El PSPV acusa a Catalá de "privatizar" la gestión de la vivienda pública en València

VALÈNCIA (EFE). La concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València Nuria Llopis ha asegurado que el Partido Popular y María José Catalá han comenzado a "privatizar" la gestión de la vivienda pública en València, "cediéndola a los promotores".

Ese es el motivo, según Llopis, por el que aumentan el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública de alquiler asequible, "para hacerla más rentable ya que, a mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres para los promotores".

"Exigimos a Catalá que rectifique esta agenda ultra que excluye a las personas vulnerables y que gobierne para todos y para todas porque olvida que la vivienda pública es un derecho y la convierte en un negocio", según Llopis, que ha pedido que se mantenga el límite máximo exigible que ya existía para proteger a las familias más vulnerables.

Con esta modificación, según la concejala, el Partido Popular "deja claro que le parece mal que la vivienda pública vaya a parar a las familias que menos recursos tienen, porque este gobierno municipal ha cambiado los requisitos de acceso a la vivienda asequible con el único objetivo de aumentar la rentabilidad de a los promotores, sin pensar en todas aquellas personas que tienen menos recursos y que ahora tendrán mucho más complicado acceder a una vivienda pública".

El Partido Popular ha aumentado los ingresos máximos del 3,5 a 4,5 veces el IPREM, alegando que esta franja de renta estaba desatendida, según indica el grupo municipal socialista.

Ha recordado que Aumsa dispone de vivienda asequible para este perfil de familias, ya que el límite de ingresos que exige la empresa pública está en 4,5 veces el IPREM. Las viviendas que gestiona el Ayuntamiento para las que se aplica esta nueva normativa siempre se han considerado vivienda social, para perfiles de familias más desfavorecidas.

Pero con este cambio, "el PP obliga a competir a las familias más vulnerables con rentas más altas para conseguir una vivienda municipal", añade.

La lista de espera de viviendas sociales del Ayuntamiento supera las 1.840 familias, y ahora está lista será mayor "reduciendo las posibilidades de las rentas más bajas de conseguir una vivienda, al establecer cupos".

Según los socialistas, "no es casualidad que, ahora que el PP ha comenzado a privatizar la gestión de vivienda pública, cediéndosela a los promotores mediante permutas y derechos de superficie, se aumente el límite de renta máxima exigible a los inquilinos, ya que a mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres, puesto que no es recomendable que el alquiler supere el 30 % de los ingresos familiares mensuales".