VALÈNCIA. La Intervención General de la Administración del Estado (Igae), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha presentado una serie de periciales al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia –encargado del caso Azud–. En ellas analiza varios contratos adjudicados por el Ayuntamiento de València a empresas que realizaron a su vez pagos al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá. De acuerdo con la investigación, esas cantidades no responderían a servicios prestados de asesoramiento jurídico, sino a comisiones por su intermediación en las citadas adjudicaciones.
Un ejemplo son los contratos que se llevó la mercantil Cleop, investigada en Azud: uno por la ejecución de obras de consolidación y rehabilitación estructural de las Naves de Cross; otro por la redacción del proyecto y ejecución de obras del polideportivo Naves de Cross, así como los gastos de primera instalación y equipamiento deportivo; y un tercero por el contrato de obras de construcción del edificio destinado a retén de bomberos y policía local en el centro histórico de València.
El de la rehabilitación de las Naves de Cross fue adjudicado en 2009 por casi 4 millones de euros. Se da la circunstancia de que inicialmente se lo lleva el Grupo Vías por ser la oferta con mayor puntuación. Sin embargo, para esa valoración se usa una fórmula no incluida en el pliego y sin ella habría ido a parar a Cleop.
En junio de 2009, Vías solicitó la resolución del contrato por mutuo acuerdo y se acordó la adjudicación a Cleop. El periodo de ejecución del contrato se inició en julio de 2009 y debía finalizar en abril de 2010 tras una prórroga concedida. La mercantil solicitó otra hasta junio de aquel año. En diciembre de 2010, se redactó una modificación del proyecto, sin aumento de coste.
El informe de la Intervención concluye que Cleop "incumplió reiteradamente desde el inicio del contrato los días de alta en Seguridad Social de los trabajadores a los que se había comprometido en su oferta y que le sirvieron para obtener la máxima puntuación en la valoración". "Sin embargo, se le impone la mínima penalización por incumplimiento", afirma la Igae.
Por otro lado se encuentra el contrato del polideportivo, adjudicado a Cleop en 2010 por 4 millones de euros. Una fecha en la que estaba incumpliendo el contrato anterior. Aquí obtuvo la máxima valoración, aunque la Intervención hace hincapié en que no consta en el expediente documentación que permita verificar la puntuación asignada.
En cuanto a la ejecución, ésta comenzó en agosto. También se aprobaron sucesivas prórrogas. Pero, indica la Igae, no consta en el expediente el contrato modificado.
En diciembre de 2010 se requirió a Cleop para que procediera a la terminación de las obras y aportara documentación relativa a la creación y mantenimiento de empleo. En esa fecha, la mercantil responde que todavía no se había aprobado la modificación de contrato y no podía terminar las obras en plazo, por lo que solicitaba una ampliación.
El 8 de febrero de 2013, el Ayuntamiento aprobó la resolución del contrato y en abril la propuesta de acuerdo de liquidación, estableciéndose una indemnización por daños y perjuicios de 200.201 euros.
Por último la Intervención del Estado analiza el contrato de la construcción del retén de bomberos y policía local. "No se han podido verificar las puntuaciones asignadas dependientes de juicios de valor por no constar en el expediente analizado", dice el informe.
En junio de 2011 se propuso la modificación del proyecto. Se hizo referencia a que las causas que motivaron el modificado eran conocidas desde el inicio de las obras, lo que a juicio de la Igae "resulta incoherente con la ejecución de la obra". En junio de 2012, Cleop solicitó la resolución del contrato por mutuo acuerdo. En 2013, el Ayuntamiento acabó acordando la resolución por incumplimiento culpable del contratista.
Tal como consta en el informe de la Intervención, en los ejercicios de 2005 a 2011 se producen una serie de corrientes financieras entre Cleop y el despacho de Corbín: