Clara Ferrando, secretaria autonómica de Hacienda. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La campaña de requerimientos masivos contra el fraude en el impuesto de Patrimonio que ha llevado a cabo la Conselleria de Hacienda se ha saldado con la identificación de un total de 539 defraudadores que han tenido que abonar 2,12 millones a la Generalitat al aflorar ésta los bienes patrimoniales que estos contribuyentes no habían declarado.
Según ha destacado el Consell, es la primera vez en la historia de la Generalitat que se realiza una iniciativa de este tipo, acordada el pasado mes de enero en el Seminari de Govern-Hivern 2016 de Morella.
La Generalitat ha requerido a estos defraudadores los pagos y, en los casos en que estos no han procedido a realizar de forma voluntaria la autoliquidación de sus bienes, ha sido la propia administración tributaria valenciana la que la ha practicado.
A la cantidad que se ha ingresado ya (2,12 millones), habrá que sumar las correspondientes multas, cuya cantidad se determinará cuando finalicen los procedimientos sancionadores, así como las liquidaciones de los intereses de demora que se generen, detalla el Consell.
El Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) ha realizado una "ardua labor de investigación" al cruzar los datos de los declarantes del Impuesto de Patrimonio en 2007 -último ejercicio anterior a la bonificación introducida por el anterior ejecutivo del PP- con los de los declarantes de 2012.
Con los resultados obtenidos empezó "un minucioso trabajo, individualizado y manual", para supervisar uno a uno todos los casos y eliminar aquellos correspondientes a contribuyentes que fallecieron, cambiaron su residencia fiscal a otra comunidad autónoma o sufrieron una importante merma en su patrimonio. Como resultado de esta labor, se consiguió identificar a 1.800 potenciales defraudadores.
De éstos, se seleccionaron únicamente aquellos cuyas procesos correspondían a 2012, y que suponían un total de 707 casos, dejando el resto para actuaciones posteriores.
A partir de aquí vuelve a empezar una purga manual, en este caso para identificar posibles errores de forma, por ejemplo en el NIF, casos en los que exista una incompetencia territorial, insuficiencia de cuota, etc. El resultado fue que se pudieron iniciar acciones contra 539 contribuyentes de un total de 707, lo que supone un 76,24% de eficiencia.
