VALÈNCIA (EP). El Gobierno ha movilizado ya 80.745 viviendas del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), que tiene como objetivo habilitar 184.000 viviendas en régimen de en alquiler social o a precios asequibles, una cifra que se alcanza a poco más de un año desde la puesta en marcha del plan. En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra asciende a 3.483.
Según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en total, el Ejecutivo tiene más de 59.879 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo a las que se suman las 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las 10.411 activadas por el Fondo Social.
A través de cinco programas, el Ministerio de Vivienda se ha comprometido ha movilizar 184.000 viviendas en alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda la geografía española, una cifra que incluye las 50.000 viviendas a movilizar por la Sareb y las 11.000 del Fondo Social.
En concreto, el objetivo inicial es poner a disposición de la ciudadanía unas 123.040 viviendas sociales de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Fondos Europeos de Recuperación NextGenerationEU, el Plan Estatal de Vivienda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y acuerdos con entidades locales.
Los programas impulsados por el Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez incluyen incluyen el acuerdo con el Ministerio de Defensa para comprar ocho millones de metros cuadrados de terrenos en desuso a través de Sepes y levantar unas 20.000 viviendas; la línea préstamos ICO de 4.000 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación para la construcción y rehabilitación de hasta 43.000 viviendas públicas y privadas destinadas al alquiler social, a la que se suma la línea de avales ICO a estos préstamos por valor de 2.000 Meuro.
También el programa para construir viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, las ayudas a las comunidades autónomas del Plan Estatal de Vivienda y los acuerdos con entidades locales.
El Gobierno ha alcanzado a formalizar con comunidades autónomas y entidades locales un total de 556 acuerdos para la construcción de 24.283 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con una inversión de casi 966,2 millones de euros, frente a las 20.000 viviendas con una inversión de 1.000 millones de euros comprometidas inicialmente.
El total, se reparte de la siguiente manera: 3.743 en Andalucía, 790 en Aragón, 566 en Asturias, 1.054 en Canarias, 285 en Cantabria, 865 en Castilla la Mancha, 1.241 en Castilla y León, 5.580 en Cataluña, 29 en Ceuta, 3.441 en la Comunidad de Madrid, 320 en Navarra, 2.041 en el caso de la Comunitat Valenciana, 477 en Extremadura, 1.140 en el País Vasco, 752 en Islas Baleares, 1.217 en Galicia, 125 en La Rioja, 569 en Murcia y 48 en Melilla.
Estas viviendas formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación. Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026.
Por su lado, la Sepes ha movilizado, dentro del acuerdo para movilizar terrenos públicos propiedad del Ministerio de Defensa, 16.780 viviendas, incluyendo Campamento (Madrid), que supondrá la construcción de 10.700 viviendas, el 60% de ellas de públicas y cuyo proyecto de urbanización ya ha sido registrado en el Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, Sepes también ha registrado en el Ayuntamiento de Málaga el proyecto de urbanización de los terrenos de la entidad en el barrio de Buenavista, para impulsar 1.400 viviendas asequibles, gracias a una actuación de casi 34 millones de euros.
El Ministerio, a través de los diferentes programas que componen los Planes Estatales de Vivienda 2018-2021 y 2022-2025, ya ha puesto en marcha la construcción de más de 8.000 viviendas.
Para su construcción, el Gobierno ha destinado más de 220 millones de euros de estos dos planes estatales a través de más de 300 acuerdos con las comunidades autónomas y entidades locales.