Foto: GOBIERNO DE ESPAÑAVALÈNCIA (EP). El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la implantación de un plan de formación de lenguas oficiales para el personal de la Administración General del Estado (AGE) que llegará a mil funcionarios de las seis comunidades (Illes Balears, Catalunya, Euskadi, Navarra, Comunitat Valenciana y Galicia) que prestan servicios de atención al cliente en sus lenguas.
Torres ha presidido este jueves en la Universitat d'Alacant (UA) la octava reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; la rectora de la UA, Amparo Navarro, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.
En su intervención, el ministro ha avanzado que se llevará a cabo una revisión en profundidad de los contenidos de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para traducir y facilitar el acceso en la lengua cooficial propia de las comunidades autónomas afectadas, ya que "90,31% de los servicios que presta la AGE se tramitan electrónicamente".
"Con el respeto a las lenguas maternas se preservan conocimientos, se protege la diversidad cultural y se garantizan los derechos humanos", ha manifestado, y ha destacado el papel "esencial" de los empleados públicos al "procurar una mejor atención a los derechos lingüísticos de los ciudadanos en sus territorios", algo que ha relacionado con la utilidad y pertinencia del plan.
El titular de Política Territorial ha recordado que, durante el franquismo, estas lenguas solo se pudieron hablar en la "intimidad de los hogares" y que, gracias a esa "única llama de resistencia", el país ha podido "recuperar el tiempo perdido".
En el seno del Consejo de las Lenguas Oficiales, Torres ha dado cuenta de un informe del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, en el que, tras una visita el pasado enero, se valoraron "muy positivamente" dos iniciativas del Gobierno.
Por un lado, la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para permitir a los parlamentarios y parlamentarias el uso de las lenguas oficiales. El ministro considera esta medida "un signo de avance y un ejemplo de materialización de nuestros derechos democráticos".
El segundo hito que destacó el Comité de Expertos en su informe es la solicitud del Gobierno a la Unión Europea para incluir las lenguas que se hablan en España como lenguas oficiales de la UE. Al respecto, Torres ha resaltado que el Gobierno quiere "continuar la senda de avance en los derechos de los ciudadanos, redundando en la diversidad que nos define, esa que se refleja en el Estado de las Autonomías".
Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha manifestado que las lenguas se defienden "con decisiones, acuerdos y políticas públicas que velen por ellas y las impulsen al futuro".
Además, Morant ha puesto en valor "el trabajo de investigadores e investigadoras que, desde las universidades y centros de investigación, desde las Reales Academias o las distintas instituciones autonómicas se dedican a la difusión y protección de nuestras lenguas cooficiales".
