Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). Uno de cada cuatro contratos de emergencia cerrados por el Gobierno durante el primer año de la pandemia de coronavirus se hizo verbalmente, sin tramitación por escrito, y en ellos se invirtieron casi ocho millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas. De los ministerios analizados, los departamentos que más gastaron por esta vía excepcional fueron los de Ciencia, Defensa, Justicia y Política Territorial.
Así consta en el Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos autónomos, que afecta a los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Educación, Ciencia, Universidades, Cultura, Interior, Justicia, Presidencia, Igualdad y Política Territorial, así como a sus organismos autónomos adscritos.
Para la fiscalización se seleccionaron 100 contratos de los 347 comunicados, por una cuantía de 48,2 millones de euros, lo que supone el 75% del importe total de la contratación de este tipo (64,2 millones de euros).
En el informe, recogido por Europa Press, el fiscalizador recuerda que en el procedimiento de emergencia la ley exime "de la obligación de formar un expediente de contratación y permite contratar verbalmente", una manera de contratar que se utilizó en el 24% de las contrataciones analizadas, de las que no hubo documentación por escrito. Aunque es una fórmula contemplada en la ley, el tribunal recomienda que se procure la tramitación escrita.
Pero, además, el tribunal ha detectado que cinco de esos contratos no debieron realizarse por el procedimiento de emergencia porque no cumplían los requisitos que se exigían para ello: que las medidas estuvieran relacionadas directa o indirectamente con el covid y que estuvieran encaminadas a atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas aprobadas por el Gobierno. Y esos cinco contratos que no se ajustaban a estos criterios fueron realizados de manera verbal.
Según los datos recopilados por Europa Press, el Ministerio de Ciencia e Innovación es el que más recurrió a los contratos verbales, con un total de nueve, que ascendieron a 1.866.498 millones de euros. Los más cuantiosos corresponden al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria: uno de 923.591,98 euros para la adecuación de laboratorios en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) y otro, de 306.052,04 euros, para el equipamiento de los mismos.
Ninguno de los dos cumplía los requisitos para una tramitación de emergencia. Según reseña el informe, en ambos se fijó un plazo de ejecución de seis meses -lo que choca con la supuesta urgencia-, pero la inexistencia de certificados de conformidad y de actas de recepción de ambos ha impedido conocer el plazo efectivo de ejecución.
Además, el relativo a la adecuación de los laboratorios incluía la sustitución de dos depósitos antiguos y deteriorados. Sin perjuicio de que fuesen actuaciones necesarias para la protección del contagio del virus, el tribunal señala que la situación de estos elementos ya era conocida con anterioridad por lo que, de haber mantenido una correcta planificación, "la contratación se hubiese realizado en su tiempo debido y por procedimientos ordinarios".
Por otra parte, el Instituto Salud Carlos III cerró otro contrato verbal con el concepto de 'asistencia técnica analista funcional', de 264.234,19 euros por hora, cuya tramitación urgente no cuestiona el fiscalizador.
Sí lo hace en el caso de un servicio de mudanza contratado por el mismo instituto, también de manera verbal, por un importe de 33.940,50 euros, que derivaba de un procedimiento ordinario iniciado en 2019 que se transformó en uno de emergencia con el argumento de que no se pudo publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante.
El órgano que preside Enriqueta Chicano sostiene que los servicios de mudanza no estaban "especialmente afectados por las circunstancias de la pandemia" y recuerda que "las actuaciones por este procedimiento excepcional deben limitarse a aquellas que sean estrictamente necesarias para hacer frente a la emergencia".
En segunda posición en cuanto al número de contratos verbales, figura el Ministerio de Defensa, con un gasto total de 1.676.441,24 euros en dos procedimientos. En concreto, pagó 1,13 millones para comprar equipos para rastreadores de covid, mientras que destinó 540.625 euros para transformar de cinco vehículos en ambulancias para la Unidad Militar de Emergencia.
La cifra pagada por tres contratos verbales por el Ministerio de Justicia es de 1.227.235 euros. El mayor, de 799.035,60 euros tenía como objetivo la adquisición de suministros para la protección del personal de la Administración de Justicia de las Gerencias Territoriales.
El Ministerio de Política Territorial se gastó 1.100,216 euros en un único, contrato verbal para comprar material sanitario de protección destinado al personal de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la Administración General del Estado.
En su informe, el Tribunal de Cuentas también consigna 853.338 euros pagados por Interior para tres contratos verbales, uno de ellos, de 600.000 euros, suscrito por la Dirección General de la Policía para la realización de un mínimo de 8.000 pruebas PRC a los agentes.
De su lado, el Ministerio de la Presidencia abonó 635.199,58 euros por dos contratos de emergencia no realizados por escrito. Uno de ellos, cifrado en 591.199,58 euros, fue un contrato de Patrimonio Nacional para las obras de adecuación de vestuarios y aseos de personal en el sótano primero del Palacio Real de Madrid.
Este es otro de los cinco contratos de emergencia del centenar analizados que, según el fiscalizador, no se ajustaron correctamente a los criterios fijados para la tramitación de emergencia. Patrimonio había empezado a preparar el contrato en 2017 para licitarlo entre 2020 y 2021 pero, a raíz de la pandemia, se cambió por un procedimiento de emergencia, para acelerar la obra y disponer lo antes posible de espacios con las exigencias de distancia y salubridad necesarias.
El tribunal concluye que la contratación de la obra principal debería haberse hecho mediante un procedimiento ordinario "garantizase los principios de libre concurrencia y transparencia", y haber circunscrito la emergencia exclusivamente a la contratación de las casetas temporales acondicionadas para vestuarios que se incluyeron también en el contrato.
Por su parte, el Ministerio de Cultura dedicó 546.724,14 euros para tres contratos verbales. El más cuantioso, de 368.154 euros, fue para la compra de licencias de libros electrónicos y audiolibros para bibliotecas. Este es otro de los contratos no debieron tramitarse por el procedimiento de emergencia.
El tribunal admite que el confinamiento provocó un "aumento significativo del uso del servicio de préstamo de libros digitales" por lo que se requerían más licencias, pero no "aprecia la vinculación del objeto del contrato con la protección de las personas". Además, cuando fue aprobada la emergencia, las dos adjudicatarias ya tenían en ejecución sendos contratos con un objeto idéntico, sin que la documentación remitida aclare si se permitía su modificación y ampliación, lo que habría evitado acudir a la urgencia.
Por último, el Ministerio de Educación gastó 49.463 euros en un único contrato verbal para comprar material sanitario para centros docentes.
