Foto: EUROPA PRESS/R.Rubio.POOLVALÈNCIA (EP). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que prorrogará un año más, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la Ley que recoge la cláusula de salvaguarda de las pensiones (caducaba el próximo 31 de diciembre), según ha informado en un comunicado.
Esta prórroga permitirá que los trabajadores despedidos antes del año 2011 puedan jubilarse en mejores condiciones. De no haberse hecho así, las personas afectadas habrían tenido solo tres días para tomar la decisión de solicitar la jubilación con las reglas pactadas en su día o las que están actualmente en vigor.
De esta manera, se garantizan los requisitos y condiciones anteriores a la Ley 27/2011. Además, esta situación está condicionada a que después de esa fecha ninguna de estas personas haya sido incluida en algún régimen de la Seguridad Social.
También pueden acogerse las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013.
Además, se sigue manteniendo el derecho a que estas personas decidan optar por la legislación ahora vigente. Según Seguridad Social, con esta medida se busca proteger a los trabajadores que salieron del mercado laboral con edad avanzada y sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones.
Esta cláusula, incluida en la reforma impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue pactada con los sindicatos y la patronal, fue limitada hasta el 31 de diciembre de 2018 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y prorrogada el año pasado y este año por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros ha autorizado asimismo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Adif, para la ejecución de tres licitaciones para el control de la vegetación en las líneas ferroviarias, el mantenimiento de las estaciones de viajeros y el de las instalaciones de protección de pasos a nivel, por un importe total conjunto de 101 millones de euros.
El contrato de mayor importe es el de control de la vegetación y los márgenes de la plataforma en el ámbito de las líneas convencionales y de la red de ancho métrico, ya que cuenta con un valor estimado de 58,9 millones de euros, incluyendo las posibles prórrogas, según informa el Ministerio.
El contrato se divide en seis lotes, correspondientes a las áreas territoriales Noroeste, Norte, Noreste, Este, Centro y Sur. En el caso del tratamiento de la plataforma, el objetivo es mantener sin vegetación las zonas de banqueta y de transición.
En lo que se refiere a los márgenes de la plataforma, el contrato prevé la realización de servicultura preventiva, con el objetivo de controlar la vegetación en las zonas de paseos y márgenes e instalaciones ferroviarias para minimizar el riesgo de incendio y reducir al máximo los efectos negativos en la infraestructura ferroviaria y las instalaciones.
Por su parte, el contrato para el mantenimiento en estaciones de viajeros cuenta con un valor estimado de 28 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses sobre un total de 1.498 estaciones, todas las de Adif y Adif Alta Velocidad que tienen tráfico de viajeros.
A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros ha aprobado también el real decreto que establece las metodologías de cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los almacenamientos subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso, que permitirá una disminución de los costes regulados de la factura gasista con respecto a los peajes vigentes que, en el caso del consumidor doméstico, se rebajarán alrededor del 25%, según informó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.
No obstante, la fracción del recibo correspondiente a cargos es muy reducida en relación con los peajes, siendo en un usuario medio acogido a la Tarifa de Último Recurso 1 (TUR 1), solo un 2% de la factura anual, lo que supone unos 2 euros anuales.
La normativa, que se suma a la circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobada el pasado julio, permite que los vigentes peajes de acceso al sistema gasista, que figuran en el recibo de gas natural, se sustituyen por dos nuevos conceptos.
Estos son los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y a las plantas de gas natural licuado (GNL), que corresponde fijar a la CNMC, y los cánones de acceso a los almacenamientos subterráneos, que son establecidos por el Gobierno, junto a los cargos del sistema, que financian los costes no vinculados al uso de las instalaciones y que suponen alrededor de 100 millones de euros, siendo el Ministerio es la institución encargada de determinarlos.
La norma aprobada hoy se desarrolla en cumplimiento con el real Decreto-ley 1/2019, que estableció un nuevo reparto competencial entre el Gobierno y la CNMC para garantizar su total independencia.
