VALÈNCIA. La primera década de los 2000 fue para el entonces concejal de Economía de València, y más tarde vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, una época de pocas zozobras económicas. Las cuentas bancarias analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del caso Azud, revelan cómo entre 2002 y 2014, el matrimonio de Grau ingresó más de 2,1 millones de euros entre nóminas, pensión, transferencias, cheques e ingresos en efectivo.
Tiene en consideración esta cifra la Guardia Civil porque en la presunta trama de mordidas que investiga la justicia, el dinero en efectivo tiene un papel fundamental. Esta era la vía que normalmente se habría empleado por el conglomerado empresarial de Jaime Febrer para sobornar -también mediante regalos y agasajos varios- a cargos públicos para que la administración obrara en su favor. La jueza a punta a Grau como uno de los presuntos comisionistas. Y la UCO ha constatado que Grau ingresó 412.000 euros en efectivo entre los años 2002 y 2011.
La Guardia Civil hace, en un informe del pasado mes de abril al que ha tenido acceso Valencia Plaza, una relación pormenorizada de los movimientos bancarios realizados durante aquellos años de hasta ocho cuentas vinculadas a Grau y su mujer, María Ángeles González. Y en él se constata cómo desde 2002, los ingresos en cash por parte del matrimonio fueron in crescendo hasta 2008, cuando alcanzaron su punto álgido y empezaron a descender en los ejercicios posteriores.
Así pues, la investigación judicial trata de averiguar el origen de este dinero en metálico y según la UCO, es muy improbable que procediera de la actividad profesional del matrimonio: los ingresos de Grau como concejal de València y los de su mujer como profesional de la salud no tienen ningún tipo de correlación con estos ingresos en efectivo.
A juicio de los agentes de la UCO, es de destacar que en el año 2008, los ingresos en efectivo -86.000 euros- llegaron a superar lo que Alfonso Grau percibía como retribución por el Ayuntamiento de València, que aquel año ascendió a 70.200 euros. Pero los años anteriores, la comparativa está casi a la par: en 2006 ingresó 54.600 euros en metálico y 55.900 por su sueldo; y al año siguiente, 60.700 y 61.700 respectivamente.
Así pues, el informe de la UCO reza que "el único elemento que podría justificar parte de esos ingresos en efectivo" sería la actividad profesional de la esposa fuera del salario que percibía por el Servicio de Salud de la Generalitat Valenciana, es decir, como actividad individual ajena a la administración. Pero el análisis no soporta la comparación: sus ingresos "no justifican [...] el origen o procedencia de los ingresos en efectivo"; estos eran "notablemente superiores" a lo que ganaba la mujer de Grau.
Además de todo ello, la Guardia Civil compara el patrimonio declarado de Grau y su entorno familiar y el que según las cuentas bancarias y otros productos financieros tenía la familia. De esta manera, la familia del concejal de gobierno de Rita Barberá amasó un "incremento patrimonial de origen injustificado" entre 2004 y 2011 que asciende a más de 728.000 euros euros.
Además del efectivo, otra de las vías de entrada de dinero al patrimonio familiar cuyo origen se desconoce -siempre según la UCO- habría sido las compras de inmuebles a través de una sociedad instrumental, cuya participación mayoritaria -el 90%- ostenta el propio Grau, y el resto está repartido entre sus dos hijas, María Ángeles y Sofía, esta última la administradora única de la sociedad, Edificio Familia 3000. Creada en 2002 con un capital social de apenas 3.100 euros; tras cuatro ampliaciones de capital, ahora su capital social asciende a 342.000 euros.
Por otro lado, la Guardia Civil también resalta en su informe que el concejal, tras salir del Ayuntamiento en 2015 -dimitió por el caso Nóos-, canceló una de las cajas de seguridad que tenía contratada en una entidad bancaria. "Su cancelación coincide temporalmente con la baja de Alfonso Grau en el Ayuntamiento de València", explica la UCO.
Además, a través de inteligencia financiera se ha tenido conocimiento que en octubre de 2015, siete meses después de salir del gobierno municipal, Grau "habría intentado abrir una cuenta bancaria en Francia", concretamente en la filial de un banco español. Para ello designó a su hija Sofía. Ahora bien, esto "no pudo materializarse", explica la Guardia Civil, porque cuando se pretendía justificar el origen lícito del dinero que se iba a ingresar, se detectó que el certificado presentado "resultó ser falso".