MADRID (EFE). La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso no se ha reunido este martes, como se preveía, para aprobar el dictamen del proyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que prevé que gasistas y petroleras también contribuyan a los costes del sistema eléctrico, como los asociados a las renovables.
La ponencia parlamentaria encargada del proyecto terminó sus trabajos hace una semana y la previsión era aprobar su dictamen y el del proyecto para recortar la sobrerretribución de las centrales no emisoras de CO2 (nucleares, hidráulicas y eólicas anteriores a 2003) en una comisión a celebrar este martes, 28 de junio, para ya pasar al Senado.
Al final no ha habido comisión este martes y fuentes parlamentarias señalan a Efe que ello se debe a que el Gobierno alega que algunas de las medidas sobre electricidad que se aprobaron el pasado sábado en el real decreto-ley de medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania podrían afectar a lo recogido en estos proyectos de ley.
Por su parte, el grupo popular, en un comunicado, ha celebrado que el Gobierno rectifique y paralice la tramitación parlamentaria del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), ya que iba a incrementar el precio de los carburantes y el gas, introduciendo un nuevo lastre a la competitividad de las empresas. Recuerdan que, por eso, el PP había solicitado en varias ocasiones al Gobierno que no aplicara ni tramitara esa ley, que ahora se paraliza.
En diciembre de 2020, el Gobierno acordó iniciar la tramitación de un anteproyecto ley para crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con el fin de sacar de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las renovables, lo que dijo que abarataría el recibo al consumidor al menos un 13 % en cinco años.
El Fondo introduce un nuevo sistema de financiación de los costes regulados y saca de la factura de la luz los asociados al régimen retributivo de las renovables, cogeneración y energía producida con residuos, que suponen unos 7.000 millones de euros al año de los alrededor de 17.000 millones a que ascienden todos los costes regulados de la electricidad.
Los sujetos obligados a financiar el Fondo serán los comercializadores de todos los sistemas energéticos, que contribuirán al mismo trimestralmente en función de sus ventas. Ello incluye a comercializadoras de luz, gas y de productos petrolíferos, pero también a aquellos consumidores que compran sus suministros directamente en el mercado y no a través de comercializadoras.
Para algunos sectores se contemplan exenciones y bonificaciones, de forma que estarán exentos de aportar al Fondo el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo) y el porcentaje de mezclas bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
Las bonificaciones serán para el gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural.
Las aportaciones se harán mediante pagos trimestrales proporcionales a las ventas de energía de los comercializadores. El temor es que las comercializadoras trasladen a los consumidores la aportación que tienen que hacer al Fondo, algo que cuando se presentó el anteproyecto el Gobierno descartó porque repercutiría en su cuota de mercado. Precisamente, este es el temor que ha trasladado en varias ocasiones el clúster cerámico.
La previsión es que el Fondo sustituya en cinco años los cargos fijos del sistema eléctrico destinados a financiar el régimen de las renovables, incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura.
La futura creación de este fondo ha sido aplaudida por las compañías eléctricas, pero fuertemente criticada por las empresas de gas y de productos petrolíferos, y cuando se presentó el anteproyecto, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, llegó a decir que el FNSSE estaba pensado para pagar "las fiestas pasadas del sector eléctrico".
La reactivación de la tramitación parlamentaria del FNSSE ha reavivado ahora las críticas, entre ellas las de la gran industria, que a través de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española -en la que están las patronales automovilística, química, siderúrgica, del papel, de bebidas y la asociación de operadores petrolíferos- ha cifrado el coste del Fondo para la industria en 2.500 millones entre 2022 y 2026.
Señala que firmas de 'retail' han lanzado sus servicios ‘pre-owned’ al constatar más demanda mientras que el sector del lujo y de la alta joyería y relojería también cuenta con grandes referentes.