Foto: J.SERRANO/EPVALÈNCIA (EP). El Gobierno ha dejado para la próxima semana la decisión sobre la renovación o no de las ayudas anticrisis que caducarán el 30 de junio, como la rebaja en el IVA de alimentos básicos o la reducción del precio de abonos de transporte público y títulos multiviaje.
Esas medidas se recogieron en una decreto ley aprobado el pasado diciembre con el objetivo de contener las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, sobre todo en materia de inflación. Pero tenían fecha de caducidad, el próximo 30 de junio, y sólo podrán prorrogarse con otro decreto ley aprobado en Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya adelantó su intención de mantener la rebaja del IVA en los alimentos de primera necesidad hasta que los niveles de precios sean "más adecuados". En lo que respecta al resto de medidas, Calviño dijo que el Gobierno está realizando un análisis sobre cuáles se mantendrán y cuáles se eliminarán de manera definitiva.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes no ha habido ninguna referencia al citado decreto, por lo que tendrá que abordarse la semana que viene, ya sea en la reunión del 27 de junio o en un Consejo extraordinario, para que la prórroga entre en vigor desde el 1 de julio.
A falta del Pleno del Congreso como consecuencia de la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, es la Diputación permanente, único órgano que permanece en pie, quien asumirá la facultar de convalidar o derogar las medidas que adopte el Gobierno vía decreto ley.
Entre las ayudas que caducan el próximo 30 de junio se encuentran la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (no así el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia, que se mantiene todo el año), el descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera o las ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos.
En clave energética, hay que resolver si se prorroga o no la rebaja del IVA del recibo de la luz del 10% al 5% aplicado a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios. Aquí también se incluye la rebaja del tipo del IVA aplicado en el recibo del gas natural del 21% al 5%.
También concluye el 30 de junio la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, mientras que la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.
Asimismo, el Gobierno deberá decidir si acaba con la reducción del 80% de los peajes en la industria electrointensiva; el IVA al 4% para las mascarillas y al 0% para los bienes y prestaciones para combatir el Covid; y la limitación al precio máximo en la bombona de butano. Otra cuestión es si se renueva o no la causa objetiva de despido en las empresas que se hayan beneficiado de alguna ayuda el aumento de costes energéticos.
Además, si no hay cambios en julio concluirá la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, se volverá a permitir los procedimientos y lanzamientos y se suspenderán los procedimientos negociados sin publicidad. Por este último procedimiento se permitía a los compradores públicos adquirir suministros y servicios en el plazo más breve posible.
Queda igualmente pendiente de revisión la exención al armador del buque o embarcación pesquera y su substituto, siempre que la pesca fresca accediera al puerto por vía marítima. Lo mismo ocurre con la prórroga de los ERTEs en empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por el volcán de La Palma.
