VALÈNCIA. La incertidumbre que rodea al Proyecto de Actuación Integral (PAI) del sector 31/32 de Godella -conocido como el entorno de la Torre del Pirata- parece llegar a su fin después de años de sentencias judiciales. La corporación municipal ha convocado un pleno extraordinario este jueves para proceder a su aprobación, algo que ha propiciado las quejas del colectivo vecinal.
Cabe recordar que el plan prevé la construcción de 447 viviendas en un nuevo barrio residencial. En él, habitarán un total de 1.500 personas y se ubicará en un terreno frondoso de 15 hectáreas, por lo que será necesario retirar los árboles y la vegetación que supongan un obstáculo en la edificación. Para evitar la llegada de las excavadoras, los vecinos y vecinas de la localidad han reunido más de 2.000 firmas que han sido desestimadas por el Ayuntamiento.
Tal y como ya informó Valencia Plaza, desde el área de Urbanismo se buscaba llevar el proyecto al pleno lo antes posible, tan solo hacía falta un último documento para finalizar los trámites administrativos solicitados. No obstante, han sido varias las ocasiones en las que se ha planteado la cuestión, pero finalmente no ha prosperado. Por este motivo, a pesar de haber recibido la información de la mano de los propios representantes políticos, la ciudadanía tiene dudas sobre los acontecimientos que sucederán esta misma tarde y desea que haya alguna alternativa.
Al conocer las noticias, la "Asociación Vecinal Salvem la Torreta del Pirata" ha hecho un llamamiento a la movilización, convocando una reunión frente a la puerta del ayuntamiento a las 18:30 horas, una hora antes de que empiece el pleno. Allí, expresarán su disconformidad ante la falta de respuestas y el avance de la iniciativa pese a las irregularidades en el proceso.
Los habitantes de Godella llevan años luchando por salvar el bosque de un proyecto que definen como una "destrucción" y cuya historia se remonta a los inicios de los 2000. A pesar de que se aprobó en el comienzo del nuevo siglo, la crisis económica paralizó la puesta en marcha, de manera que el PAI caducó en 2018. Sin embargo, los propietarios presentaron alegaciones en 2020, se declaró la nulidad de la caducidad del PAI y las obras volvieron a estar sobre la mesa.
En la actualidad, hay un recurso contencioso administrativo presentado en el juzgado. Además, numerosas instituciones, como el Síndic de Greuges o la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat, se han visto involucradas con el objetivo de aclarar si todos los trámites se han hecho de forma correcta ante la ley. El último informe fue de la Agencia Valenciana Antifraude, mediante el cual ha instado al Ayuntamiento a imponer una sanción de 2,2 millones de euros al agente urbanizador por el incumplimiento del plazo de ejecución de las obras.
Mientras que se investiga acerca de las posibles irregularidades, la ciudadanía sale a las calles a defender sus ideales en un día que es decisivo para el futuro de la localidad. Porque, si finalmente se procede a la aprobación, la Torreta del Pirata cambiará para siempre.