La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Foto: R.RUBIO.POOL/EPVALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por
el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, los denominados 'beneficios caídos del cielo' principalmente de la nuclear y la hidráulica, tras introducir modificaciones en su trámite de audiencia, para su inmediata remisión al Congreso de los Diputados con el objetivo de culminar su tramitación y que suponga una rebaja en la factura de la luz de los consumidores.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó que "no es momento para maximizar beneficios" por parte de las empresas y subrayó que la prioridad del Ejecutivo pasa por "aliviar el bolsillo del consumidor" en un momento de precios de la luz disparados.
Ribera indicó que el texto que se remite al Congreso de los Diputados, después de un anteproyecto que provocó el levantamiento en contra de las grandes eléctricas a la propuesta, introduce modificaciones que recogen las "observaciones y comentarios de los distintos actores", así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado para "garantizar su solvencia y rigor".
Además, Ribera se mostró confiada en que esta medida para abaratar el recibo de la luz de los consumidores y la industria, como la rebaja del IVA del 21% al 10% o la suspensión temporal del impuesto al 7% de la generación aprobadas el pasado mes, reciban el respaldo de las fuerzas parlamentarias en el Congreso, incluido el PP, que hace unos meses planteó una propuesta en el sentido de la norma.
En concreto, los cambios introducidos en el proyecto afectan al establecimiento de un umbral mínimo de 20 euros en el precio del CO2 a partir del cual se activaría la minoración, asegurando así "la rentabilidad y la viabilidad" de las plantas, dijo.
Además, se ha realizado una modificación en la fecha de referencia para las plantas a las que afectará la medida, traslandándose a dos años antes, desde 2005 a 2003.
Al objeto de determinar la cuantía del dividendo de carbono a detraer, el borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las referidas instalaciones y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad.
De acuerdo con esta fórmula, la minoración de ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones de euros con la tonelada a 100 euros.
Con los actuales precios del ETS (por las siglas en inglés del mercado), que superan los 50 euros por tonelada, el importe de la minoración sería de unos 625 millones de euros, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones.
En el anteproyecto que se lanzó a consulta hace unos meses el recorte a las instalaciones ascendía a en torno al 25% facturación media anual de las centrales afectadas, ascendiendo a unos 1.000 millones de euros anuales.
Además, el 10% de la cantidad resultante se destinará a combatir la pobreza energética; concretamente, ayudará a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
Mientras, el otro 90% cubrirá costes del sistema eléctrico, priorizando la financiación de los mecanismos de capacidad en vigor, y destinando el excedente a financiar los cargos del sistema eléctrico; en consecuencia, bajará la factura final de todos los consumidores, en un rango que abarca desde el 2,5% en el caso de un hogar hasta el 0,85% para una gran industria, según la actual coyuntura, indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.
En concreto, la norma plantea recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO2.
Los elevados precios de este mercado se repercuten en el mercado mayorista de la electricidad y en la actualidad proporcionan a estas
plantas unos beneficios extraordinarios -dividendo de carbono- "que no se consideran adecuados", indicó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Este proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico coincide en el Congreso con el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), otra propuesta normativa para retirar de los cargos del sistema eléctrico la retribución regulada de las renovables históricas, la cogeneración y los residuos -más de 6.000 millones en 2020- de un modo progresivo durante un quinquenio, repartiéndolos entre todos los vectores energéticos.
La combinación de ambas normas, que forman parte de la reforma energética estructural que acomete el Ejecutivo, abaratará permanentemente la factura eléctrica de los consumidores en una horquilla desde el 15% de un hogar hasta el 1,5% de una gran industria, según estimaciones del Ministerio.
