VALENCIA/MADRID (VP/EP). El déficit público alcanzó en 2015 los 56.061 millones de euros, lo que representa el 5,18% del PIB, casi un punto por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas, según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si se incluyen las ayudas a la banca, que según el organismo estadístico alcanzaron los 547 millones en 2015, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se elevó el pasado año hasta el 5,23% del PIB y sumó un total de 56.608 millones de euros, si bien dichas ayudas no computan en el procedimiento de déficit excesivo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que detallará los datos este jueves, así como los planes de ajuste que deberán cumplir las comunidades para reducir sus déficits. El ministro anunciará un incremento del control y de los grados de coerción para que se cumpla con la Ley de Estabilidad y la regla de gasto.
En este sentido, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos abordará este jueves las medidas de ajuste reclamadas por Bruselas que deberán aplicar las autonomías. Las fuentes consultadas explican que no se trata de un plan de recortes, sino de "eficiencia" en el gasto y teniendo en cuenta que se aplicará en un entorno de aumento de los ingresos por el crecimiento económico. A lo que se sumará el hecho de que las comunidades autónomas se repartirán más de 7.000 millones del excedente de ingresos de la liquidación del ejercicio 2014.
Hacienda exigirá a las comunidades un "paso más" en la transparencia de los datos y anuncia medidas coercitivas hasta ahora no aplicadas
En este sentido, explican que se aumentarán los grados de control a las comunidades autónomas, exigiéndoles un "paso más" en la transparencia de los datos de sus cuentas y a la vez se aplicarán medidas coercitivas que hasta ahora no se habían llevado a la práctica, pero que están recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Regla de Gasto. Es decir, que se trata de establecer nuevas condicionalidades en los pagos que realice la Administración Central a las autonomías.
El Ejecutivo tiene en cuenta también que el pasado ejercicio hubo elecciones autonómicas y tras el cambio en los gobiernos de muchas CCAA, algunas de éstas no han podido aprobar aún sus presupuestos y otras lo han hecho con retraso.
El Gobierno ha explicado que esta desviación del déficit con respecto al objetivo del 4,2%, lo que supone un gasto que supera en más de 10.000 millones lo estimado, se debe al mayor déficit que va a registrar tanto la Seguridad Social como las comunidades autónomas, que verán superados con creces sus objetivos del 0,6% y del 0,7%, respectivamente.
En cambio, la Administración Central cumplirá su objetivo de déficit del 2,9% y los ayuntamientos mejorarán el equilibrio previsto, obteniendo un ligero superávit en sus cuentas.
Parte del desvío del déficit de 2015 se explica, según el Gobierno, por partidas presupuestarias excepcionales que no volverán a repetirse este año. En concreto, apunta el pago del tratamiento de la hepatitis C, que se elevó a 1.090 millones de euros, además de otros cerca de 2.000 millones que afloraron en Cataluña tras la construcción de una prisión y otros 200 millones de un tranvía en Aragón. Estos gastos ya explican por sí solos alrededor de un tercio de la desviación del déficit.