Hacienda rastreará cambios de domicilio para cazar a defraudadores en Patrimonio y Sucesiones 

VALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda no quiere perder ni un euro como consecuencia del 'dumping fiscal', la competencia desleal que ejercen algunos gobiernos regionales para atraer contribuyentes de otras comunidades, sobre todo los de mayor patrimonio. Con ese propósito, el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) ha lanzado un plan para evitar que grandes contribuyentes de la Comunitat se muden a otras regiones para reducir su factura fiscal en impuestos como el de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.

Según explican fuentes del departamento que dirige Vicent Soler, el objetivo último es impedir que patrimonios, herencias o donaciones que tienen que declararse en la Comunitat tributen fuera, particularmente en la Comunidad de Madrid, la región con la menor presión fiscal en España al ser la única que mantiene bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio.

Para ello, el departamento de Inspección del IVAT  y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) cruzarán sus respectivas bases de datos sobre el pago del impuesto de Patrimonio y los datos sobre cambios de domicilio fiscal para cazar a posibles infractores. Si por ejemplo se detecta que tras un cambio de domicilio fiscal se produce un aumento sustancial en el patrimonio del contribuyente como consecuencia de una herencia o donación, el IVAT iniciará una investigación.

El lanzamiento de esta campaña para perseguir posibles fraudes por cambio de domicilio aprovechando la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre algunos impuestos se produce tras la entrada en vigor de los cambios en la tributación de Sucesiones y Donaciones aprobados por el Consell para 2017, que para algunos contribuyentes implican tener que pagar más por recibir una herencia o una donación. De hecho, muchos las adelantaron antes de que finalizase 2016 para ahorrarse los gastos adicionales por la reducción de las bonificaciones.

En concreto, desde enero de este año la bonificación del impuesto de Sucesiones, el que se paga al recibir una herencia, se ha reducido del 75% al 50% para herederos del grupo II –cónyuge, descendientes, ascendientes y adoptados de 21 o más años–. En el caso de Donaciones, el importe máximo de patrimonio preexistente para poder aplicar la reducción por parentesco se redujo de 2 millones a 600.000 euros.

Además, la reducción del 95% por transmisión de participaciones empresariales quedó limitada exclusivamente a empresas de menos de 10 millones de euros de facturación, aunque las mercantiles pueden elegir acogerse a la reducción prevista en la ley estatal, que es del 95%. Por último, se eliminó por completo la bonificación del 75% en la cuota del impuesto. 

Por el contrario, las bonificaciones que la Comunidad de Madrid mantiene en Sucesiones hacen que las cantidades a pagar a la hora de liquidar sean simbólicas, mientras que en Donaciones se mantiene una bonificación del 99%. Las diferencias con la situación vigente en la Comunitat son sustanciales y pueden suponer varios miles de euros de diferencia a pagar para un mismo patrimonio según se liquide en una u otra comunidad.

Las modificaciones introducidas por la Conselleria de Hacienda para 2017 se sumaron a las aprobadas el año anterior para el impuesto de Patrimonio mediante la cual se redujo el mínimo exento de 700.000 y 600.000 euros y se revisó la escala para captar 29 millones de euros adicionales.

A juicio de la secretaria autonómica de Hacienda y máxima responsable del IVAT, Clara Ferrando, los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones y están al corriente en el pago de sus tributos "no pueden tener la sensación de que quien defrauda queda impune". "Por eso desde el Consell estamos sacando a la luz todas las zonas oscuras que eran más propicias para la evasión fiscal", añade Ferrando.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el presidente de la Generlitat, Ximo Puig, han denunciado en repetidas ocasiones durante los últimos meses las distorsiones que se dan en el sistema porque el uso que comunidades como Madrid hacen de su capacidad normativa sobre impuestos como el de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones genera una situación de "dumping fiscal".

Tan es así que Puig ha intercambiado acusaciones con su homóloga en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y ha solicitado que esa suerte de competencia que existe entre comunidades se aborde dentro del debate para la reforma del sistema de financiación.

Tercera campaña

Con este nuevo plan ya son tres las campañas de prevención y detección del fraude lanzadas por la Generalitat mediante el cruce de bases de datos con la AEAT, algo que nunca e había hecho antes. Las dos anteriores tenían como objetivo localizar fraudes en las liquidaciones del Impuesto de Patrimonio y destapar operaciones no escrituradas, explica Clara Ferrando.

En el último año las declaraciones del impuesto sobre el Patrimonio han aumentado un 6,2% (1.182 más), al pasar de 19.050 declaraciones en 2015 a 20.232 declaraciones realizadas en 2016. Los técnicos de Hacienda atribuyen este incremento al efecto inducido de las campañas antifraude llevadas a cabo por el IVAT que han motivado que numerosos contribuyentes hayan acudido voluntariamente a presentar las autoliquidaciones.

La primera de estas campañas, el Plan de Actuaciones sobre Protocolos no autoliquidados (PAPNA), empezó las inspecciones sobre expediente del tercer trimestre de 2012, dado que los delitos fiscales prescriben a los cuatro años. En el primer cruce de datos entre la Administración y las notarías realizado sobre esos tres meses se detectaron 551 evasores fiscales y se afloraron 2,12 millones de euros. Posteriormente se ha seguido rastreando defraudadores desde 2013 en adelante.