Foto: EFE/ZIPILos valencianos tenemos que estar agradecidos a Cuca Gamarra porque nos ha retratado una vez más como pueblo muelle y, de paso, nos ha recordado lo que pintamos en el panorama nacional, que es nada, excepto cuando de corrupción se habla. Un poco como el valencianismo futbolístico, solo que ahí no hace tanto que fuimos los mejores, que llegamos a molestar a los clásicos, y ahora podemos vivir de recuerdos, mientras que en política no hemos salido del agujero en tres siglos o más, porque cuando el conde-duque de Olivares dijo que los valencianos son "muelles" fue antes de la desfeta.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y secretaria general del PP nos ha abierto los ojos. Da igual que decenas de entidades de la sociedad civil, casi el 100% de los ayuntamientos valencianos, las tres diputaciones y Les Corts por unanimidad –la pasada legislatura, cuando no estaba Vox– hayan pedido la devolución de las competencias en derecho civil foral reconocidas en el Estatut de 2006 y anuladas de facto diez años después por el Tribunal Constitucional en tres sentencias después de sendos recursos de Rodríguez Zapatero (2) y Mariano Rajoy (1). Como si lo pide el Papa. Núñez Feijóo ha dicho no, y Gamarra ha ejecutado con la connivencia del PSOE. Ambos partidos saben que no perderán ni un voto por ello, como no lo perderán por no reformar la financiación autonómica o el Consejo General del Poder Judicial.
Un Núñez Feijóo que sí goza en su casa de derecho civil propio y que, siendo presidente de Galicia, lo ha defendido varias veces frente al Estado en el Tribunal Constitucional. Sabe, por tanto, que el derecho civil foral que se aplica en seis comunidades autónomas, entre ellas todas las de la antigua Corona de Aragón excepto la valenciana, no rompe España.
Tres semanas antes de dimitir como presidente de Galicia, la Xunta de Feijóo aprobaba interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley del Gobierno de Sánchez al entender que invadía sus competencias en derecho civil propio. Meses antes, el ahora líder nacional del PP afirmaba en una entrevista en el diario Atlántico que esa norma era "un ataque contra el autogobierno gallego y una falta de respeto", y añadía: "Esto no se lo harían nunca a los catalanes y a los vascos". Efectivamente, y su falta de respeto hacia la voluntad de los valencianos no la cometería nunca contra los catalanes, los vascos ni, por supuesto, los gallegos.
Los valencianos nos quedamos otra vez sin derecho civil propio, y otra vez por nuestra culpa. Hace tres siglos, porque cuando Felipe V fulminó la Corona de Aragón y suprimió los fueros, Aragón, Cataluña y Mallorca supieron mantener o recuperar parte de sus derechos, mientras que el Reino de Valencia los perdió todos. Los intentos posteriores ante la Corte en los siglos XVIII y XIX no fructificaron, y ni siquiera durante el Franquismo fuimos capaces de aprobar una compilación que sí se preocuparon de recoger en otras regiones.
Solo en 2006, con Camps al frente, logramos recuperar las competencias gracias a la reforma del Estatut validada por el Congreso, pero el Tribunal Constitucional se cargó las tres leyes aprobadas por Les Corts, después de ocho años en vigor sin ningún tipo de problema, con una argumentación que hace imposible cualquier tipo de tentativa posterior de legislar en esta materia, a no ser que se cambie la Constitución.
En ello está desde hace nueve años la Associació de Juristes Valencians comandada por José Ramón Chirivella, quien había removido Roma con Santiago para que la modificación se produjese vía enmienda a la reforma propuesta para el artículo 49, en la que se propone cambiar el término "disminuidos físicos" por "personas con discapacidad". Pero se ve que en Santiago pinchó en hueso.
Si Chirivella fuera Merkel, le habría bastado un telefonazo para cambiar la Constitución, como en 2011 cuando Zapatero y Rajoy se postraron ante la canciller alemana y aprobaron una reforma exprés de la Carta Magna, en pleno verano, para imponer el déficit cero y que el pago de la deuda tendrá "prioridad absoluta" sobre cualquier otro gasto del Estado. Derecho alemán en vena. Pero como Chirivella solo es un ciudadano valenciano, ha tenido que conformarse con la vía lenta, igual que cuando nos devolvieron el proyecto de Estatut en 1981 porque no dábamos la talla para ser nacionalidad histórica.
Esa vía lenta recibió una estocada casi definitiva el pasado miércoles cuando se reunieron en el Congreso Cuca Gamarra y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que representaba también el PSOE. Los socialistas llevan tiempo presionando al PP para acelerar la reforma del artículo 49 y les vino muy bien que Gamarra llegara a la reunión con una línea roja: o la reforma se limita a ese artículo o no hay reforma. Pues no hay más que hablar. No hay sitio para la reivindicación valenciana y "la culpa es del PP", se consuelan los socialistas, quienes en Madrid tampoco habían mostrado un apoyo explícito a la reivindicación valenciana.
Pero aquí hay más culpables. ¿Dónde está Puig? ¿Están realmente los socialistas valencianos a favor de recuperar el derecho civil? ¿Qué ha dicho Mazón? ¿A qué se dedican los diez diputados del PSOE y los ocho del PP que nos representan en el Congreso? ¿Trabajan para los valencianos o para su partido? ¿Qué votarán a la enmienda de Compromís –que recoge lo aprobado por Les Corts con los votos de PSOE y PP– cuando Cuca y Félix levanten los dedos del no? ¿Dónde se ha metido Esteban, número cuatro del PP nacional, que en 2007 arremetió contra Zapatero por recurrir la primera de las leyes de derecho civil propio y prometio que si ganaba Rajoy retiraría el recurso?
Mención aparte merece Ciudadanos Episodio V, que con Mamen Peris al frente ha dado otro giro de timón y apoya la recuperación del derecho civil valenciano, después de haberlo rechazado con contundencia... El giro se produce al tiempo que el partido de Inés Arrimadas ha presentado su propia enmienda a la reforma del artículo 49 para que el Estado asuma en exclusiva las competencias en Sanidad y Educación que ahora tienen las Comunidades Autónomas.
Me sabe mal por Chirivella, y por María José Ferrer San Segundo, Fernando de Rosa –ambos del PP– y otros juristas y no juristas que han trabajado para recuperar el derecho civil propio. Se empiezan a escuchar voces que, para justificar su silencio, restan importancia a esta nueva derrota. Que no es para tanto, que para qué queremos un derecho civil propio, que no hay demanda social –la misma que en lo de la financiación–, que lo que preocupa a los ciudadanos es la cesta de la compra, que hay asuntos políticos más importantes como la financiación autonómica o el agua… Pues claro, podemos vivir sin derecho civil foral, igual que podemos vivir infrafinanciados o con otro recorte del agua del trasvase. Podemos vivir sin pintar fava, siempre lo hemos hecho; y a pesar de todo ser felices, el Levante Feliz.
Los de Juristes Valencians no tiran la toalla porque tienen más moral que el Alcoyano, pero Gamarra y cía ya han dictado sentencia. Madrid locuta, causa finita.
