VALÈNCIA (EFE). El Gobierno ha aprobado en las últimas semanas, a las puertas de las elecciones generales, una inversión de más de 1.100 millones de euros para conservar y mantener un total de 5.586 kilómetros (km) de carreteras, entre ellas todas las de peaje quebradas que pasaron a ser gestionadas por el Estado.
El Ejecutivo ha autorizado en los últimos Consejos de Ministros distintos contratos de conservación, mantenimiento y mejora de firmes bajo el nuevo modelo de contrato para reducir emisiones.
En concreto, el pasado 27 de junio dio luz verde a una inversión de 293 millones para conservar 2.017 km de carreteras (693 km de autovía) en Asturias, Cantabria, Madrid y las provincias de Soria, Zamora, Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Badajoz.
Además, el 4 de julio el Consejo de Ministros aprobó la licitación de siete contratos de conservación y explotación en 1.354 km de carretera (660 km de autovía) en las provincias de Zamora, Toledo, Valencia y Galicia por 245 millones de euros.
Esta misma semana, el Gobierno aprobó también la licitación, por 414,7 millones, de tres contratos de servicios para el mantenimiento preventivo y la mejora de los firmes de 1.515 km de carreteras convencionales en las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid.
También autorizó la licitación de un contrato de conservación y explotación para 700 km de las nueve autopistas de peaje rescatadas por el Estado (M-12, R-2, R-3, R-4, R-5, AP-36, AP-41, AP-7 Circunvalación Alicante y AP-7 Cartagena-Vera) por 157,5 millones en las provincias de Madrid, Alicante, Murcia, Almería, Toledo y Guadalajara.
Como novedad, se han incluido en los pliegos mecanismos para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos de forma que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono, un plan que se incluirá dentro de los criterios de valoración.
Además, el Ministerio ha implementado también un nuevo modelo de contratación que aboga por el mantenimiento preventivo frente al correctivo y que emplea sistemas de gestión de activos para su correcta monitorización.
Las actuaciones a realizar en el marco de estos contratos comprenden la vigilancia y atención de accidentes; vialidad invernal; servicio de control de túneles y comunicaciones; mantenimiento de instalaciones; rehabilitación y mejora de firmes; repintado de marcas viales; señalización; impermeabilización de estructuras, así como obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía en determinadas carreteras.