El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. Foto: EFEVALÈNCIA/MADRID (VP/EP). El director General de Tributos, Alberto García Valera, ha avanzado este miércoles que el Gobierno prevé aprobar seis decretos en diciembre, de ellos cuatro para desarrollar la Ley General Tributaria y otros dos para modificar y actualizar tributos directos e indirectos, lo que conllevará cambios en el IRPF, Sociedades o en la devolución del IVA del turismo de compras.
Durante su intervención en la conferencia 'Agenda Fiscal para España y Europa', organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), García ha señalado que la previsión de 200.963 millones de euros de recaudación para este año, con un alza del 7,9%, es "realizable", ya que "se está cumpliendo", gracias a que los comportamientos de las principales figuras tributarias están siendo "muy positivos".
En detalle, ha apuntado que los ingresos por IRPF crecen un 6,2% por el dinamismo del empleo, así como la recaudación del Impuesto de Sociedades (+7,6%), IVA (+9,2%) e Impuestos Especiales (+1,6%), en este último caso gracias al alza de la recaudación en hidrocarburos (+3,1%), electricidad (+2%) y alcohol (+9%), frente al retroceso del 2,9% en tabaco, debido al mantenimiento de las cifras de contrabando.
García ha señalado que España presenta una presión fiscal que ronda el 38%, por lo que es "relativamente baja" en el marco de la UE, y ha indicado que cada punto de crecimiento conlleva unos 4.000 millones de recaudación tributaria, por lo que este año se conseguirán unos ingresos aproximados de 12.000 millones gracias al crecimiento del 3,1% del PIB previsto, y sin necesidad de "tocar bases imponibles ni tipos de gravamen".
De esta forma, ha augurado que se alcanzará el objetivo de déficit del 3,1% del PIB para este año, ya que la evolución recaudatoria y la ejecución presupuestaria "lo va a permitir", e incluso alcanzar un 3%, con lo que España saldría del procedimiento de déficit excesivo.
Sobre las próximas medidas, ha explicado que se aprobarán cuatro decretos para desarrollar la Ley General Tributaria, con los que modificará el reglamento general de la liquidación de tributos, el de la recaudación y el reglamento sancionador tributario, de forma que se concretarán determinados aspectos para favorecer la concurrencia y una mayor transparencia las subastas en el BOE.
Asimismo, se establecerá la declaración informativa para sujetos que participen de la intermediación en relación al arrendamiento de bienes e inmuebles, para que la AEAT conozca dicha intermediación y quienes desarrollan la actividad, que deberá estar gravada con el impuesto de la Renta, o en su caso con Sociedades o con el IVA.
Junto a esto, espera publicar antes de que finalice el año otros dos decretos que recogerán modificaciones en el ámbito de la imposición directa e indirecta. En el primer caso, se contemplan modificaciones en el IRPF referidas a la sujeción o no al mismo de distintos cursos de capacitación en el sector sanitario cuando son prestados por terceros, así como en referencia a los vales de comida y al concepto de mínimo familiar y las personas que podrían formar parte de ellas.
Por otra parte, sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal), ha señalado que la sentencia del Tribunal Constitucional establece que el impuesto "es constitucional", pero fija que hay que anular determinados preceptos. Por ello, en los supuestos en los que haya ganancia "no procederá la tributación en ningún caso", pero "hay que establecer la mejor forma para hacerlo".
En esta línea, ha recordado que la sentencia del TC ha dado lugar a sucesivas reuniones entre Hacienda y la FEMP, y "parece" que hay que tener en cuenta los distintos momentos de compra y venta, por lo que espera que "haya frutos en un tiempo razonable".
El director general de Tributos se ha referido también a las próximas novedades en el ámbito de la UE y la OCDE. En cuanto al Impuesto de Sociedades ha explicado que España ha trasladado al ordenamiento jurídico español la mayor parte del plan BEPS, de lucha contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios.
Con la firma de la aplicación del instrumento multilateral el pasado mes de julio se conseguirá la actualización de un centenar de convenios de doble imposición suscritos con otros países, aunque dependerá también de que el resto de países se adhieran al mismo.
De igual forma, en 2018 se publicará la nueva lista de paraísos fiscales, introducida por la Ley de Contratos Públicos, una vez que la Unión Europea UE y la OCDE publiquen las suyas.
También se ha referido a la directiva europea para una base imponible común que podría reducir un 8% la carga fiscal e incrementar la inversión en Europa un 3,5,%, si bien ha matizado que dicha norma requiere unanimidad de todos los Estados miembros y, tras los intentos fallidos de 2011 y 2013, todavía se está "muy lejos" de alcanzarlo.
Ligado al mismo, se modificará la tributación de empresas que operan en el marco de la economía digital para asegurar una mayor tributación efectiva, y se plantea la reforma integral de las operaciones intracomunitarias. En concreto, si finalmente se acuerda, el sistema será nuevo para las operaciones B2B (comercio entre empresas), y podría generalizare para la totalidad de operaciones B2C (comercio entre empresa y consumidor final).
Igualmente, sobre la exención de tributos en las compras de internet desde fuera de la UE ha señalado que a día de hoy cualquier operación desde un Estado miembro está sujeta a IVA, pero cuando viene de cualquier otro país del mundo existe una exención del IVA hasta los 22 euros, lo que "da lugar a que existan fraudes", al evitar tributar por este tributo si se declara por un valor inferior a esos 22 euros.
La intención ahora es eliminar esa exención y que haya que tributar "desde el primer euro", en aras de conseguir "uniformidad" de trato respecto a los suministros de compras de internet realizados desde la UE.
Para el IVA hay dos nuevas propuestas de directivas referidas a seguir fomentando el desarrollo de las pymes en tecnología y favorecer su internacionalización, y sobre la libertad de los Estados miembros para establecer tipos.
En el ámbito procedimental, se ha referido a la propuesta de que los intermediarios fiscales presenten una declaración informativa a la AEAT en el plazo de cinco días tras asesorar a su clientes con instrumentos de planificación agresiva. Para ello, se ha procedido a determinar el concepto de intermediarios fiscales (abogados, asesores fiscales, contables y bancos) y de planificación fiscal agresiva, lo que puede chocar con el derecho de secreto profesional.
En el ámbito de Sociedades se aprobará una modificación en materia de la declaración de información país por país para adaptarla a las necesidades y planteamientos que señala la OCDE.
En cuanto a la imposición indirecta, Hacienda prevé aprobar una modificación relativa al fomento del comercio de compras para facilitar que los viajeros puedan obtener una mejor devolución del IVA satisfecho, así como otra referida al cumplimiento de una sentencia judicial respecto al IVA de los territorios forales.
En materia de Impuestos Especiales, se aprobará, en términos similares a los del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, la obligación de que los sujetos pasivos tengan que presentar sus libros a través del portal electrónico de la AEAT, en línea con lo que sucede ya con las declaraciones.
De esta forma, se modernizará y extenderá el sistema EMCS de control informático que permite a la AEAT obtener información en tiempo real sobre los movimientos de productos sujetos a impuestos especiales, al tiempo que se otorgará una mayor seguridad jurídica a los distribuidores de hoja de tabaco.
