Guardia Civil: Un Cuerpo del siglo XXI con una regulación del XIX

VALÈNCIA.-«La ciudad de València y en particular todos los caminos de su Reino están llenísimos de salteadores homicidas, robando a los caminantes el dinero y el vestido, forzando a las mujeres de todas las edades y saciando sus furores con las vidas de los que defienden sus haberes. Las cuadrillas son infinitas, las diligencias ningunas, el peligro inevitable, el miedo general, el poder de V.E. grande, la piedad de S.M. mucha, el invierno temible; el remedio Miñones, la remuneración de Dios, el agradecimiento de los hombres, y la gloria de tal bien de V.E. que la goce». 

Los miñones —o minyons— fueron una especie de Cuerpo autonómico policial creado por el regente de los Borbones en Valencia en 1774. Su función, como reclama el texto anónimo que abre este artículo, era poner coto al bandolerismo, un mal endémico de todo el país. Ese mismo fenómeno se acentuó con el desgobierno imparable tras la guerra de Independencia, a principios del siglo XVIII. Entonces se planteó, a nivel estatal, la creación de una fuerza policial que  acabara con la impunidad de celebridades de la época como El Tempranillo o El Barquero de Cantillana, que inspiraron, como los mayores recordarán, un éxito televisivo de los setenta: Curro Jiménez. 

 El descontrol en la España rural no fue más fuerte que las variadas dificultades políticas en la inestable España de la época. La creación de la Guardia Civil se retrasó hasta 1844, cuando el Duque de Ahumada, un militar navarro, consiguió que el Ministerio de la Guerra aprobara el decreto que alumbró al instituto armado. Parcialmente inspirado en los mencionados minyons y otros Cuerpos regionales —los escopeteros de Andalucía o los guardas del reino de Aragón— su verdadero espejo fue la Gendarmería francesa, una fuerza policial encargada de la seguridad en zonas rurales y periurbanas y de carácter militar. 

Así, la Benemérita —conocida así desde 1929 por recibir una distinción de igual nombre— nació como «una fuerza civil de seguridad pública» aunque «en cuanto a organización y disciplina, depende de la jurisdicción militar». El carácter castrense de la organización ha permanecido invariable tras varios cambios legislativos y fue consagrado en la constitución del 78. Aunque el Cuerpo está integrado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sus miembros son militares de carrera. Y este es un hecho fundamental en la historia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que cumple 25 años en estas fechas.

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La AUGC es la asociación más representativa del Cuerpo. Trabaja «con el objetivo de defender los intereses profesionales y laborales de los agentes de la Guardia Civil, que son quienes la constituyen, así como el bienestar de las familias que la componen». Es decir, es un sindicato que rehúye la denominación de sindicato. ¿Por qué? La legislación española restringe ese tipo de actividad entre determinados funcionarios, los más notables, jueces y militares. Esta peculiaridad explica el calvario, entre otros, de José Morata. 

Morata, nacido en el cuartel de la Guardia Civil de Onda y trabajador de la AUGC en Castellón, fue expulsado junto a otros tres compañeros del Cuerpo a mediados de los noventa por impulsar la primera asociación de guardias civiles. Un cuarto de siglo más tarde aún lucha por su rehabilitación. En enero de 2019 se reunió con la ministra de Defensa, pero ha perdido la fe (que no la fuerza) en que su causa prospere. El Congreso ha aprobado tres proposiciones no de ley para que se restituyan sus derechos y su buen nombre pero ningún gobierno (ni los del PP ni los del PSOE) ha impulsado la correspondiente norma. La rehabilitación tras una expulsión administrativa tiene difícil encaje legal. 

De poco le ha servido a Morata ser historia viva del Cuerpo. No solo vio la luz en un cuartel, sino que ingresó con dieciséis años en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), donde se convirtió en profesional tras tres duros años de formación. Después de servir en varios destinos (Orio, Guipuzcoa, en 1973, en la época en la que ETA empezaba a matar; Madrid, 1975, en un trabajo secreto al servicio del presidente del Gobierno, el SECED; varios cuarteles en Castellón) comenzó su calvario. 

Morata lo narra con precisión: «Destinado en Mensalbas, Toledo, el 2 de junio de 1990 fui detenido por mis supuestas actividades sindicales, siendo encausado en un procedimiento militar por delito de sedición militar. Estuve en una prisión diecinueve días. De vuelta en mi unidad, tras un par de semanas se me cesa con la excusa de que ante la solidaridad de los vecinos y del Ayuntamiento hacia mi persona, mi trabajo en la localidad no podía ser imparcial y se me aplica una pena de extrañamiento destinándome al Puesto de Espinoso del Rey (Toledo), el más alejado de la capital. Tras un año se me cesa en mis funciones como consecuencia del sumario castrense». 

El embrollo jurídico-laboral que sufrió Morata se prolongó otros siete años, hasta 1997, cuando es expulsado tras un expediente disciplinario abierto por su trabajo sindical. De poco sirvió que un tribunal militar le absolviera en un par de ocasiones. El exsargento es un enamorado de la Guardia Civil, a la que defiende con pasión. «Muchas críticas al Cuerpo vienen de un total desconocimiento de lo que era y es esta institución. Un Cuerpo fiel, en todas las épocas, al poder establecido y legítimo. Precisamente fue Franco quien, acabada la Guerra Civil, quiso eliminarlo pues no se fiaba, en parte debido a su apoyo y fidelidad demostrada a la República».

Juan José Tocón (AUGC CV): «Seguimos siendo la policía peor retribuida en sus empleos base y con peores derechos sociolaborales»

Sin embargo, el agente, un mito entre las asociaciones de guardias civiles, esboza un relato tétrico de las condiciones laborales del Cuerpo. En los setenta y mucho más allá. «Yo empecé a trabajar en una azulejera de Onda con catorce años (1968). Allí cobraba un salario justo y trabajaba de lunes a viernes ocho horas diarias. Cinco años después, en mi primer destino, cobraba menos y no existía jornada laboral. Hacíamos una media de 88 horas semanales mínimo. No existían días libres. Tus vacaciones podían ser anuladas. No existían derechos de los que gozaban los demás ciudadanos (descanso semanal, vacaciones, libertad de movimiento ni de expresión, libertad de residencia, derecho a la Sanidad o a la Seguridad Social»).  

Morata se reveló contra esa situación. En 1986, a pesar del hostigamiento de los servicios de información del Cuerpo,  se integró con otros compañeros en el SUGC, el sindicato clandestino del que nacería la AUGC. Al exsargento le acompaña un carácter indómito. «En el ámbito profesional siempre tuve problemas con los mandos por mi  forma de pensar y trabajar, si bien mis éxitos profesionales equilibraban la balanza». Pero, sobre todo, se rebeló ante la depauperación de los guardias. «En los noventa la sociedad se había modernizado y la Guardia Civil seguía estancada en el pasado», asegura. «Y aquello no cuadraba. Todo se limitaba a muchos deberes pero ningún derecho, por lo que había que luchar de alguna forma contra esa situación de semiesclavitud en la que nos encontrábamos».

¿A qué se debía el atraso del Cuerpo? Morata aporta tres razones. Su carácter militar —«seguir en esa situación solo sirve para preservar el estatus de la cúpula de mando y el recorte y limitación de los derechos de los trabajadores»—, la inexistencia de sindicatos y los recelos de muchos gobiernos hacia la institución. Aunque esa situación, en su opinión, ha cambiado a mejor, el exsargento no le tiene mucha fe a la política. Sancionado con un ministro (Gustavo Suárez Pertierra) y un gobierno socialista, no hace distingos entre PSOE y PP. «Existen pocas diferencias. Ambos cuando están en la oposición son favorables a la extensión  de los derechos de los Guardias Civiles como trabajadores y a la no aplicación del Código Penal Militar, pero cuando están en el poder se olvidan de todo y cambian radicalmente de postura». 

De hecho, tras cuarenta años de democracia, la AUGC no ha conseguido aún ser reconocida como un sindicato. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos exceptuar del derecho de sindicación a los Cuerpos armados. Las dos sentencias se referían a la Gendarmería francesa, militar como la Guardia Civil, aunque amparaban ciertas limitaciones de este derecho. En base a esos matices, y a la Ley reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional desestimó en 2015 una iniciativa basada en el fallo de los jueces con sede en Estrasburgo. 

Un modelo obsoleto e ineficiente 

Sin embargo, la AUGC tiene alma, vocación y funcionamiento de sindicato. Juan José Tocón, secretario regional de la asociación en la Comunitat Valenciana, no ahorra críticas al funcionamiento del Cuerpo. «Aunque la Dirección General de la Guardia Civil trabaja para dar una imagen de policía moderna y actualizada, la esencia de la institución, que son esas pequeñas unidades repartidas por los pueblos, carece de los medios esenciales para hacer su trabajo en condiciones adecuadas y de la forma más eficaz para la seguridad pública. Esto funciona en muchas ocasiones por la entrega de nuestros compañeros, más allá de sus obligaciones y exigencias profesionales, a pesar de la carencia de personal y la falta de reposición del los agentes que se retiran, del envejecimiento del parque móvil o de la más mínima formación continua».

La AUGC reclama la mejora de los salarios de los agentes —«seguimos siendo la policía peor retribuida en sus empleos base y con peores derechos sociolaborales»— pero también es crítica con el funcionamiento de las fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado. «Entendemos que existen graves deficiencias de nuestro modelo policial, a pesar de tener España una ratio de policías superior a la de los países europeos de nuestro entorno (4,8/1.000 habitantes, frente al 3,5 de Francia, 3 de Alemania o 2,3 de Reino Unido)  no resulta visible en nuestras calles y carreteras, y consideramos que esto es debido a que el Cuerpo cuenta con un despliegue territorial desfasado, de cuando íbamos a caballo en el siglo XIX», dice Tocón. 

Parte de esas deficiencias vendrían, según Tocón, de una queja clásica, la falta de coordinación entre Cuerpos. «El deficiente reparto competencial y mala coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía es evidente. El actual modelo policial estatal dual corporativista sufre de las llamadas «guerras de policías», lo que supone duplicidad de trabajo y, por ende, un mayor empleo de recursos. Abogamos por la implantación de mecanismos de colaboración, actuaciones policiales conjuntas, centros de formación común, mandos directivos transversales y una exclusiva dependencia del Ministerio del Interior, por tanto, la eliminación de la dependencia del Ministerio de Defensa por parte del Cuerpo». 

De hecho, los 80.000 agentes (5.700 en la Comunitat Valenciana) son, aunque con régimen propio, militares. «Está claro que a los gobiernos les ha interesado mantener una Guardia Civil militarizada, no por ser más eficaz, sino por ser más barata, que soporta peores condiciones laborales y económicas. La estructuración interna de la institución de carácter militar lleva implícita la aplicación del Código Penal militar y con ello la posibilidad de sufrir privación de libertad por asuntos de tu ámbito personal, lo que para el resto de funcionarios serían simples faltas administrativas».  

José Morata:  «PSOE y PP son favorables a la extensión  de los derechos de los Guardias Civiles… cuando están en la oposición»

La desmilitarización es una de las reivindicaciones clásicas de la AUGC, fundada en 1994 con la fusión de las asociaciones «6 de julio de Guardias Civiles» y la Coordinadora Pro Perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la corrupción (Coproper). Roldán ha sido, seguramente, el director general del Cuerpo más conocido. Su fuga conllevó la dimisión de un ministro del Interior, el valenciano Antoni Asunción, y sus conexiones con las ciénagas del poder  o su rocambolesca entrega en Tailandia han sido objeto de películas y libros. Condenado a 31 años de cárcel por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa, gran parte de su botín, corrupción pura, nunca se ha recuperado.  

Roldán fue también el primer civil en liderar la Benemérita, un hecho celebrado por el sargento Morata y el asociacionismo en el Cuerpo, por lo que significó de ruptura, aunque insuficiente, con el estamento castrense. Sin embargo, 25 años después de un escándalo que contribuyó a acabar con los gobiernos de Felipe González, no hay indicios de que la Guardia Civil vaya a conseguir dejar de ser militar. El bandolerismo que justificó su nacimiento hace 175 años ya no existe, pero los cambios necesitan tiempo, especialmente en instituciones tan venerables. Tal vez, tras 25 años de trabajo, más el realizado por Morata y otros compañeros en la clandestinidad,  la AUGC no esté tan lejos de convertirse en un sindicato.  

* Este artículo se publicó originalmente en el número de 63 (enero 2020) de la revista Plaza