Foto: ALBERTO ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha marcado final de legislatura como plazo para aprobar el decreto para homogeneizar los distintos regímenes jurídicos que existen actualmente entre el personal de la sanidad pública valenciana. "Es una de las mayores dificultades que tenemos", ha admitido.
Gómez, durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press, ha apuntado que la Comunitat Valenciana es la que cuenta con que más regímenes jurídicos distintos entre su personal -estatutario, funcionario, laboral de Diputación, laboral a extinguir, laboral de fundaciones- lo que "perjudica y ralentiza la gestión", pero "sobre todo perjudica a los trabajadores porque, en el mismo sitio, no tienen los mismos derechos y deberes".
El problema, ha explicado, es que el acuerdo al que hay que llegar no es "con las fuerzas sociales, los sindicatos, sino con las personas". Así, se ha referido a las diferentes demandas que le trasladaron en un hospital, tras la reversión, el personas estatutario y laboral a extinguir.
"Esto no va de sindicatos, esto va de personas y es extremadamente difícil", ha convenido. "Llevamos todo un año trabajando, lo voy a intentar una vez y si no puedo una segunda y si no podemos conseguirlo, tendremos que decir no hemos podido y lo dejo", ha apuntado.
Respecto a la negociación para implantar las 35 horas, ha recalcado: "Se ha hecho más en estos siete meses de legislatura que en los últimos siete años y 5 meses". Así, ha tildado de "electoralista" el acuerdo suscrito por el anterior Gobierno del Botànic, que un informe de Abogacía de la Generalitat declaró nulo por no contar con un informe favorable de la conselleria de Hacienda, y ha criticado que fue "una dávida" de once jornadas anuales, no una reducción "real" de 35 horas entendidas "como un horario de lunes a viernes de 8 a 15.00 horas para poder conciliar".
Además, ha señalado que el pacto anterior requería la contratación adicional de cerca de 1.500 a 2.000 profesionales para mantener la misma asistencia cuando "en este momento hay 684 plazas de médicos presupuestados que no se pueden cubrir por falta de sanitarios".
"Lo expliqué a las fuerzas sociales, y la gran mayoría, con dolor de su corazón, se abrieron y estamos ahora en una negociación que la queremos acompasar a la negociación que está haciendo la Presidencia de la Generalitat con la Mesa General para que toda la Administración valenciana vaya en la misma línea".
Asimismo, ha destacado que está pendiente de aprobación por parte del Consell Jurídic Consell Jurídic Consultiu y de la Abogacía de la Generalitat el Decreto de Organización y Funcionamiento de Atención Primaria dentro de su objetivo de "desburocratizar" y "prestigiar" este nivel asistencial con la creación por primera vez de una Dirección General, dotada con más de 1.500 millones, y "acabar con el 'yo prescribo y que lo haga el de primaria'".
Con este decreto, se quiere además evitar que "por cualquier problema que tiene alguien que llega a un centro de salud vaya al médico". "Nosotros queremos que el administrativo haga labores administrativas, que la enfermera que está perfectamente capacitada haga labores asistenciales básicas y que el médico haga lo que tiene que hacer y estará así más satisfecho" , ha recalcado.
Además, ha resaltado que tecnológicamente se ha dotado a los centros de salud con un parque de 400 ecógrafos y se está implantando asimismo radiología con inteligencia artificial. También, se nombrará jefes de servicio y jefes de sección en atención primaria y se está hablando con todas las facultades de Medicina de la Comunitat Valenciana para que incluyan en sus planes de estudio una asignatura de Medicina Familiar.
Asimismo, ha destacado que el decreto de zonas de difícil cobertura y la creación de ocho macroáreas, que ha definido de "muy valiente", "ya está dando resultados" tras cinco meses de aplicación. De este modo, ha resaltado que frente a la propuesta de su antecesor Miguel Mínguez de dar "incentivos personales", que el tiempo demostró que "no pudo resolver el problema porque las decisiones organizativas no dependen de la persona, sino dependen del contexto global", ahora "se busca la economía de escala y la movilidad de los profesionales para dar continuidad asistencial del paciente y garantizar así en la misma área geográfica ofrecer toda la cartera de servicios hasta el nivel 3", nivel previo a los trasplantes. Para ello, se concede al pessonal incentivos económicos, laborales en su carrera profesional y un concurso de méritos anual para poder tener la plaza en propiedad en la que deben permanecer tres años antes de poder pedir el traslado.
Por último, ha señalado que el proceso de reversión del Hospital de Dénia y Manises han sido "modélicas". Al respecto, ha apuntado que "siempre que se cambia un modelo organizativo surge un problema" y por ello advirtió a lo alcaldes de estas localidades, sobre todo a la Marina Alta, que se producirá "un bajón asistencial" mientras se ajustaban el régimen jurídico de las plantillas. Así, ha señalado que para sortear "este valle asistencial" se procedió a la contratación de 400 profesionales en cada área para tratar de equiparar estos departamentos al resto de áreas de gestión directa.
"Tenemos que ajustarlos, pero lo importante para es que no ha habido ningún tipo de laxitud en la atención y tendremos que ir mejorando porque queremos subirlos al top ten de lo que son nuestros hospitales", ha señalado.
Respecto al futuro del departamento del Vinalopó, único que queda en régimen de gestión privada, ha confirmado que dado que el contrato finaliza el 31 de mayo de 2025 había que tomar una decisión este 30 de mayo -un año antes de la finalización como establece el pliego del contrato- y se remitió a la concesionaria una carta de verificación confirmando que si se mantiene los indicadores de actividad, que son "mejores que la media", "se prorrogará la concesión y si no se quitará". "Nosotros funcionamos con estudios de eficacia y eficiencia, no con sectarismos ideológicos", ha apostillado.
