán a cargo de la Generalitat Valenciana. El gasto del ministerio en estas más de 400 plazas asciende a los 5,5 millones de euros entre septiembre y diciembre de este año.
En este sentido, el conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha reclamado al ministerio que "asuma una mayor financiación" de estas plazas. Rovira ha recordado que la petición inicial de las comunidades autónomas era que el Gobierno aportase el 100%, "ya que el que legisla es el Estado y debe aportar todos los fondos. "En cambio, nos obligan a pagar el 40%", ha reprochado el conseller.
Ha agregado que, posteriormente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Universidades, Diana Morant, "se comprometieron a asumir dos tercios (67 %) de la financiación necesaria durante los 6 años que duran los contratos temporales de ayudante doctor, pero finalmente se van a hacer cargo de menos". Tras ello, ha destacado que han aprobado la propuesta del Ministerio "para no perjudicar a las universidades públicas de nuestra Comunitat, ya que sabemos lo importante que es esa financiación para ellas". No obstante, ha advertido que desde la Conselleria seguirán "luchando por recibir lo que realmente nos corresponde".
Cuando finalicen los contratos temporales de 6 años de duración de las 707 plazas de profesor ayudante doctor, el coste de la estabilización del profesorado tendrá que asumirlo íntegramente la Comunitat. "Esta situación hipoteca a las universidades y a las comunidades que han de asumir un sobrecoste. El Ministerio debería haber abierto un diálogo para llegar a un consenso, ya que al fin y al cabo esta medida surge de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) que ellos han aprobado", ha finalizado el responsable de la Conselleria de Educación y Universidades del gobierno valenciano.
Por otro lado, la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha valorado de forma positiva la ratificación de la puesta en marcha del programa y ha aplaudido que se hayan impuesto "el diálogo y la responsabilidad institucional". Alcón ha recalcado la importancia de disponer de los recursos necesarios para "planificar el relevo generacional y la estabilización del profesorado" que fija la ley y ha destacado que es una muestra del trabajo conjunto entre universidades, Gobierno y comunidades autónomas.
La CRUE destaca que ha mantenido en estos meses un "intenso diálogo" con las autoridades educativas para facilitar un consenso que dote a las universidades de los recursos imprescindibles para competir en igualdad de condiciones con los sistemas universitarios europeos. Los rectores esperan que el acuerdo ratificado en la Conferencia sea el primer paso de una colaboración entre las administraciones para alcanzar el objetivo general de destinar, como mínimo, el 1% del PIB español al gasto en educación universitaria pública.
En este sentido, la Conferencia de Política Universitaria, en la que participan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las comunidades autónomas, ha aprobado este miércoles la primera partida del Gobierno de 46 millones de euros de este programa a pesar del voto en contra de Baleares. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Política Universitaria, destacando que, precisamente, la Universidad de Islas Baleares tiene un 70% de temporalidad del profesorado.
El Consejo de Ministro aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los primeros 46 millones de euros del Programa de incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas españolas.
Por su parte, las comunidades autónomas han aprobado este miércoles el reparto de la financiación de este programa en la Conferencia de Política Universitaria, así como los criterios con los cuales el Gobierno asigna el dinero en las diferentes autonomías para que sean ellas las que financien a sus universidades.
"Ha salido aprobada la propuesta tanto del criterio de reparto como la de la cuantía que se va a repartir durante los distintos años en los que va a durar este programa. Como no es una competencia del Gobierno de España, el mecanismo al que hemos tenido que acudir es en reparto en conferencia sectorial", ha explicado la ministra.
Al no ser su competencia, Morant ha agregado que el Gobierno no podía sacar una orden a través de real decreto de subvención directa a las universidades, por lo que todos los años el Ejecutivo tendrá que aprobar este acuerdo. "El Gobierno va a sufragar, incluso no siendo nuestra competencia, estos salarios de los profesores que se incorporarán con el programa", ha incidido.
El siguiente paso será la aprobación de convenios que recojan tanto el compromiso del Gobierno como de las comunidades autónomas para financiar las plazas de los nuevos profesores ayudante doctor durante los seis años que dura el programa. "El paso siguiente es ponernos a rematar el trabajo", ha dicho.
"Los convenios no pueden retrasarse en su firma más allá del tiempo necesario para que las universidades puedan sacar sus ofertas y sus concursos para incorporar al profesorado ya al inicio de curso", ha manifestado la ministra, destacando que estos convenios previsiblemente se firmarán durante el mes de julio, por lo que tienen "unas pocas semanas para acabar de rematar las condiciones de estos convenios".
"Ahora queda otro paso tan importante como este, que es que las comunidades autónomas firmen los convenios y que, por tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas comprometidas en hacer todos los cambios necesarios en las universidades para cumplir con esa regla que marca la ley para bajar la temporalidad del 49% de media al 20%, que es el máximo de temporalidad que vamos a aceptar", ha concluido la ministra.
Según los criterios definidos en el presente acuerdo aprobado entre Gobierno y comunidades autónomas, Andalucía necesita 774 plazas de profesor ayudante doctor; Aragón 156; Asturias 57; Baleares 46; Canarias 188; Cantabria 48; Castilla y León 445; Castilla-La Mancha 159; Cataluña 1.168; Comunitat Valenciana 707; Extremadura 89; Galicia 166; Madrid 1.091; Murcia 192; Navarra 76; País Vasco 200; La Rioja 9; y la UNED 65.
De ellas, el Ministerio financiará en Andalucía 468 plazas (6.525.814 euros de septiembre a diciembre de 2024); Aragón 94 (1.175.035 euros); Asturias 34 (398.421 euros); Baleares 28 (327.652 euros); Canarias 113 (1.683.089 euros); Cantabria 29 (326.401 euros); Castilla y León 269 (3.429.558 euros); Castilla-La Mancha 96 (1.309.003 euros); Cataluña 705 (10.797.461 euros); la Comunitat Valenciana 426 (5.522.310 euros); Extremadura 54 (621.186 euros); Galicia 101 (1.311.031 euros); Madrid 656 (8.761.094 euros); Murcia 116 (1.617.510 euros); Navarra 46 (576.358 euros); País Vasco 121 (1.863.630 euros); y La Rioja 5 (54.173 euros).
A la UNED, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, le corresponden también 39 plazas (470.061 euros), lo que sumaría un total de 3.400 plazas y más de 46,7 millones de euros.