Panorámica del hemiciclo municipal durante el último debate del estado de la ciudad. Foto: ESTRELLA JOVER.VALÈNCIA. La bronca está servida. El Ayuntamiento de València y el Gobierno se están enfrentando en los tribunales por una cuestión administrativa. Este viernes dos de los pesos pesados del Govern de la Nau, Sergi Campillo y Consol Castillo, calificaron como “recurso de la vergüenza” y “recurso maligno” el presentado por la Delegación del Gobierno para anular el acuerdo de modificación de plantilla que permitía al Ayuntamiento contratar, con la subvención de 3,1 millones de euros de la Consellería de Igualdad, personal para llevar a la cabo la valoración de miles de ciudadanos y ciudadanas en situación de dependencia. Mientras, desde la Delegación del Gobierno se apresuraban a justificarse y aseguraban que era “una irregularidad administrativa” y que de ningún modo desde el Gobierno se estaba en contra de crear plazas “destinadas al Bienestar Social”.
El origen de la bronca entre ambas instituciones se halla en una decisión del abogado del Estado, que ha presentado el recurso al entender que se podía incurrir en un fraude de ley al vulnerarse la normativa presupuestaria y de la función pública “al no dotar presupuestariamente las plazas con el importe real de las mismas”. Así, desde la Delegación de Gobierno hicieron ver que en el recurso presentado se señala que se incumple el artículo 41.2 de la Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, al dotar cada una de las 69 plazas creadas con sólo un euro.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de València, los dos concejales del Govern de la Nau salieron a la palestra para reclamar “a la Delegación del Gobierno, al gobierno de España y al Partido Popular que retiren inmediatamente ese recurso porque están poniendo en peligro el bienestar de miles de vecinos y vecinas de València.” “El Partido Popular, en lo que nosotros consideramos el recurso de la vergüenza, nos insta a anular ese acuerdo de modificación de plantilla y con ello imposibilita la contratación de personas y la valoración de los miles y miles de personas de nuestra ciudad que están en situación de dependencia esperando a ser valoradas”, explicó Campillo, concejal de Gobierno Interior y Personal. “El recurso de la vergüenza ataca a la autonomía local y nosotros no vamos a aceptar que, en ningún caso, el gobierno Central en manos del Partido Popular impida que atendamos a tantas personas que están esperando a ser valoradas para acceder a su derecho a la Ley de Dependencia.” Campillo recordó el trabajo “muy duro” realizado durante estos meses en el Servicio de Personal para poder tener a punto las bolsas. “La semana pasada constituimos la de trabajadores sociales y en los próximos días constituiremos la bolsa de educadores sociales. En ningún caso vamos a consentir que el gobierno del Partido Popular nos impida contratar a ese nuevo personal.”
Campillo calificó de “vergüenza mayúscula e indecencia” que el PP quiera impedir que se valore la dependencia. “Se les debería de caer la cara de vergüenza por este recurso en el que la Delegación del Gobierno pide al juzgado que suspenda cautelarmente el acuerdo tomado por el pleno el 30 de marzo pasado, con la intención de impedir las nuevas contrataciones. Pero voy a ser muy claro: nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta en defensa de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que están en una situación complicada. Vamos a oponernos y defenderemos absolutamente la autonomía municipal y la decencia”, avanzó. Mientras que Castillo mostró idéntico malestar. “En política no vale todo”, dijo la concejala delegada de Servicios Sociales, “y este recurso se ha hecho desde la maldad y esconde una gran maldad, porque afecta a una gran cantidad de personas vulnerables”.
Sergi Campillo y Consol Castillo, durante la rueda de prensa en la que denunciaron el recurso.En la rueda de prensa en la que comparecieron ambos miembros del Govern de la Nau, Campillo habló de “boicot del Partido Popular”. “Quieren ahogar el éxito de las políticas sociales del Govern del Botànic y del Govern de la Nau”. “No lo vamos a consentir. Nos pondremos del lado de los vecinos y de las vecinas, que son lo más importante. A quien ataca este recurso no es al Govern de la Nau, es a las personas que están esperando ser valoradas. El Partido Popular quiere dejarlas en la estacada, quiere dejar en la cuneta a miles y miles de vecinos y vecinas que están esperando su valoración para acceder a las ayudas”, insistió.
Según un informe realizado a finales de 2016 y al que aludió este viernes Castillo, el Ayuntamiento de València detectó que había valoradas en situación de dependencia “alrededor de 10.500 personas”, de las que el 60% son mujeres. Por otro lado, en torno al 60 % de personas con algún grado de dependencia reconocido es mayor de 64 años, el 28’15% tiene entre 85 y 94 años, y el 19’22% entre 75 y 84 años. ”Esas personas son la foto fija de la ciudadanía a la que va a afectar ese recurso si es admitido a trámite”. Castillo precisó también que más del 98% de las personas dependientes “tienen nacionalidad española”.
Tal y como recordaron desde el consistorio, fue el acuerdo plenario del 30 de marzo el que aceptó la modificación de la plantilla del Ayuntamiento para asumir las competencias de valoración de la dependencia que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas había determinado que se hiciera a través de los ayuntamientos. Para ello la Generalitat ordenó una subvención de más de 3 millones de euros este año para la contratación del personal necesario. Con ese dinero estaba previsto contratar a un total de 62 personas entre técnicos medios, técnicos auxiliares, subalternos, personal administrativo, educadores sociales, sociólogos, psicólogos o y agentes de desarrollo, contrataciones que el Ayuntamiento piensa seguir llevando adelante.
En mayo de 2017, dos meses después del acuerdo plenario, la Delegación del Gobierno ya instó a anularlo vía administrativa argumentando la Ley Presupuestaria y el Estatuto Básico del Empleo, “con argumentos erróneos y en nuestra opinión confundiendo los términos”, indicó Campillo. “Es cierto que las administraciones no podemos aprobar incrementos retributivos por encima de lo que marca la ley, pero en ningún caso la ley prohíbe incrementos del Capítulo 1 y del gasto de personal, y más si estábamos asumiendo una nueva competencia y disponiendo de una subvención finalista de la Consellería para contratar personal”, añadió.
Desde la Delegación de Gobierno apuntaron que su recurso había sido admitido a trámite por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1, algo que según estiman justificaría la presentación del mismo. Igualmente, insistieron en que se trata de una cuestión administrativa, derivada de la no consignación presupuestaria de los gastos de personal. Con todo, en su argumentario no ofrecieron ninguna explicación de por qué en lugar de recurrir no habían optado por negociar con el Ayuntamiento que se corrigiera ese error burocrático
