Hace diez años que soy madrileña de adopción. Diez años desde que llegué a Madrid como una joven valenciana que se acercó en metro hasta la Puerta del Sol para ver lo que estaba pasando. Lo había visto por televisión, pero, ni por asomo, era lo mismo.
Hace diez años de aquello. El 15M fue un reflejo de un descontento social y un clima de desafección con la política muy importante en España, consecuencia de la grave crisis económica que comenzó en 2008 y de la crisis institucional provocada por los escándalos de corrupción del bipartidismo, del nacionalismo y de la ausencia de reformas.
El diagnóstico de esos problemas que se hizo en el 15M no fue desacertado y, de hecho, los nuevos partidos políticos hicieron banderas de ello. La falta de oportunidades de los jóvenes, la precariedad laboral o las urgencias de regeneración democrática eran problemas muy graves que afectaban a nuestro país, los nuevos partidos capitalizaron ese descontento irrumpiendo con fuerza en el tablero político en cuanto se abrieron las urnas.
El problema es que quienes se pusieron a la cabeza del 15M y montaron después el partido Podemos dieron alternativas que eran todavía peores, que de ponerse en marcha causarían un daño aún mayor a los españoles.
El 15M ayudó a que los políticos que en ese momento estaban en el Parlamento se dieran cuenta de los problemas reales de la gente. Ayudó a que el foco se pusiera en lo importante. Pero la solución no podía pasar ni por el populismo ni por el extremismo, sino por el reformismo.
Ahora, diez años más vieja, tengo un hijo y me dedico a la política. Diez años después, sigo defendiendo aquello en lo que creo, aquello que mi partido, Ciudadanos, considera imprescindible para el desarrollo de España: estabilidad y reformas.
Así fue como impulsamos dos acuerdos de Presupuestos con el Gobierno del PP que fueron muy buenos para España. Con ese espíritu estamos logrando la progresiva eliminación de los aforamientos políticos en las distintas comunidades autónomas. Y seguimos defendiendo en el Congreso la necesidad de impulsar acuerdos de Estado que mejoren la vida de los españoles y la calidad de nuestra democracia.
Sin embargo, hace diez años de aquello y hay una parte de esos problemas que no se han resuelto. Un problema endémico de la política española como es la corrupción, sigue muy presente en nuestra sociedad. Es cierto que sin la aparente impunidad de antes. Pero la semana pasada veíamos como en la Comunitat Valenciana el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio (PSOE) y el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), ingresaban en prisión preventiva junto a tres empresarios por el caso Azud, una supuesta trama de corrupción en el ayuntamiento de la capital valenciana.
Y estas noticias nos siguen escandalizando. No podemos caer nuevamente en la apatía contra la corrupción. No podemos volver al “son todos iguales”. Porque no es verdad.
Nosotros hemos registrado ya en varias ocasiones nuestra Ley Anticorrupción. Una ley que PSOE y Podemos han rechazado recientemente en el Congreso y que seguiremos presentando hasta conseguir que se apruebe, porque España necesita una ley integral para combatir esta lacra.
Cada vez que Cs ha presentado su ley, ha incluido mejoras técnicas para tratar de conseguir el mayor consenso posible. Es más, la Ley hace una transposición completa de la directiva europea para proteger a las personas que alertan de los casos de corrupción. Entre otras medidas, nosotros proponemos que se protejan a todos aquellos que avisen de irregularidades, infracciones o actos ilícitos en la administración pública. Personas que tendrán derecho a la confidencialidad y a la protección ante represalias.
También proponemos que se endurezca el Código Penal para los delitos de corrupción, con recogiendo nuevos delitos como el enriquecimiento injustificado, para que los políticos que no puedan explicar legalmente cómo se han enriquecido mientras han estado en un cargo público se lo cuenten al juez.
También queremos prohibir los indultos por corrupción política para acabar con la impunidad. Ningún Gobierno podrá devolverles a los corruptos el favor de la impunidad, sean del color político que sean.
Y, por último, apostamos por crear una autoridad independiente en la Administración para investigar los posibles casos de corrupción al margen de cualquier presión política. Esta autoridad asumirá las competencias en materia de conflictos de intereses de los funcionarios y recogerá la protección integral del denunciante.
Diez años después del 15M, España sigue necesitando avanzar, reformar y regenerar las instituciones. Vivimos un momento trascendental. Estamos saliendo de la pandemia, pero los daños de la crisis han sido terribles y para superarlos hay que asegurar la mejor inversión de los fondos europeos y emprender cuanto antes las grandes reformas pendientes.
Reformas que tenemos que abordar con seriedad, rigor y buscando el mayor consenso posible para garantizar estabilidad. Esa estabilidad que necesita nuestro país para seguir progresando y construyendo una sociedad más justa e igualitaria.