Gonzalo Anaya ve discriminatoria la ley de libertad educativa y Covapa la considera imprescindible

Esta proposición de ley, con la que los socios de gobierno en el Consell pretenden derogar la de plurilingüismo, entraría en vigor completamente a partir del curso 2025-2026, aunque algunas medidas como la certificación automática de títulos de valenciano se introducirían durante el próximo.

Entre los intervinientes de la sociedad civil en contra de la ley, el presidente de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha afirmado que plantea una "falsa libertad" y solo busca "arrinconar la presencia del valenciano hasta su eliminación en algunos espacios".

"No es una ley educativa, es una ley contra el valenciano", ha aseverado, y ha subrayado que su confederación de AMPA es la mayoritaria en la Comunitat al representar a 1.083 AMPA frente a las 423 de COVAPA y las 247 de Concapa, según sus cifras.

En representación del profesorado, la integrante de STEPV Zulaika Agustí ha exigido la retirada de la ley tras denunciar que "el valenciano queda reducido a la asignatura de Valenciano", que "solo un artículo habla de fomentar la lengua propia" y que la certificación de títulos puede generar "una competición entre centros".

"Cuando hay atentados contra la escuela pública y la lengua valenciana se debe hacer una huelga", ha manifestado en alusión a la huelga unitaria contra la ley convocada el 23 de mayo.

"Reavivar el conflicto lingüístico"

Desde la Associació de Direccions d'Escola Pública (ADEP-PV), Vicent Mañes ha reivindicado el bilingüismo temprano en lugar de la "organización caótica" que en su opinión provocará esta ley, además de "reavivar el conflicto lingüístico". Por eso ha instado a Conselleria a consensuarla con la comunidad educativa.

"Libertad lingüística no es libertad para no estudiar en valenciano", ha recalcado, y ha defendido que "las familias deben estar informadas, sensibilizadas e invitadas a la participación, ayudando a eliminar prejuicios respecto a la lengua minorizada".

Como profesor de Sociología de la Universitat de València (UV), Rafael Castelló ha sostenido que la ley no vela por la protección del valenciano que establece el Estatut d'Autonomia y la Llei d'Ús, acusando a PP y Vox de imponer "una libertad negativa vinculada a la no intervención".

Por contra, ha llamado a una actuación política decidida para aumentar el uso del valenciano entre la sociedad, ya que de lo contrario "no servirá de nada" fomentar la obtención de títulos.

"Muy difícil de gestionar" en los centros

El catedrático de la Universidad de Ginebra (Suiza) Joaquim Dolz ha puesto en duda que la ley sea viable para los centros, al considerar que debería experimentarse antes de su aprobación porque si no será "muy difícil de gestionar".

"Es una ley irresponsablemente discriminatoria: yo lo sé y ustedes lo saben", ha espetado a PP y Vox, y ha destacado que en Suiza conviven cuatro lenguas y "no hay ningún conflicto lingüístico".

Por su parte, el doctor en Lingüística Románica y miembro del Cercle Isabel de Villena Jordi Juan Casany ha hecho hincapié en que "los padres no pueden inmiscuirse en la educación de sus hijos" y en la necesidad de dar más recursos y tiempo al valenciano para potenciar su uso.

"El derecho a la ignorancia no existe", ha recalcado, y ha destacado que preguntó a sus alumnos de primero de Bachillerato en un municipio valencianoparlante si consideraban que su nivel de conocimiento de las dos lenguas era equitativo "y todos y cada uno dijeron que dominan más el castellano".

Entre los grupos de la oposición, el diputado socialista José Luis Lorenz ha augurado que tras "la perversamente llamada ley de libertad educativa", PP y Vox permitirán "dentro de poco" que los contenidos pedagógicos los decidan las familias. "Cuantos más idiomas sabes, más humano eres", ha reivindicado.

Gerard Fullana (Compromís) ha puesto en duda, como profesor, que a nivel pedagógico sea positivo "separar a los alumnos por motivos lingüísticos", además de denunciar que en las 35 páginas de la ley "no hay ni una palabra sobre metodología o pedagogía": "Está hecha por gente que no ha pisado una escuela en su vida".

"Valentía" para reformar la Llei d'Ús

Entre los argumentos a favor, la presidenta de COVAPA, Sonia Terrero ha celebrado que "hoy es un día grande" porque, según ella, las familias llevan años reivindicando una ley que cuente con su opinión. "¿Nos toman por tontos?", ha preguntado, y ha dicho que las familias no son "la tarjeta Visa" de ningún centro educativo.

Ahora bien, ha sostenido que la ley "no es perfecta al cien por cien" respecto a las exenciones y que lo verdaderamente "valiente" habría sido acometer una reforma de la "anticuada" Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983, algo que no ha querido "ningún partido".

Por parte de CONCAPA, Rafael Araujo ha mostrado su apoyo a la ley al considerar "imprescindible" que haya libre elección y que se respeta tanto la equidad entre valenciano y castellano como la autonomía de los centros y la normativa estatal.

Además, ha reprochado a la oposición que den "lecciones" sobre plurilingüismo cuando ha asegurado que se está produciendo un "éxodo lingüístico" en el sur de Alicante de alumnos que no han podido conseguir la exención del valenciano.

Como portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro ha afirmado que la ley prioriza los derechos de los alumnos en lugar de los "supuestos derechos de las lenguas", además de abogar por que los centros dispongan de la mayor autonomía posible.

"No estamos decidiendo sobre cuestiones pedagógicas, estamos reclamando la libertad de elegir que nuestros hijos vayan a encontrarse con docentes que respeten sus derechos", ha replicado Morro a la oposición.

"Ningún prejuicio" por separar a los alumnos

Desde el Colegio de Pedagogos, su presidente, Enrique Castillejo, ha augurado que la ley permitirá un mejor conocimiento de valenciano y castellano, al tiempo que ha asegurado que no genera "ningún prejuicio" separar a los alumnos en función de su lengua de elección.

El pedagogo ha ido más allá instando a PP y Vox a ampliar la elección de lengua en los exámenes a la etapa de Primaria, "cuando empieza el fracaso escolar".

Por parte de los inspectores, el presidente de la Unió Sindical d'Inspectors d'Educació, Miguel Bregel, ha defendido que la ley cumple con la normativa estatal y con las resoluciones judiciales en la materia.

Según ha expuesto, los inspectores han intervenido por "quejas" relacionadas con la lengua y han "salvado problemas" a los centros para evitar que llegaran a instancias superiores. Y ha aprovechado para pedir un aumento de plantilla porque está igual "desde 2007".

En representación del sindicato de funcionarios CSI·F, José Pacheco ha calificado la ley como "un paso acertado y necesario", por lo que ha instado a los grupos a llegar a un acuerdo en su tramitación y a tener "una visión a largo plazo" mediante un pacto educativo autonómico y estatal.

También ha mostrado su apoyo a la certificación automática de títulos, "una idea que viene del gobierno anterior", aunque cree que debería ampliarse a todas las etapas.

Entre los grupos del Consell, la 'popular' Beatriz Gascó ha garantizado que aunque el proceso "genere dudas, va a salir bien" y "absolutamente nadie se va a quedar atrás", mientras la diputada de Vox Julia Llopis ha sostenido que la ley "no discrimina ni una lengua ni la otra".