Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Foto: JESÚS HELLÍN/EPVALÈNCIA (EFE/José Miguel Blanco). El Gobierno asume la espera para intentar la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2025 como una dificultad más de las que se le han ido presentando a lo largo de la legislatura, pero optimista ante el desenlace final, aceptando la situación "sin dramatismo" y sin riesgo para la estabilidad.
Así lo afirman a EFE fuentes del Ejecutivo, después de que el Consejo de Ministros retirara esta semana la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad ante la certeza de que no iba a contar con los apoyos necesarios en el Congreso para salir adelante.
El mensaje que, tras ese movimiento, se lanza desde el Gobierno, empezando por su presidente, Pedro Sánchez, es que van a cumplir con su obligación, van a presentar en su momento el proyecto de ley correspondiente y están convencidos de que hay margen para su aprobación en las negociaciones que quedan por delante.
"Claro que el escenario idóneo sería contar con presupuestos cuando toca, pero la realidad es la que es y se va a seguir afrontando sin tirar la toalla y con el convencimiento de que pueden aprobarse", aseguran.
Clave para ello serán los siete diputados de Junts que han tumbado ya otras iniciativas del Gobierno y que siguen dispuestos a vender caro su respaldo a las propuestas que han de votarse en el Congreso.
Para que la negociación pueda dar sus frutos se requiere tiempo y, el hecho de que Sánchez admitiese públicamente que no se avanzará en las nuevas cuentas del Estado hasta después del congreso que tiene por delante el partido de Carles Puigdemont, pero también el que ha de celebrar ERC para decidir su liderazgo, se interpreta como "un baño de realidad".
"El Gobierno no hace política sobre el vacío", dijo Sánchez en rueda de prensa en Nueva York poniendo voz a la necesidad de que haya un horizonte para que los presupuestos vean la luz.
Otras fuentes del Ejecutivo precisan que lo que podría posponerse a los congresos de Junts y ERC es la aprobación, por el Consejo de Ministros, del proyecto de ley, y que antes de esas citas se presentase la nueva senda de estabilidad tras la retirada esta semana de la que estaba abocada al rechazo.
La negociación de esa senda va a seguir estando, por tanto, en las conversaciones con Junts antes de empezar a hablar con este partido y con otros socios parlamentarios del contenido del proyecto de ley presupuestario.
No beneficia en nada a las negociaciones, según el Gobierno, la pugna existente entre ERC y Junts (evidenciada en un agrio rifirrafe dialéctico en el último pleno del Congreso entre los diputados Gabriel Rufián y Josep María Cruset) después del acuerdo del PSC con los republicanos para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y ante la celebración de sus respectivos congresos.
Esa lucha independentista, que preocupa en el Ejecutivo, creen que conlleva que ambas formaciones compitan en una escalada de peticiones al Gobierno para dar respaldo a sus propuestas.
La aprobación de las cuentas para 2025 reconocen que aportaría un plus de visibilidad a la estabilidad de la legislatura, que, con o sin presupuestos, el Ejecutivo afirma que no está en riesgo.
De la misma forma, restan importancia al hecho de que sea ya imposible aprobar el proyecto de ley en tiempo y forma, es decir antes del 31 de diciembre, y recuerdan que hay precedentes en los que han visto la luz verde del Parlamento sobrepasada esa fecha.
La última vez fue en 2018, cuando los presupuestos para ese año fueron aprobados el 28 de junio y, además, dándose la paradoja de que fueron ejecutados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que se presentaron por el de Mariano Rajoy, ya que a primeros de ese mes hubo relevo en Moncloa tras triunfar por vez primera en la actual etapa democrática una moción de censura.
De forma paralela a las conversaciones presupuestarias se mantiene el debate sobre la financiación singular de Cataluña, que volvió a defender esta semana ante el pleno del Congreso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una sesión en la que Junts no desaprovechó la ocasión para advertir de nuevo de que, sin sus votos, las iniciativas del Gobierno no prosperarán.
Esa financiación singular será uno de los asuntos que estará presente en el 41 Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre, que coincidirá con el congreso previsto por ERC para el 30 de noviembre, en el que se elegirá a la nueva dirección del partido y que se desarrollará un mes después del convocado por Junts, del 25 al 27 de octubre.
Tras todas esas citas congresuales, el Gobierno espera que se despejen las dudas y se avance de forma decidida en el texto presupuestario, insistiendo en que carece de importancia que, de forma automática, vuelvan a prorrogarse los presupuestos de 2023 el próximo 1 de enero a la espera de aprobar más adelante las nuevas cuentas.
Mientras tanto, da por descontado que el Partido Popular no asumirá la responsabilidad, que considera que tiene, para facilitar que salgan adelante los presupuestos y la senda de estabilidad, después de que rechazara la planteada inicialmente, pese a que aumentaba en 12.000 millones el margen de gasto presupuestario, y permitía mejorar servicios que prestan comunidades autónomas y ayuntamientos.
Ante esa tesitura, el Gobierno reconoce que la vía para que haya nuevos presupuestos en 2025 es Junts, en cuyo contexto se enmarca que una delegación del PSOE se desplazara la semana pasada a Suiza para reunirse con dirigentes del partido de Puigdemont conscientes de que es necesario mantener los puentes y no romper un diálogo imprescindible.
Diálogo entre los partidos, pero no al máximo nivel. La reunión Sánchez-Puigdemont, que en su día se anunció que se concretaría en algún momento, sigue sin tener fecha.
