VALÈNCIA (EFE). La concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València Nuria Llopis ha asegurado que el Partido Popular y María José Catalá han comenzado a "privatizar" la gestión de la vivienda pública en València, "cediéndola a los promotores".
Ese es el motivo, según Llopis, por el que aumentan el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública de alquiler asequible, "para hacerla más rentable ya que, a mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres para los promotores".
"Exigimos a Catalá que rectifique esta agenda ultra que excluye a las personas vulnerables y que gobierne para todos y para todas porque olvida que la vivienda pública es un derecho y la convierte en un negocio", según Llopis, que ha pedido que se mantenga el límite máximo exigible que ya existía para proteger a las familias más vulnerables.
Con esta modificación, según la concejala, el Partido Popular "deja claro que le parece mal que la vivienda pública vaya a parar a las familias que menos recursos tienen, porque este gobierno municipal ha cambiado los requisitos de acceso a la vivienda asequible con el único objetivo de aumentar la rentabilidad de a los promotores, sin pensar en todas aquellas personas que tienen menos recursos y que ahora tendrán mucho más complicado acceder a una vivienda pública".
El Partido Popular ha aumentado los ingresos máximos del 3,5 a 4,5 veces el IPREM, alegando que esta franja de renta estaba desatendida, según indica el grupo municipal socialista, que ha recordado que Aumsa dispone de vivienda asequible para este perfil de familias, ya que el límite de ingresos que exige la empresa pública está en 4,5 veces el IPREM. Las viviendas que gestiona el Ayuntamiento para las que se aplica esta nueva normativa siempre se han considerado vivienda social, para perfiles de familias más desfavorecidas.
Pero con este cambio, según el PSPV, "el PP obliga a competir a las familias más vulnerables con rentas más altas para conseguir una vivienda municipal", añade. La lista de espera de viviendas sociales del Ayuntamiento supera las 1.840 familias, y ahora está lista será mayor "reduciendo las posibilidades de las rentas más bajas de conseguir una vivienda, al establecer cupos".
Según los socialistas, "no es casualidad que, ahora que el PP ha comenzado a privatizar la gestión de vivienda pública, cediéndosela a los promotores mediante permutas y derechos de superficie, se aumente el límite de renta máxima exigible a los inquilinos, ya que a mayores ingresos de los inquilinos, mayor rentabilidad de los alquileres, puesto que no es recomendable que el alquiler supere el 30 % de los ingresos familiares mensuales".
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha respondido a las declaraciones de la edil socialista, Nuria Llopis, señalando que “los dirigentes del PSPV en cada una de sus declaraciones relacionadas con la vivienda demuestran el gran desconocimiento que tienen sobre estos temas, lo que sin lugar a dudas nos aclara las razones por las que fueron incapaces de poner en marcha una sola medida que afrontara el problema de la situación de la vivienda en la actualidad”.
“Es falso, y el PSPV los sabe, que el Ayuntamiento de Valencia haya privatizado la gestión de la Vivienda Pública y la haya cedido a los promotores. Es falso, y el PSPV lo sabe, que el Ayuntamiento de Valencia haya aumentado la renta para acceder a una vivienda pública para hacerla más rentable y que se beneficie a los promotores”, ha manifestado.
La Vivienda de Protección Pública está regulada por un decreto de la Generalitat Valenciana donde establece las características de las viviendas, los precios de alquiler y de venta que deben establecer promotores y es una competencia autonómica que desde el Ayuntamiento no podemos modificar. Y eso el PSPV lo sabe, o lo debería saber.
“El Ayuntamiento si que ha modificado los criterios para la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública en régimen de alquiler asequible con el fin de que más familias puedan acceder a las VPP”, ha explicado.
Ante la evolución de los precios de los alquileres de la vivienda el Ayuntamiento ha considerado necesario flexibilizar los criterios para adjudicar las VPP con el fin llegar sectores y familias más amplias de la sociedad y que más familias se puedan beneficiar.
“Y hablamos de la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública que son propiedad del Ayuntamiento, en ningún caso se está regulando o actuando sobre la VVP de promoción privada. Y eso el PSPV lo sabe y es despreciable mentir, distorsionar la realidad y enredar con declaraciones malintencionadas en un tema tan preocupante como es el acceso a la vivienda”, ha aclarado.
“Y hay que recordar que si en 4 años el gobierno del Botanic solo adjudicó 31 viviendas y el gobierno de María José Catalá en un solo año ya ha adjudicado 39 viviendas demuestras que la vivienda no estaba entre tus prioridades, no como ocurre ahora. Y vamos a seguir adjudicando viviendas para que más familias valencianas se beneficien de las VPP del Ayuntamiento”, ha concluido Giner.