Vicent Soler, conseller de Hacienda. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler llega al seminario de Ademuz con la satisfacción de haber realizado avances notables en cuestiones como la refundación del IVF en el Banc de la Generalitat y la promesa cumplida de haber desactivado la ‘bomba’ de la SGR. No obstante, la Conselleria de Hacienda arrastra asuntos pendientes de calado, como la reforma de las empresas públicas o la actualización del inventario de bienes patrimoniales.
Este último asunto figuraba expresamente como uno de los compromisos del seminari de Sagunto, ya que se consideró imprescindible contar con información precisa sobre los bienes de los que la Generalitat es titular para poder gestionarlo, pero no se ha conseguido. Un portavoz del Consell explica que se está en proceso de identificación y escritura de bienes y justifica el retraso por la complejidad del proceso como consecuencia del "caos" heredado en este ámbito.
La gran asignatura pendiente para la Conselleria de Hacienda sigue siendo la prometida Ley del Sector Público Instrumental, que encadena innumerables retrasos. Lo cierto es que en el balance que el propio Consell facilitó sobre el grado de cumplimiento de sus promesas este asunto se incluyó dentro del apartado de objetivos “alcanzados", pero la realidad es que seis meses más tarde continúa estancada.
El borrador de la ley, según sus propias previsiones, debía haber sido presentado al Consell el pasado mes de marzo, pero de momento solo ha sido puesto a disposición de los sindicatos más representativos del sector público para negociar algunos detalles. En este ámbito, la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), imprescindibles para sacar adelante la nueva regulación de las empresas públicas, continúa siendo un quebradero de cabeza para la Conselleria de Vicent Soler.
Tan es así que la paciencia de los sindicatos comienza a agotarse. UGT, mayoritario en el sector público valenciano, ha recurrido a la justicia ordinaria para que Vaersa, Culturarts, Ivace y el resto de empresas que aún no han cumplido con la ley que les obliga a hacer públicos todos los detalles de sus plantillas acaten la sentencia. Además, en el caso de la firma adscrita a la Conselleria a de Agricultura, ya se han convocado concentraciones de protesta y huelgas.
El avance más sustancial es la aprobación del Decreto Ley para el rescate de la SGR, un marrón en el que el que la Generalitat se jugaba casi 400 millones de euros que ha conseguido salvar gracias a la negociación del IVF con el Banco de España y el Ministerio de Hacienda para la utilización de 200 millones del FLA en la amortización anticipada del grueso de la deuda de la sociedad avalista con los bancos.
Para completar la reestructuración de la sociedad avalista solo resta el traspaso de un conjunto de activos inmobiliarios adjudicados al balance de la Generalitat Valenciana –probablemente al EIGE–, en compensación por el exceso aportado por la Generalitat sobre el importe de 200 correspondiente al préstamo participativo a favor de los acreedores de la SGR, ya amortizado.
También es relevante, aunque se trata de un compromiso previsto en seminaris anteriores, la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) del Instituto Valenciano de Finanzas, donde se consagra la entrada de consejeros independientes a los órganos de gobierno como antesala a su escisión para operar al margen de la Generalitat.
La Conselleria de Hacienda también da por cumplido otro de los compromisos que lanzó tras el encuentro de Sagunto, el plan de implantanción de la banda ancha de alta velocidad para minimizar la brecha digital dentro de la Comunitat en el que, asegura, ya trabaja la Dirección General de Tecnologías de la Información.
Según explicaron las mismas fuentes el prometido Plan de Acción de Financiación Europeo ha llegado sobre la campana. El conseller Soler presentó e informó al Consell de este plan en el pleno que este viernes celebró ya en Ademuz. Para su aprobación ha de superar distintos trámites como la comisión de relaciones con la UE, donde están representados los empresarios y otros agentes sociales.
El último seminari tuvo un marcado carácter europeísta y económico y así quedó reflejado en los compromisos adquiridos. El plan encargado a Hacienda, departamento del que forma parte la Dirección General de Fondos Europeos, consiste en definir los objetivos estratégicos y operativos para acceder a los fondos de concurrencia competitiva, así como las actuaciones para conseguirlos, entre otros aspectos.
Tampoco se ha llegado a tiempo de presentar dentro del semestre la base de consultas tributarias, que permitirá a los ciudadanos "conocer los criterios tributarios administrativos", y la progresiva implantación de la presentación telemática de declaraciones tributarias –rellenado, pago y presentación sin necesidad de acudir a los centros gestores–.
